Familiares de la persona que falleció por abuso de policías municipales, solicitan que se cumpla con el pago estipulado

Los presidentes de las comisiones de Gobernación, diputado Mauricio Ramírez Konishi y de Justicia, diputado Rubén Guajardo Barrera, atendieron a ciudadanos de Villa de Reyes que exigen que el ayuntamiento cumpla la sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que lo obliga a indemnizar a familiares de una persona que falleció por abuso de autoridad de policías municipales.

Los legisladores buscarán entablar un diálogo con la presidenta municipal DE Villa de Reyes, Erika Briones para revisar la posibilidad de firmar un convenio, que garantice el pago de alrededor de 2.5 millones de pesos a los familiares de la víctima, como lo señala la sentencia de la autoridad jurisdiccional emitida en su momento.

El abuso de autoridad que le costó la vida a una persona ocurrió hace cinco años, de tal manera que a raíz de la sentencia de la TEJA, la anterior administración municipal hizo un pago de 200 mil pesos y la actual también ya emitió diversos depósitos, sin embargo, las sumas han sido insuficientes y eso orilló a que se notificara al Congreso del Estado del incumplimiento de la autoridad y se le instruye que actúe en consecuencia.

El diputado Mauricio Ramírez Konishi señaló que antes de proceder a integrar una comisión jurisdiccional para llevar a cabo un juicio político contra la autoridad municipal, se van a agotar las etapas de conciliación a fin de que se cumpla con el pago y las personas reciban el recurso que tienen a su favor, como lo han dictaminado los tribunales.

“Nosotros tenemos la obligación política de buscar el diálogo antes de ir a un juicio político, la salida política es menos complicada que un proceso largo que solamente retardará el pago a las víctimas pero de no lograrse este acuerdo, entonces el Poder Legislativo deberá actuar conforme al marco legal”, expuso. Se dejó en claro en la reunión que el Congreso del Estado no tiene responsabilidad legal en este asunto ni la obligación de pagar la indemnización, ya que ese es un asunto entre el ayuntamiento y los familiares de la víctima, pero sí buscará la intervención para que haya una solución en la que estén de acuerdo ambas partes.

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