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Razones para validar la acusación de la FGR sobre posibles sobornos ordenados por Peña Nieto y Videgaray

Al validar la hipótesis de una asociación delictiva entre altos exfuncionarios y exlegisladores, el juez expuso que el caso ya no se sustenta solo en la declaración de Lozoya, sino en 37 datos de prueba. Especialistas consideran que debe actuarse contra el resto de los implicados.

En abril un juez federal validó, por primera vez, la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, cuya finalidad fue sobornar con casi 100 millones de pesos a un grupo de legisladores para aprobar la reforma energética.

Aunque los abogados de Lavalle acusaron que la denuncia de Lozoya eran los dichos de un presunto delincuente en los que no se podía sustentar una acusación tan grave, el juez consideró que se trata de un testimonio importante, que no es aislado, y que fue corroborado con pruebas que le dan credibilidad al menos de forma inicial.

Otro punto que expusieron los defensores de Lavalle en la audiencia (y que ha sido expresado también fuera de ella) es que lo que diga Lozoya carece de credibilidad dado que se trata de un presunto delincuente confeso, que lo que busca es obtener un beneficio para evitar la prisión.

El juez, sin embargo, consideró que el razonamiento es justo al revés: la situación de Lozoya fortalece su versión. Esto ya que la ley contempla claramente que un probable responsable que busca un criterio de oportunidad debe aportar información verídica y eficaz para lograr ese beneficio.

“El principal interesado en que se comunique información veraz en ese criterio de oportunidad es el propio Lozoya pues, de no hacerlo, no obtendrá ningún beneficio. Más aún, si se corrobora que proporciona información falsa complicaría aun más su situación jurídica”, apuntó le juez.

De acuerdo con la FGR, los pagos por más de 97 millones de pesos a legisladores se hicieron en quince entregas distintas entre abril de 2013 y agosto de 2014. Los defensores argumentaron en la audiencia que la reforma energética se aprobó en diciembre de 2013, por lo que los pagos posteriores a esa fecha no tienen sentido.

Pero en opinión del juez Fuerte Tapia esto es irrelevante, ya que la lógica de un negocio ilícito no es la lógica de una actividad ilegal ni sigue las reglas de mercado. Ello sumado a que aun cuando la reforma se aprobó a finales de 2013, en 2014 continuó la expedición de normas secundarias.

En la audiencia la defensa de Lavalle argumentó que la Fiscalía no había probado alguna relación entre Lavalle con Videgaray. Sin embargo, el juez argumentó que no es así pues sostuvo que tanto las declaraciones como el modus operandi empleado para desplazar los recursos sí relacionan a los implicados en esta asociación delictiva.

“Al estar ya detectada y acreditada la existencia posible de una organización estructurada y destinada para realizar hechos ilícitos, y toda vez que en el nuevo sistema acusatorio el estándar de prueba se ha reducido, al existir ya alguna persona imputada por los hechos, es consecuencia lógica y necesaria que los demás integrantes de esa estructura también sean judicializados” indicó.

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