Uno de los puntos preocupantes para los investigadores de la Universidad de las Américas Puebla es “la precaria situación en materia de derechos humanos”.
México es uno de los países con mayores índices de impunidad, según un informe hecho público por la Universidad de las Américas Puebla. El documento analiza variables de 69 países de todo el mundo como el porcentaje de policías por cada cien mil habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos.
Según los análisis de los investigadores, México ocupa el décimo puesto en índice de impunidad. Por encima: Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbayán, Paraguay, Guyana, Nepal y Kirguistán.
“El caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad y que la variación en su posición, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos”, aclara el informe.
En el índice de 2017 México era el país que encabezaba la lista de impunidad en la región, sin embargo, este año ha sido superado por Honduras. “Sin embargo, esto no significa que observemos una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el caso mexicano”, dice el informe.
México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020. Hace tres años, ocupó el 66 de 69, mientras que hace cinco, el lugar 58 de 59. Sin embargo, el país sí que está entre los más castigados de la región a causa de la impunidad. Solo Honduras y Paraguay le superan, mientras que por detrás tiene a Guatemala, Perú, Ecuador, Chile y Colombia.
Por último, el informe observa con preocupación “la tendencia a un populismo punitivo que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como el camino para reducir la impunidad”.
“Enfrentar los muy altos 15 niveles de impunidad para el caso mexicano pasa, necesariamente, por mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad, así como brindar una protección más efectiva a los derechos humanos. Apostar por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, por el contrario, reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable”, indica el informe.
