La FGR obtuvo de un juez dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Zerón por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado.
Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, enfrenta nuevos cargos. Además de tortura y desaparición forzada, la Fiscalía General de la República (FGR) persigue a Zerón por el presunto desvío de mil 102 millones de pesos mediante tres contrataciones supuestamente “amañadas” para la adquisición de equipo de espionaje, entre 2013 y 2014.
La FGR obtuvo de un juez dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Zerón –quien estaría prófugo en Israel, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador– por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado. El exdirector de la AIC ya cuenta con una orden de captura previa y una ficha roja de la Interpol por presuntos actos de tortura y por “sembrar” evidencia en la investigación del caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014.
La FGR señala como cómplices del presunto robo millonario a otros tres altos exfuncionarios de la PGR, que entonces era encabezada por Jesús Murillo Karam: Judith Aracely Gómez Molano, quien era la Oficial Mayor de la dependencia; Vidal Diazleal Ochoa, exdirector de la Policía Federal Ministerial de la AIC, y el capitán César Gustavo Ramírez Torralba, extitular del Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las dos nuevas órdenes de captura fueron concedidas en octubre por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente. Los otros tres supuestos cómplices ya fueron citados a una audiencia inicial de vinculación a proceso que tendrá lugar en febrero del próximo año.
La exoficial mayor Gómez Molano ya ha estado sujeta a otros procesos judiciales por mal ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Murillo Karam, de quien ha sido cercana colaboradora durante años. En febrero pasado, la exfuncionaria fue vinculada a proceso por la compra injustificada y sobreprecio de un avión de 19.6 millones de dólares que fue utilizado para goce personal del exprocurador.
Por su parte, Diazleal Ochoa trabajó junto con Zerón en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) que dirigía Genaro García Luna, el primero como director de Seguimiento Operativo y el segundo como coordinador de Control Policial. Diazleal Ochoa ingresó a la PGR en 2011, cuando la Procuradora era Marisela Morales, y permaneció en la institución durante todo el peñismo y en el primer año de la actual Administración, hasta diciembre de 2019, cuando fue relevado.
El pasado 26 de septiembre, durante un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aludió al presunto desvío de Zerón y dijo que se trató de un pago al exfuncionario por contribuir a crear la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La investigación indica que los recursos públicos presuntamente desviados por el extitular de la AIC pertenecen a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que suele ser utilizada como caja chica para cubrir la manutención de testigos protegidos o para investigaciones de agentes encubiertos, gracias a que sus reglas de uso son laxas y permiten no comprobar gastos y, así, mantener el sigilo de las operaciones.
La segunda orden de aprehensión contra Zerón es por el pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited para la adquisición de sistemas y equipos para la intercepción de comunicaciones. El pago se realizó a una cuenta en Suiza, según la investigación y la empresa tiene su domicilio fiscal en Gibraltar.
La FGR presume que los tres contratos son irregulares porque no fueron solicitados por ninguna unidad administrativa de la institución; además, no hubo estudios de mercado que justificaran la elección de cada proveedor ni que se garantizaran las mejores condiciones para el Estado.
