El gasto federalizado concentró, nuevamente, la mayoría de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la cuenta pública 2019. Pero de todos las entidades, Jalisco acumuló la mayoría de las posibles anomalías.
Las observaciones a entidades superaron los 28 mil millones de pesos, de esa suma, el gobierno que encabeza Enrique Alfaro acumuló el 37% de esos recursos, un total de 10 mil 812 millones 33 mil 900 pesos que deberá justificar ante la ASF, porque no justificó, hasta ahora, su uso.
Por ejemplo, los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el gobierno jalisciense recibió del ejercicio fiscal 2019 un total de 19 mil 313 millones 161 mil pesos, de este monto “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos del fondo, ya que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y realizó pagos improcedentes con los recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 42 millones 945 mil 700 pesos”. Esto generó una promoción de responsabilidad hacia funcionarios.
En el caso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se transfirieron al gobierno del estado 222 millones 706 mil 200 pesos, de los que auditó el organismo el 70 por ciento. La ASF detectó recursos por aclarar por pagos en exceso en una obra, otros por obra no ejecutados y por no aplicar penas convencionales en dos obras por atraso en los programas generales de ejecución de los trabajos y no haber respondido por los defectos y vicios ocultos que resultaron de una obra. Aunque el gobierno resarció varias de las observaciones, aún quedan pendientes por aclarar 664 mil pesos. Se generaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones contra funcionarios del gobierno de Jalisco.
En cuanto los recursos transferidos en 2019 por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas en el gobierno de Jalisco, fueron por más de 42 mil millones de pesos, de la revisión de la Auditoría también incurrió en “inobservancias de la normativa” por pagos realizados en exceso de acuerdo con el tabulador de sueldos autorizado. El resultado planteó que deberán aclarar 4 mil 503 millones 967 mil 200 pesos “por otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales”. La ASF emitió una recomendación y dos solicitudes de aclaración.
De acuerdo a la revisión del órgano auditor, en los anteriores programas y en cinco más, se encontraron anomalías que sólo por la intervención de la ASF solventó el gobierno de Alfaro.
Por ejemplo, en el caso del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), el gobierno de Jalisco recibió 298 millones 134 mil 800 pesos, aunque corrigió las “inobservancias de la normativa”, reintegró de manera extemporánea a la Tesorería los recursos del programa y los rendimientos financieros generados, retuvo y enteró el ISR por el pago de apoyos económicos otorgados a personal directivo, docente, de apoyo y coordinadores escolares en contravención de la normativa”.
Los otros programas en lo que ocurrió un patrón similar, falta de cumplimiento de las normas y por tanto ineficiencia, fueron el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en el de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
La Auditoría explicó, por ejemplo, que verificó la coordinación y control de la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos, y encontró que la Secretaría de la Hacienda Pública del estado “no dispuso de normativa, diagramas o manuales de organización”. No hay mecanismos para evaluar objetivos, ni “documentación contable, financiera o memorias de cálculo que sustenten los valores registrados en los módulos del ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores de desempeño”; ni siquiera evaluaciones a los recursos, ni “un programa de capacitación, plan de trabajo o similar, con acciones y directrices encaminadas al fortalecimiento de las capacidades en materia de registros e informes en el sistema”. Por ello la Auditaría emitió seis recomendaciones.
La auditoría identificó que el Congreso del Estado de Jalisco “incurrió en inobservancias de la normativa, por concepto de la asignación de recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, superior al límite establecido en la normativa; asimismo, no verificaron que las cifras presentadas en el Balance Presupuestario-Ley de Disciplina Financiera coincidieran contra el Estado Analítico de Ingresos Detallado-Ley de Disciplina Financiera y no incluyeron en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, en una sección específica, las erogaciones correspondientes a la partida de servicios personales”.
Al igual que el gobierno del estado, el Congreso resolvió estas observaciones a partir de la intervención de la Auditoría.
En el informe de la ASF encontró también observaciones en los gobiernos municipales de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en los programas de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, y de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales.
Zapopan debe aclarar un millón 574 mil 992 pesos por irregularidades detectadas en su manejo; y San Pedro Tlaquepaque deberá aclarar 24 millones de pesos por transferir a cuentas bancarias de forma irregular los recursos, “sin contar con la documentación comprobatoria”, además se hicieron pagos y adquisiciones irregulares, por lo que deberá aclarar 24 millones 238 mil 512 mil pesos.
