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La Cábala

El gueto irresoluble

El ambicioso desarrollo habitacional con aire aspiracional de Ciudad Satélite es en realidad un gueto que heredará la próxima administración.

El 18 de abril de 2007, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda autorizó una modalidad especial de ejecución del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) dispersara recursos por 100 millones de pesos al Instituto Estatal de Vivienda de San Luis Potosí para la construcción de un desarrollo habitacional en Ciudad Satélite. El proyecto de esos fondos era un máximo de 3,333 unidades y un mínimo de 2,500 construidas y entregadas. 

El Invies debería emitir recibo certificado del subsidio y un certificado definitivo contra la otorgación del crédito. La diferencia entre el monto dispersado y el subsidio, sería devuelta por el Instituto tomando en cuenta que debería haber beneficiarios acreditados a los 5 meses de dispersión y sin ir más allá del 15 de noviembre de 2007.

El 3 de julio de 2007 el convenio Invies-Conavi , en el cual se establecieron una serie de obligaciones, entre ellas que la devolución de recursos con acreditación de beneficiados no debería exceder del 15 de diciembre de 2007. Se supone también que Invies tendría un padrón de beneficiarios de esas viviendas equivalente al 150% de ese primer desarrollo (unos 5,000 posibles beneficiarios) respecto de las casas que contara el desarrollo.

El gobierno marcelista recibió el recurso convenido para lo que se había anunciado como un gran proyecto de vivienda intensiva accesible, un sueño en una ciudad de suelo caro y mucha especulación. Pasó el 15 de diciembre del plazo establecido para cumplir el acuerdo y al Invies no le quedó más que admitir que estaba materialmente imposibilitado para evidenciar la aplicación en viviendas de ese subsidio federal, es más, ni se había construido siquiera.

La explicación que se dio es que la edificación de las viviendas se encuentra supeditada a actos administrativos municipales, tales como el otorgamiento de claves catastrales, alineamiento y número oficial, licencia de uso de suelo y licencia de construcción, pero algo pasaba con la Dirección de Administración y Desarrollo del Municipio de San Luis Potosí, porque no se podría iniciar la edificación de viviendas.

Conavi concedió una prórroga y el 10 de enero de 2008 se firmó un convenio modificatorio, con fecha al 31 de diciembre de ese año para cumplir el proyecto, individualizar con los beneficiarios de viviendas y hacer la devolución del recurso. Es más, Conavi les dio chance de verificar la devolución en especie, mediante cesión de derechos sobre inmuebles ubicados en el propio megaproyecto, siempre y cuando tuvieran el valor de los subsidios.  La modificación se vino abajo porque no tuvieron el consentimiento de una parte original de todo esto, la Sociedad Hipotecaria Federal. Igual, muy lejos la construcción del primer paquete de viviendas.

Le cambiaron a la fórmula e Invies firmó el 18 de septiembre de 2008 un convenio de concertación con la empresa CYD Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., constructora del entonces poderoso grupo de vivienda intensiva Urbi, para acometer el desarrollo.

El Invies se comprometía a entregar instalaciones de agua, luz, drenaje y accesos para que Urbi construyera por lo menos 4,200 viviendas con el esquema de subsidios “Esta es tu casa”, y por lo menos 2,000 viviendas de interés social. Las primeras 2 mil viviendas tendrán que estar listas el 15 de septiembre de 2009. Al 26 de septiembre de ese año, fecha de cambio de administración estatal, CYD Desarrollos Inmbiliarios edificó 1,256 viviendas por la empresa CYD, Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. (URBI).

También se formalizó el fideicomiso 170074082, con varios desarrolladores locales involucrados en el compromiso de hacer casas.

Algo no caminó bien y el 22 de septiembre de 2009, CYD Desarrollos Urbanos y el Invies estaban formando una modificación para recorrer las entregas de las viviendas en las etapas 2 y 3 hasta el 30 de abril de 2010. La modificación la firmaba el Invies de Marcelo de los Santos, pero el plazo se trasladaba a la administración de su sucesor, Fernando Toranzo Fernández.

Para el 4 de junio de 2010, el Invies de Toranzo firma nuevamente una modificación al convenio con CYD. Se ampliaron los plazos de entrega de las redes de agua potable, drenaje y electricidad a lo que se comprometió el Invies.

En cuanto al fideicomiso número 170074082, lo firman el 19 de septiembre de 2008 el Instituto de Vivienda del Estado de San Luís Potosí (Invies), como Fiduciario el Banco  Scotiabank Inverlat y CYD Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. 

 Por defectos que dejaban vulnerable al Invies, el fideicomiso con CYD entra en duda en el gobierno de Toranzo. Se recomienda extinguirlo, aun enfrentando posibles demandas de Urbi. La desarrolladora incumplió en plazo la construcción de mil 600 casas, pero no se iba a dejar quitar el negocio. Hay además que recomponer el compromiso de pago con Conavi, que ya va en ruta de demanda.

Es la crisis del ladrillo en 2008 y el esquema de negocio de Urbi para sus inmobiliarios (Renta con Opción a Compra) entra en crisis con otras hipotecarias tóxicas y el Deutsche Bank le reclama 60 millones de pesos. Sus fraccionamientos colapsan porque no entrega la infraestructura comprometida. El tiro de gracia para estas desarrolladoras monstruosas como Urbi vendría después con el cambio de ruta en apoyo federal: con Enrique Peña Nieto, se deja de impulsar la construcción habitacional intensiva lejos de las zonas urbanas, guetos a corto plazo, y se promueve el crédito de interés social para vivienda vertical. 

Invies atendería otro fideicomiso para tratar de sacar adelante los compromisos, el 10146, éste con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi, hoy Banco del Bienestar). Bansefi como Fideicomitente “A”, recibe de Invies los recursos líquidos de todas las operaciones –entre anticipos, enganches, ventas de terrenos, subsidios y pagos definitivos de inmuebles en Ciudad Satélite- en una cuenta abierta en Banco Interacciones (presidente del Comité Técnico de Ciudad Satélite). El fiduciario hace los cargos al patrimonio reunido en esa cuenta para el pago a proveedores, constructores o prestadores de servicios y Banco Interacciones libera los recursos para desarrolladores locales, como crédito para Gobierno en lo que recupera la inversión con la asignación de vivienda a los beneficiados. 

Invies incumple las aportaciones y se entrampa en una desgastante lucha por el control del fideicomiso 10146. Se les debía a los constructores de la infraestructura para las macromanzanas. Bansefi termina por exigir “la revocación del cargo como depositario del titular del Invies.

La estafeta del gran proyecto inmobiliario pasó a la administración de Carreras sin muchas luces. Había viviendas y habitantes, pero no transporte oportuno y fluido, recolección de basura, vigilancia ni buenos servicios.

Con el gobierno de López Obrador, los fideicomisos desaparecieron, incluido el 10146, como nos lo confirmaron en petición de transparencia. Quedó en ceros, pero no por eso Ciudad Satélite es mejor. Por el contrario, el gran proyecto inmobiliario es un gueto de viviendas soezmente pequeñas, con calles mal iluminadas y sin transporte rápido. Tres sexenios y sin arreglo posible. Lo acabarán invadiendo grupos precaristas que se harán de servicios como sea.

COALICIÓN ZOMBIE. Desde que se presentó la coalición Sí por San Luis, el abogado Gustavo Barrera observó la falta de una cabeza bien amueblada que administre la coalición. El tiempo le dio nítidamente la razón con la renuncia del presidente del PRI, Elías Pecina, a continuar con el recurso en estrados electorales contra el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona.  

EL CULPABLE. Hubo de inmediato reclamos airados en redes de traición, negociación retorcida, entrega sin esfuerzo, derrota por anticipado y otros males propios de almas blandurrias, tornadizas y temerosas. Y Elías dio como explicación que hubo un uso inadecuado de una firma suya. Las cabezas voltearon a la dirigencia estatal panista, cuyo titular, Juan Francisco Aguilar, no estaba en San Luis cuando eso ocurrió.

LE VALIÓ. Le atribuyen la travesura a un abogado foráneo enviado por el CEN del PAN a San Luis. Y sí, si no se ven controles de ningún tipo en la coalición, estas cosas van a seguir pasando en lo que se pretende sea una alianza legislativa derivada de una alianza electoral.

VERGÜENZA. Que los diputados no vayan a las comparecencias porque “no es obligatorio”. Aunque no esté en leyes y/o reglamentos, su obligación es ir porque su tarea es vigilar la actuación del Ejecutivo. Al menos de irresponsables no les pueden acusar a dos diputados, los priistas Martín Juárez y Patricia Silva Celis, que ahí estaban, participando en las comparecencias más desdeñadas y aburridas. OFICIAL PERO NO RECONOCIDO. Que el cálculo del retorno presencial a clases este lunes andará por el 7%. Y por razones muy variadas. Si van más que eso, será extraordinario.

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