Tras la firma del Convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, anunció que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), serán las instituciones encargadas de realizar el Estudio Previo Justificativo (EPJ) para la declaratoria como Área Natural Protegida federal (ANP) de la Sierra de San Miguelito.

El mandatario estatal, destacó que el objetivo de estos esfuerzos interinstitucionales es heredar a las próximas generaciones un patrimonio ecológico y sustentable, por lo que agradeció al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la voluntad para concretar la declaratoria ANP para la Sierra de San Miguelito, ya que representa uno de los emblemas naturales más importantes de las y los potosinos.

Carreras López, recordó que solicitó públicamente al jefe del Ejecutivo nacional la protección y preservación de este espacio, mismo que esta administración declaró como Área Natural Protegida estatal 12 mil 600 hectáreas en 2018, que podrían ser integradas al Estudio Previo que realizará la UNAM y la UASLP.

El Estudio Justificativo comprende el inicio de los trabajos de campo (botánico, herpetólogo, ornitólogo, mastozoólogo y geógrafo), que tendrán una duración de 10 meses, lo que permitirá determinar el área prioritaria de la declaratoria.

Además, este estudio pone a consulta cualquier opinión, sugerencia, revisión e incorporación de la sociedad con mesas de trabajo en cada una de las localidades, ejidos y municipios.

Agregó que el incendio ocurrido entre abril y mayo pasado, logró concientizar a la sociedad sobre la importancia de proteger el patrimonio natural del estado y país.

Una vez concluido, arrancará el procedimiento interno de CONANP, que integra la evaluación del Estudio Previo Justificativo, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, consulta, mesas de trabajo, solicitud de opinión, proyecto de decreto, aprobación y –en su caso-, firma de decreto presidencial, proceso que podría durar hasta 24 meses.

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