Nuestra Legislatura se llena la boca condenando airosa a la delincuencia ordinaria pero trata con demasiada consideración a los funcionarios-delincuentes.  

El jueves por la tarde, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado sostuvieron una reunión con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, el fiscal anticorrupción, Jorge Vera Noyola, y la auditora superior del Estado, Rocío Cervantes Salgado. 

El motivo del encuentro fue presentar los avances en las investigaciones de las denuncias en contra de funcionarios públicos, 303 en total, entre ellas las que involucran a diputados de la pasada legislatura, al ex auditor José de Jesús Martínez Loredo y varios ex colaboradores de éste en la Auditoría Superior del Estado. 

En una primera parte, se presentó en proyector parte de la información, a puerta cerrada por decisión de los diputados, supuestamente para no vulnerar los derechos ni la buena fama de los ex funcionarios indiciados en casos como “La Ecuación Corrupta”, el hackeo a las cuentas de la ASE, la “nómina maestra” de la Auditoría, el cheque de “la fiesta fantasma” por 600 mil y la sustracción fraudulenta de recursos para “ayudas” a civiles que nunca se realizaron. 

Una vez ingresada prensa, la presidenta de la Comisión, Marite Hernández Correa, cortó con un receso de cinco minutos e hizo una muy atenta invitación a abandonar la sala. Como la prensa no se fue, el informe se quebró hacia la criminalidad que no ostenta cargo político ni milita en partido alguno. 

La sesión se volvió un extraño pantone de grisuras silentes por parte de los diputados presentes del PRI y el PAN y achichincles que acompañaban; el único que no se cortó y siguió hablando fue el Verde Edgardo Hernández. Conclusión: nuestro Poder Legislativo se llena la boca con el combate a la delincuencia ordinaria, pero se enconcha en una prudencia digna de mejor causa a la hora de ventilar las raterías de funcionarios públicos, del partido que fueren, una delicadeza y una consideración que ya tiene hartos a los ciudadanos. 

Con tanto cochinero pendiente de resolver, la morenista Hernández Correa solicitó un cronograma de todos los casos para darles un mejor seguimiento. 

De lo rescatable, una confesión penosa del fiscal Garza: trabaja con el mismo número de agentes del Ministerio Público que recibió cuando llegó y “hay gente reticente a participar en el nuevo sistema” de justicia. Han tratado de recolocar a ese personal en tareas de apoyo porque no hay forma de convencerlos de integrarse al nuevo esquema. “No entran al litigio porque les causa zozobra participar en un juicio, los inhibe manejar los nuevos conceptos”, expresó con una sinceridad para desarmar al más optimista del modelo adversarial.

Sin más preguntas, la sesión se dio por terminada. La Fiscalía se encargaría de reseñar que tiene a 49 ex funcionarios vinculados a proceso y entre ellos hay de todo: ex diputados, ex ediles, ex funcionarios municipales, ex funcionarios de la Auditoría Superior y a un particular.

Una cosa se advierte: van muy lentos. A las cuentas 2017 se les sumarán en unos meses las de 2018 y el rezago entrará a caballo. La acumulación favorece el olvido y la cauta Comisión de Vigilancia acabará como todas: una colección de floreros para cumplir la forma y las apariencias, pero inútiles en la aplicación de la ley a quienes afectan recursos públicos.

“DETRÁS DE MI, EL MUGRERO”

Las normas de vigilancia al uso de recursos públicos empiezan por no cumplirse en los órganos encargados de esta tarea. Ahí están el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo y sus colaboradores, que se fueron de la Auditoría Superior del Estado sin cumplir ni siquiera con la entrega-recepción.

La sucesora en la ASE, Rocío Cervantes Salgado, reportó 26 puntos de observaciones por la entrega recepción. Puro pendientes de explicar. De inicio, hicieron perdedizos alrededor de 40 expedientes de ex presidentes municipales, ex funcionarios de ayuntamientos, directivos del Inmuvi de Valles y de Soledad, personal del Interapas, ex síndicos, pliegos de observaciones y oficios de varios municipios, así como un buen número de expedientes incompletos. 

El reporte de la auditora enlista una serie de muebles faltantes, entre sillas, escritorios, repisas, mamparas, archiveros, un teclado, un mouse y un CPU. 

Reportó también la conciliación de cuentas a las que se hicieron “depósitos no identificados” por más de 120 mil pesos y además no le entregaron tokens de acceso digital a tres cuentas bancarias en Banorte. Quedó inexplicado también el faltante de más de un millón de pesos sustraído de una cuenta de la ASE con otras cantidades. Y también la justificación de la injustificable nómina “especial” que manejaba sin controles el hermano del ex diputado Manuel Barrera, José Fernando Barrera Guillén. 

Halló adeudos por diversas cantidades, supuestamente pagos atrasados, el saldo de la Nómina Discrecional, el cheque para la fiesta fantasma, así como varios empleados. 

Martínez Loredo renunció cuando el tiradero se le salió de márgenes y no fue ni para barrerle por encima antes de abandonar la escena. 

EL RASTRO. Para saber cómo es que dos asesores del Congreso gozan de aumentos salariales no documentados, recomiendan establecer un rastreo de procedimientos que acabará apuntado a la forma chabacana de hacer las cosas en el Legislativo. Hay que recordar que en días pasados la Fiscalía solicitó al Congreso los contratos de los dos funcionarios señalados, Eduardo González Sierra y Guillermo Balderas Reyes.

NO DE INMEDIATO. Sucede que es la dirección de Finanzas del Congreso la que tiene la clave para subir a la gente en la nómina. Hay desfases entre el momento en que la Junta de Coordinación Política toma un acuerdo para contratar o aumentar sueldos, y la ejecución de esta decisión. Incorporan al contratado de inmediato, a fin que la papelería la llenan después.  

 QUE NO SE ACUERDAN. Supuestamente sí hubo un acuerdo para contratar y aumentar el sueldo de los asesores González y Balderas, pero no así corrió la formalidad. El contralor interno tampoco actuó como debiera pidiendo los contratos de manera inmediata. Y que así hay muchos más por la urgencia política de meter recomendados de todos los diputados: los ponen en la nómina sin el debido papeleo. Puede que sea por ahí que salven los aumentos de González Sierra y Balderas Reyes que marcó Ciudadanos Observando. 

ELECCIONES INTERNAS. La elección en el PRI para elegir presidente nacional reveló la triste dimensión en la que se encuentra el priismo, sin cabeza y sin estrategia. Las pocas fuerzas notables fueron de los priismos municipales y regionales de alcaldes y liderazgos hegemónicos. Y se hicieron notar no porque les interesara Alito, el candidato ganador, sino porque ellos sí están trabajando sus boletos para mantener sus dominios políticos muy localizados. 

NADA QUÉ HACER. Quién sabe en qué estén pensando los directivos priistas, pero muy poca expectativa genera el retrato que arrojaron sus precarias urnas del pasado fin de semana. Sólo apuntan a una cosa: el PRI en San Luis perdió el futuro. 

SIGUE EL PAN. Ayer, por dos a uno, el Tribunal Electoral del Estado resolvió favorecer las quejas de Cruz Paulín porque se le impidió participar para dirigir el Comité Municipal azul en Soledad, pues no demostró pagar sus cuotas cuando se inscribió. 

A PELEAR. Y vienen las batallas por las consejerías nacionales y estatales, posiciones que van perfilando a militantes interesados ir construyendo en el partido para busca candidaturas. 

¿SE NATURALIZA? Achacan al diputado Mauricio Ramírez Konishi la adquisición de un domicilio en el centro de Villa de Reyes. Que para los efectos que haya necesidad. 

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