A menos de quince días de que Tierra Nueva conmemore un aniversario más de su fundación, el ambiente previo a la fecha que debería ser motivo de orgullo y celebración colectiva se percibe más bien apagado. Resulta inevitable preguntarse qué está pasando con un municipio que presume con orgullo el título de Pueblo Mágico, pero que en la práctica parece avanzar con demasiada lentitud cuando se trata de fortalecer su identidad, su cultura y su capacidad de convocatoria.

Históricamente, los aniversarios de fundación han representado momentos importantes para recordar el origen de los pueblos, reconocer a quienes han construido su historia y, al mismo tiempo, proyectar una imagen positiva hacia visitantes y habitantes. Sin embargo, todo indica que este año la conmemoración pasará sin mayor trascendencia. De acuerdo con lo que se ha comentado entre habitantes y algunos sectores del municipio, no existe hasta el momento un programa atractivo que permita pensar en una celebración que realmente honre los más de tres siglos de historia de Tierra Nueva. Si acaso, se habla de colocar un ramo de flores y realizar una guardia de funcionarios frente a las placas que recuerdan la fundación del municipio, un acto simbólico que, aunque respetable, resulta claramente insuficiente para una fecha de esta importancia. La pregunta inevitable es por qué un aniversario que podría convertirse en una oportunidad para impulsar el turismo, la cultura y la convivencia social termina reducido a un acto protocolario. Más aún cuando Tierra Nueva intenta consolidarse como destino turístico bajo la denominación de Pueblo Mágico. Detrás de esta falta de entusiasmo también se percibe una realidad política que muchos ciudadanos comentan en voz baja: pareciera que para algunos grupos el interés principal sigue siendo el proyecto personal o el cálculo político, antes que el fortalecimiento de la vida pública del municipio. Un aniversario de fundación no debería ser un trámite administrativo ni un evento de rutina. Es una oportunidad para recordar quiénes somos como comunidad y hacia dónde queremos ir. Cuando esa oportunidad se desperdicia, el mensaje que queda es preocupante: que la historia del municipio pesa menos que las prioridades de quienes hoy toman decisiones. Tierra Nueva merece algo más que una ceremonia breve y un arreglo floral. Merece una celebración que esté a la altura de su historia y, sobre todo, del orgullo de su gente.

Hace unos día cayó un buen aguacero en esta zona, lo cual, sin duda alguna, es bastante beneficioso para los agricultores y ganaderos, por lo pronto no se vislumbra un estiaje como el de años anteriores, eso puede evitar que se llegue al saqueo del agua de la presa La muñeca.

Un aparatoso accidente ocurrido recientemente en el ramal que conecta la carretera 57 con la cabecera municipal volvió a encender las alertas entre los habitantes de la zona. El percance se registró prácticamente a la entrada del municipio y dejó como saldo varias personas lesionadas, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho. Más allá del impacto del accidente, lo que también llamó la atención fue la respuesta tardía de los servicios de emergencia. Testigos del incidente señalaron que pasaron varios minutos antes de que llegara apoyo al lugar, lo que generó inquietud entre quienes esperaban atención inmediata para las personas afectadas. Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con una capacidad de respuesta rápida por parte de las corporaciones encargadas de atender emergencias. Cuando se trata de accidentes de tránsito, cada minuto puede marcar una diferencia importante para la atención de los lesionados.

El ramal hacia la cabecera municipal es una vía constantemente transitada, por lo que no es extraño que ocurran incidentes viales. Precisamente por ello, se esperaría que existiera una coordinación eficiente y una reacción inmediata de las autoridades responsables de atender este tipo de emergencias. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, pero lo que sí está en manos de las autoridades es garantizar que la respuesta ante estas situaciones sea rápida, organizada y eficaz. Cuando eso no sucede, la preocupación entre la población crece, porque queda la sensación de que ante una emergencia el apoyo podría tardar más de lo esperado.

En la política local pocas cosas pasan por casualidad, y cuando ciertos movimientos comienzan a repetirse en redes sociales, la ciudadanía no tarda en sacar sus propias conclusiones. En Santa María del Río, cada vez son más los comentarios que señalan que se está utilizando cualquier espacio público o evento para posicionar la imagen de Osiris Díaz rumbo a una eventual candidatura a la presidencia municipal por Morena. La percepción se fortaleció recientemente luego de que en redes sociales se difundiera con insistencia su presencia en un encuentro de fútbol correspondiente a la llamada “Copa Santa María”. Fotografías, publicaciones y mensajes resaltando su asistencia comenzaron a circular, lo que para muchos habitantes no fue más que otra estrategia para mantener su nombre visible entre la población. Lo curioso es que el escenario elegido para ese posicionamiento tampoco atraviesa su mejor momento. La Copa Santa María, que durante años fue uno de los torneos deportivos más representativos del municipio, ha sido duramente criticada por la propia ciudadanía en redes sociales. Muchos consideran que esta edición ha dejado mucho que desear si se compara con las de años anteriores. Entre las principales críticas se encuentra el bajo nivel competitivo de los equipos participantes. Antes, el torneo lograba convocar escuadras de distintos puntos del estado e incluso de otras regiones, lo que elevaba la calidad de los encuentros. Hoy, según comentan aficionados, apenas se alcanza a reunir a equipos de municipios vecinos. A esto se suma la escasa promoción del evento, otro aspecto que también ha sido señalado por quienes recuerdan que en otras épocas la Copa Santa María generaba mayor expectativa entre la población y lograba atraer a más público. En ese contexto, no faltan quienes consideran que intentar capitalizar políticamente un evento que hoy enfrenta críticas no necesariamente resulta una estrategia acertada. Por el contrario, para muchos termina evidenciando la prisa con la que algunos actores buscan posicionarse rumbo a los próximos procesos electorales. Lo cierto es que en la política municipal cada gesto, cada fotografía y cada aparición pública se analiza con lupa. Y cuando la promoción personal comienza a notarse demasiado, es la propia ciudadanía la que termina señalándolo. Porque al final, más allá de las redes sociales, lo que realmente pesa es la percepción que se forma en la calle.

En días recientes, la alcaldesa de este municipio, Isis Díaz, reconoció públicamente que existen predios que se encuentran embargados por la autoridad municipal debido a créditos fiscales, es decir, por la falta de pago de impuestos por parte de algunos contribuyentes. El señalamiento no pasó desapercibido, pues abre una serie de cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio municipal.

Es posible que varios de estos casos no se hayan originado durante la actual administración, sin embargo, eso no exime a la autoridad en turno de revisar la situación y actuar en consecuencia. Cuando se trata de bienes relacionados con el patrimonio del municipio, la responsabilidad de dar seguimiento y buscar soluciones recae en quien actualmente encabeza el gobierno local. El reconocimiento del problema es apenas el primer paso. Lo que la ciudadanía espera ahora es conocer si existe una estrategia para recuperar esos predios o regularizar su situación legal y administrativa. De lo contrario, el tema quedará solamente como una declaración más, sin resultados concretos. Los embargos por créditos fiscales reflejan también un problema de cumplimiento en el pago de impuestos, pero al mismo tiempo representan recursos que, bien administrados, podrían formar parte del patrimonio municipal. Por ahora, la alcaldesa no ha precisado si su gobierno emprenderá acciones para recuperar esos bienes o qué medidas se tomarán para resolver estos casos. Y esa falta de claridad es precisamente lo que genera dudas entre la población.

Si te esfuerzas lo suficiente, si estudias, si produces, si te adaptas, tarde o temprano el sistema te recompensará. Esa es la promesa de la meritocracia. En México, sin embargo, esa narrativa choca con una realidad estructural que deja a millones de trabajadores sin estabilidad, sin protección y sin una correspondencia real entre esfuerzo y bienestar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el trabajo como un derecho humano fundamental. El artículo 123 establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, con salario remunerador, jornada limitada y acceso a la seguridad social. En el plano jurídico, el principio es claro. En la práctica, la distancia entre la ley y la vida cotidiana del trabajador es profunda.

La meritocracia supone un terreno parejo donde todos compiten bajo las mismas reglas. Pero el mercado laboral mexicano está lejos de ofrecer ese escenario. Más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad: sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad social y sin estabilidad. No es un problema marginal, es estructural. En ese contexto, hablar de mérito individual como factor decisivo para el éxito laboral resulta engañoso.

La informalidad no se distribuye al azar. Afecta con mayor fuerza a jóvenes, mujeres y trabajadores con menores ingresos. La participación laboral femenina, por ejemplo, sigue siendo más baja y precaria, no por falta de esfuerzo, sino por condiciones estructurales que incluyen desigualdad salarial, trabajos de cuidado no remunerados y empleos sin protección legal. La meritocracia ignora estas diferencias y convierte la desigualdad en un problema individual.

Incluso dentro del empleo formal, el panorama es frágil. La Ley Federal del Trabajo reconoce que el empleo debe garantizar condiciones que permitan un nivel de vida digno para el trabajador y su familia. Sin embargo, la proliferación de contratos temporales, esquemas de subcontratación, jornadas extendidas y salarios que apenas cubren lo básico ha vaciado de contenido ese principio. El empleo existe, pero muchas veces no cumple con lo que la ley promete.

En ese punto aparece una de las frases más comunes del imaginario patronal: “no me gusta que solo trabajen por dinero”. Dicha casi siempre como virtud moral, en realidad funciona como pretexto para no pagar lo justo. Como si el problema fuera la motivación del trabajador y no el hecho elemental de que nadie trabaja por aburrimiento, vocación pura o felicidad abstracta, sino por necesidad. La frase romantiza la precariedad y desplaza la responsabilidad: si exiges salario digno, eres materialista; si aceptas menos, eres “comprometido”.

Aquí la meritocracia se vuelve una coartada. Se exige productividad, disponibilidad total y lealtad, pero se ofrece incertidumbre. Se pide compromiso, pero se normaliza la rotación. Se habla de “crecer” dentro de las empresas mientras se restringen derechos básicos. El mensaje implícito es claro: si no avanzas, es porque no te esforzaste lo suficiente, no porque el sistema esté diseñado para no recompensar ese esfuerzo.

En años recientes, el Estado ha impulsado reformas laborales orientadas a fortalecer la justicia laboral, la democracia sindical y la transparencia en los contratos colectivos. Se han creado nuevos tribunales laborales y mecanismos para que los trabajadores participen en la elección de sus representaciones. Son avances importantes, pero todavía insuficientes frente a la magnitud del problema.

La justicia laboral sigue siendo lenta, costosa y poco accesible para amplios sectores de la población. Denunciar abusos implica tiempo, recursos y, en muchos casos, el riesgo de perder el empleo. La ley existe, pero no siempre protege. Y cuando el costo de exigir derechos es tan alto, la meritocracia vuelve a funcionar como discurso disciplinario: aguanta, resiste, no te quejes.

Criticar la meritocracia no significa negar el valor del esfuerzo individual. Significa reconocer que el esfuerzo, por sí solo, no corrige un sistema desigual. Cuando el mercado laboral se sostiene en la informalidad, la precarización y la debilidad institucional, el mérito deja de ser un criterio real de movilidad social y se convierte en una narrativa conveniente para justificar la desigualdad.

Mientras el trabajo digno siga siendo una promesa más que una realidad, la meritocracia en México será eso: un espejismo. Una idea atractiva que responsabiliza al individuo y absuelve a un sistema laboral que, estructuralmente, no recompensa a quien más se esfuerza, sino a quien mejor logra sobrevivir dentro de sus fallas.

En los últimos años se ha repetido una idea clave: las nuevas tecnologías han democratizado el cine. Cámaras accesibles, celulares con calidad profesional, softwares gratuitos y talleres comunitarios han permitido que más jóvenes filmen. Desde instituciones culturales y festivales se celebra este fenómeno como un avance histórico. Más voces, más diversidad, más inclusión.

Pero esa lectura confunde acceso con transformación.

Porque filmar no es lo mismo que decidir. Y tener cámara no implica tener poder.

Un ejemplo recurrente de esta apertura institucional son las muestras y programas impulsados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que han permitido visibilizar el trabajo de jóvenes cineastas en espacios como cinetecas, muestras especiales y festivales. Sin embargo, esa visibilidad sigue concentrándose en circuitos culturales y de exhibición simbólica, no en esquemas de distribución sostenida ni en modelos que garanticen condiciones laborales justas o retorno económico real.

En los sets de cine joven se reproduce una paradoja incómoda: mientras el discurso habla de colectividad, colaboración y nuevas formas de creación, las prácticas laborales continúan respondiendo a viejas lógicas. Jornadas extensas se justifican con palabras como “pasión”, “causa” o “amor al proyecto”. La precariedad se romantiza. El cansancio se convierte en prueba de compromiso. Si alguien cuestiona, el problema no es la estructura, sino su supuesta falta de convicción.

La falta de contratos formales no es una excepción, es una constante. Los pagos, cuando existen, suelen ser simbólicos, diferidos o condicionados a premios futuros. Todo se sostiene en la promesa del prestigio: el festival, la beca, el reconocimiento posterior. Se trabaja hoy para quizá existir mañana.

Aquí aparece un silencio que también es político. Aunque se impulsa la producción y exhibición de cine joven desde distintos frentes institucionales, no existe una discusión pública equivalente sobre protocolos laborales, mecanismos de denuncia o responsabilidades dentro de estos proyectos. La inclusión se mide en presencia y discurso, no en derechos ni garantías.

Se habla de trabajo colectivo, pero la lógica del autor sigue intacta. El sistema continúa privilegiando figuras individuales: el director como rostro, como firma, como promesa de futuro. El resto del equipo queda atrapado en jerarquías rígidas y silencios forzados. Denunciar implica el riesgo de no volver a trabajar, de cerrarse puertas en un medio pequeño donde todos se conocen.

Así, el cine presume nuevas voces mientras conserva viejas relaciones de poder. Celebra la diversidad frente a la cámara, pero no detrás de ella. Se piensa crítico, pero evita mirarse a sí mismo.

Democratizar la cámara no democratiza el cine si no se democratizan también las condiciones de trabajo, la toma de decisiones, la distribución y el reconocimiento. Sin eso, la tecnología solo acelera la producción de imágenes, no la justicia dentro del proceso.

Y mientras sigamos confundiendo acceso con transformación, seguiremos filmando el cambio sin tocarlo nunca.

Cada año, los premios Oscar se presentan como una celebración del cine, del talento y de la audacia artística. Sin embargo, vistos con un poco de distancia, funcionan menos como un reconocimiento estético y más como un dispositivo simbólico: una ceremonia que legitima qué discursos morales son aceptables para Hollywood en un momento histórico determinado… y cuáles no.

La Academia no premia solo películas. Premia formas de mirar el mundo. Y, sobre todo, premia aquello que puede ser dicho sin poner en riesgo el orden que la sostiene.

La pregunta suele plantearse en términos dicotómicos: ¿los Oscar premian valentía artística o seguridad moral? La respuesta más honesta es que no hacen plenamente ninguna de las dos. Operan en un punto medio cómodo: reconocen conflictos sociales, pero lo hacen de manera controlada, digerible, moralmente segura.

Hollywood no ignora los problemas del mundo. Pero rara vez se atreve a interrogar sus causas estructurales, mucho menos cuando estas apuntan hacia sí mismo.

Aquí aparece una distinción clave: Películas que representan un problema y películas que cuestionan las causas del problema, y los Oscar suelen premiar más lo primero que lo segundo.

Si revisamos las ganadoras recientes, el patrón es claro.

• Spotlight (2015) expone la pedofilia dentro de la Iglesia. Un problema grave, sí, pero ubicado en una institución externa, con responsables identificables y una narrativa de justicia posible.
• Moonlight (2016) aborda racismo y diversidad sexual desde una intimidad contenida, sin confrontar directamente al sistema que produce esas violencias.
• Green Book (2018) habla de racismo, pero desde una óptica conciliadora, casi pedagógica, que permite al espectador blanco salir emocionalmente indemne.
• Oppenheimer (2023) parece cuestionar la guerra y las armas nucleares, pero desplaza la culpa hacia el conflicto moral del individuo, no hacia el complejo militar-industrial que lo hizo posible.

En estos casos, el conflicto existe, pero el sistema permanece intacto. La responsabilidad se personaliza. El espectador se conmueve, reflexiona un poco y vuelve a casa reconciliado con el mundo tal como es.

Parasite (2019) es la excepción que confirma la regla. No solo representa la desigualdad social: señala al capitalismo como estructura violenta, sin redenciones fáciles ni finales tranquilizadores. No hay villanos individuales que absorban la culpa. Hay una maquinaria social.

Que haya ganado fue leído como un gesto valiente. Pero también puede leerse como una anomalía cuidadosamente administrada: una crítica feroz, sí, pero proveniente de fuera de Estados Unidos, lo que permite a Hollywood aplaudirla sin sentirse directamente interpelado

Las críticas directas al imperialismo estadounidense rara vez ganan. Las historias centradas en Palestina, Irak o Afganistán desde la mirada de las víctimas no estadounidenses suelen quedarse en nominaciones simbólicas o desaparecer del radar. La responsabilidad corporativa, el colonialismo contemporáneo o el capitalismo entendido como estructura violenta casi nunca ocupan el centro del escenario.

Cuando estos temas aparecen, suelen hacerlo bajo tres condiciones: Se suavizan. Se desplazan hacia conflictos individuales y pierden frente a narrativas más conciliadoras. No es censura explícita. Es algo más eficaz: una delimitación de lo decible.

El Oscar funciona como capital simbólico en estado puro: una forma de prestigio social que convierte ciertos valores en “naturales”, “universales”, “legítimos”. La Academia, como institución, opera de manera similar al sistema educativo que describe Bourdieu: convierte privilegios históricos en méritos aparentes, y lo hace a través de rituales públicos y ceremonias de validación.

Ganar un Oscar no sólo consagra una película. Consagra una visión del mundo.

El discurso no es solo lo que se dice, sino el espacio donde se dice. No todo puede decirse en cualquier lugar. Y los Oscar son un espacio institucional altamente regulado, donde lo “permeable” tiene límites claros.

¿En qué momento la Academia “corrige” su imagen más que premiar cine? La respuesta incómoda es: siempre. Los Oscar no premian radicalidad. Premian consensos morales seguros.

Esto no va de cancelar a los Oscar ni de exigirles una pureza ideológica imposible. Va de leerlos como síntoma cultural.

El cine premiado por la Academia suele tranquilizar conciencias más de lo que incomoda poderes. Y en esa diferencia mínima se revela el verdadero rol de los Oscar: no como vanguardia ética, sino como administradores del sentido moral de Hollywood. Mirarlos así no los vuelve irrelevantes, los vuelve, quizá, más honestos.

Algo se está rompiendo mientras seguimos deslizando la pantalla. No es una metáfora grandilocuente: es el mundo tal como lo conocíamos, y la generación Z está creciendo justo en medio del crujido. Guerras que parecen lejanas, discursos de odio que se normalizan y economías que ya no prometen nada conviven con una cultura del entretenimiento inmediato que invita, casi exige, no pensar demasiado en el mañana.

Los conflictos en Ucrania, Palestina, Venezuela o Irak suelen leerse como tragedias ajenas, encapsuladas en la sección internacional. Sin embargo, forman parte de una misma lógica global de disputa por poder, recursos y control. En el caso latinoamericano, la constante amenaza de intervención estadounidense en Venezuela —más discursiva y estratégica que formal, pero persistente— reactiva viejos miedos y confirma que la soberanía regional sigue siendo frágil. Esta incertidumbre no surge de la nada: es la consecuencia de un desgaste político e ideológico que el mundo arrastra desde hace décadas y que hoy vuelve a hacerse visible.

En México y América Latina, ese reacomodo global se traduce en efectos concretos: inflación sostenida, dependencia económica, recortes al gasto social y empleos que no garantizan estabilidad. Para la generación Z, el futuro no se cancela de golpe, se vuelve cada vez más caro y más lejano. Frente a ese panorama, la desconexión parece una salida razonable. Pero esa desconexión no es neutral: es el terreno donde la precariedad se normaliza y donde las decisiones estructurales pasan sin resistencia.

El capitalismo contemporáneo ha afinado una estrategia eficaz: ofrecer consumo inmediato a cambio de resignación a largo plazo. Flexibilidad, emprendimiento y placer rápido sustituyen derechos laborales, seguridad social y proyectos de vida sostenibles. Mark Fisher lo explicó con crudeza: el realismo capitalista no solo organiza la economía, también limita lo que somos capaces de imaginar. Así, la evasión no es simple frivolidad, sino una anestesia colectiva frente a un futuro que duele pensar.

En ese vacío avanzan el nacionalismo y la ultraderecha, discursos que prometen orden y sentido en un mundo caótico, pero que reducen la complejidad a enemigos fáciles. En América Latina, estas narrativas se mezclan con corrupción estructural y desconfianza hacia la política, reforzando la idea de que participar no sirve. Antonio Gramsci lo advirtió hace casi un siglo: cuando el viejo orden no termina de caer y el nuevo no logra nacer, surgen proyectos autoritarios que capitalizan el desencanto.

El problema no es solo lo que ocurre, sino cómo se vive. Como señaló Guy Debord, la experiencia ha sido reemplazada por la representación: crisis que duran lo que dura el algoritmo, indignaciones que se disuelven rápido. La generación Z aprende a reaccionar, no a procesar; a consumir la política, no a habitarla. El presente se vuelve eterno y el futuro, una incomodidad que se posterga. Aun así, no todo está perdido. De forma fragmentaria y a veces contradictoria, la juventud empieza a cuestionar lo que parecía incuestionable: el trabajo sin sentido, la desigualdad normalizada, el colapso ambiental. No es un despertar épico, pero sí una grieta. El futuro se ve precario, incluso oscuro, pero no está cerrado. La chispa está en volver a mirar el mundo con atención y entender que ignorarlo también es una decisión política, quizá la más costosa.

Santa María del Río: cuando los paisanos regresan y el pueblo despierta

En Santa María del Río, el regreso de los paisanos no pasa desapercibido. Basta un bailongo de rompe y rasga en la plaza, música a todo volumen y calles llenas para confirmar que el Pueblo Mágico volvió a latir con fuerza. Miles de sanmarienses que hoy viven y trabajan en Estados Unidos regresaron para pasar las fiestas decembrinas con sus familias, y con ellos llegó algo más que nostalgia: llegó movimiento, consumo y dinero circulando. La presencia de los paisanos transforma el ritmo cotidiano. Los restaurantes se llenan, las tiendas venden más, los taxis no paran y hasta el comercio informal encuentra respiro. Las remesas, que durante el año llegan de manera constante, se reflejan con mayor fuerza en estas fechas, cuando el gasto se multiplica en regalos, mejoras en las viviendas y celebraciones familiares. Para muchos negocios locales, diciembre representa la diferencia entre cerrar el año con números rojos o mantenerse a flote. Sin embargo, más allá del impacto económico, el regreso de los paisanos tiene un peso social y emocional profundo. Son reencuentros largamente esperados, abrazos que se postergaron meses o años y mesas completas que solo en diciembre logran reunirse. Santa María del Río se convierte, por unos días, en punto de encuentro de historias de migración, sacrificio y esperanza. El reto está en no quedarse solo con la fiesta. La derrama económica es real, pero temporal. El verdadero desafío es pensar cómo aprovechar este flujo para generar desarrollo duradero, empleo local y condiciones que, algún día, hagan que el viaje de regreso no sea solo por Navidad, sino definitivo. Mientras tanto, el bailongo cumple su función: recordar que, aunque estén lejos, los paisanos siguen siendo parte viva del pueblo. En Santa María del Río, con un bailongo de rompe y rasga fueron recibidos miles de paisanos que llegaron a pasar las fiestas decembrinas con sus familiares en este “Pueblo Mágico” y sus diferentes localidades. La visita de los paisanos trae buenos beneficios a la población en general, porque hay entradas de remesas.

Circular por la carretera 57, especialmente en el tramo de Santa María a Ojo Caliente, se ha convertido en una prueba de paciencia para automovilistas, transportistas y viajeros cotidianos. Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento son, sin duda, necesarios: nadie discute la importancia de conservar una de las arterias más importantes del estado en condiciones seguras y funcionales. El problema no es la obra, sino la forma en que se ejecuta. Durante semanas, los conductores han tenido que avanzar a vuelta de rueda en un tramo que, en condiciones normales, se recorre con relativa fluidez. Las filas se extienden por kilómetros y los tiempos de traslado se duplican o incluso se triplican. Lo que más incomodidad genera no es solo la reducción de carriles, sino la percepción de que los trabajos avanzan con lentitud: en no pocas ocasiones se observan pocos trabajadores activos, maquinaria detenida y largos periodos sin movimiento visible.

Para quienes usan esta vía a diario por motivos laborales, escolares o de transporte de mercancías, el retraso constante se traduce en pérdidas económicas, estrés y desgaste. En temporada alta, cuando aumenta el flujo vehicular, la situación se vuelve aún más complicada, elevando también el riesgo de accidentes por desesperación, rebase indebido o distracciones. Es comprensible que las obras requieran planeación, cierres parciales y medidas de seguridad. Sin embargo, también es válido cuestionar si no podría optimizarse la logística: más cuadrillas trabajando de manera simultánea, horarios extendidos o estrategias que reduzcan el impacto vial.

Cuando la legalidad estorba

Aunque desde el discurso oficial se insiste en que no existe revancha política, los hechos parecen contar otra historia. En Tierra Nueva, la decisión de no reconocer la propiedad de terrenos adquiridos por vecinos durante la administración municipal pasada ha encendido una inconformidad que va creciendo y que difícilmente puede explicarse como un simple “error administrativo”. Los documentos existen, los pagos se realizaron y, según especialistas en la materia, las operaciones se llevaron a cabo dentro del marco legal vigente en su momento. Sin embargo, hoy se pretende desconocer esos actos y exigir nuevamente el pago de los predios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a la construcción de infraestructura básica, particularmente drenaje. La explicación, por decir lo menos, resulta endeble. No solo porque la obligación de dotar de servicios no puede recaer dos veces sobre el mismo ciudadano, sino porque la medida parece más una estrategia de presión que una solución real a los problemas urbanos del municipio. Además, se ha señalado que existen sistemas de drenaje que ya fueron intervenidos y que actualmente presentan deficiencias, lo que pone en duda la eficacia de nuevos cobros con ese mismo pretexto. En los pasillos políticos se comenta otra versión: la urgencia de recursos para cumplir compromisos heredados de la contienda electoral. Si esto fuera cierto, estaríamos frente a una práctica peligrosa donde la legalidad se convierte en obstáculo y el ciudadano en rehén financiero. Más allá de colores partidistas, el fondo del asunto es claro: ningún gobierno debería gobernar corrigiendo el pasado a costa de los derechos adquiridos. La ley no puede reinterpretarse según las necesidades del momento, ni mucho menos utilizarse como herramienta de castigo político. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona y el conflicto deja de ser administrativo para convertirse en social.

En el fondo, el conflicto por los terrenos que hoy la autoridad municipal pretende volver a cobrar no es un hecho aislado ni una casualidad administrativa. Es, más bien, un reflejo de una práctica que ya se había asomado antes y que permanece sin resolverse: el caso de los locatarios del mercado municipal. Ahí, varios comerciantes adquirieron de buena fe sus espacios, invirtieron, los trabajaron o incluso los rentaron bajo acuerdos realizados en su momento con la administración anterior. Hoy, esos documentos parecen no valer nada.

El patrón se repite. A los propietarios de terrenos se les dice que deben pagar otra vez, a los locatarios se les niega el uso de locales que consideran legítimamente suyos. En ambos casos, la respuesta oficial suele ser la misma: “no son válidos”, sin que exista una explicación clara, jurídica y transparente que sustente esa postura. Mientras tanto, quienes apostaron su patrimonio quedan en el limbo, sin certeza y con el temor de perder lo que creían seguro.

Lo preocupante no es sólo el cobro o el desconocimiento de documentos, sino la ausencia de argumentos sólidos y públicos. Cuando no se explica el porqué, la percepción inevitable es que las decisiones obedecen más a criterios políticos o administrativos que a la legalidad. Y cuando la legalidad se vuelve selectiva, la confianza ciudadana se erosiona. Un gobierno que no reconoce acuerdos previos —siempre que estos estén dentro de la ley— manda un mensaje peligroso: hoy tu papel vale, mañana puede no valer nada. Así, más que ordenar, se desordena; más que corregir, se castiga al ciudadano común. Y al final, el daño no es sólo económico, sino institucional: se pierde credibilidad y se pone en riesgo la certeza patrimonial de toda una comunidad.

La reciente entrega de bultos de cemento a habitantes de distintas comunidades ha generado más molestia que aplausos. Y es que, aunque se anuncia como un “apoyo” para mejorar caminos, banquetas o espacios comunitarios, en los hechos implica que los propios vecinos —los mismos que deberían ser beneficiados— terminen haciendo el trabajo que antes correspondía a la autoridad. En redes sociales comenzaron a multiplicarse las quejas. “Antes los gobiernos hacían la obra; solo en pocas ocasiones daban el material”, expresan varios habitantes, quienes reconocen que ahora, lejos de recibir una mejora ya hecha, deben organizarse, poner mano de obra y, en muchos casos, hasta completar herramientas o más insumos que no vienen incluidos en el supuesto apoyo.

El malestar no es menor: entregar cemento sin garantizar quién ejecutará adecuadamente las obras abre la puerta a un sinfín de problemas. Desde trabajos incompletos o mal realizados, hasta la responsabilidad económica y física que recae en personas que no son especialistas. La estrategia, que en papel podría sonar como “participación comunitaria”, en la práctica parece más una manera de trasladar obligaciones municipales a la ciudadanía, disfrazadas de ayuda. Y mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿por qué ahora los vecinos deben construir lo que antes era tarea de la autoridad?

Tienen razón quienes observan con inquietud el movimiento silencioso —pero constante— que desde hace meses se percibe en Santa María del Río. Sin que nadie lo diga abiertamente, pero con la estrategia bien colocada en el aire, ha comenzado a circular el nombre de Osiris, hijo de la actual presidenta municipal, Isis Díaz, como posible relevo natural en la próxima contienda. Un “destape” suave, disfrazado de rumor, pero que ya recorre pasillos, plazas y grupos de WhatsApp.

Algunos actores locales, esos que gustan autodenominarse “representantes de las fuerzas vivas”, han empezado a deslizar la idea como si se tratara de una evolución lógica del poder, casi un derecho hereditario. El problema es que, en pleno 2025, pretender convertir la política municipal en un asunto de linaje familiar resulta un insulto para una población que ha demostrado tener criterio, memoria y dignidad.

No se trata de cuestionar las capacidades del joven —quien, por cierto, no ha emitido posicionamiento público sobre el tema—, sino de señalar que la construcción de un cacicazgo, por más elegante o discreta que quiera presentarse, siempre termina por aplastar la democracia local, reducir la pluralidad y convertir el municipio en patrimonio privado.

Santa María del Río ya ha visto suficiente de este tipo de prácticas en otros tiempos. Repetirlas sería un retroceso. La ciudadanía merece proyectos, no herencias; merece liderazgos, no sucesiones familiares preacordadas. Y si hay quienes insisten en preparar la alfombra para un linaje político, también habrá quienes —con toda legitimidad— levanten la voz para impedir que el municipio caiga en un ciclo de poder que no le pertenece a una familia, sino a su gente.

Otra vez la carretera 57. Pese a los discursos y las cifras “alentadoras”, la inseguridad sigue instalada como un huésped permanente. El reciente operativo a la altura de Santa María del Río, donde dos hombres fueron detenidos tras presuntamente atacar a balazos a agentes estatales, no es un hecho aislado: es parte de una dinámica que lleva años escalando sin que exista una estrategia clara que devuelva confianza a quienes transitan por esta ruta vital.

El valor intrínseco de la mujer en el activismo político y en los triunfos electorales es un pilar irrefutable de la democracia contemporánea. Históricamente, las mujeres han sido la vanguardia silenciosa en la movilización social, desde las sufragistas hasta las líderes de base. Su participación no solo incrementa la legitimidad de los procesos, sino que introduce una perspectiva distinta en el control político, priorizando a menudo agendas de desarrollo social, salud y educación con una óptica holística y de largo alcance. La narrativa de la paridad surge precisamente de esta constatación, la democracia es incompleta e ilegítima sin la plena y efectiva participación femenina. Las mujeres hoy por hoy son parte importante de la ecuación. La auténtica justicia no reside en la redistribución del despojo, sino en la creación de un espacio donde cada elevación no implique la necesaria postración de otro. El equilibrio de derechos es el cimiento de la equidad universal, no la permuta de las opresiones. Buscar la paridad debe ser una expansión del acceso, no una aritmética de cuotas que desplace o invalide. La representación se consolida cuando su fundamento es la capacidad inherente del individuo, trascendiendo la categoría, sin que un avance se construya sobre el menoscabo de otro grupo.

La justificación esgrimida por el congreso local es, -que los partidos son contumaces a postular a perfiles femeninos competitivos- en sí misma, una crítica severa al sistema de cuotas que ha demostrado ser insuficiente. No obstante, la abrupta imposición de esta restricción, que aniquila las expectativas de figuras masculinas consolidadas como el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, sugiere que el fin práctico no es la paridad per se, sino la neutralización de la oposición. Todos los ejercicios demoscópicos demuestran que la perspectiva del alcalde capitalino es en ascenso y la posibilidad de consolidarse en el ánimo del elector, una realidad inevitable. Con Enrique Galindo fuera de la contienda, resulta prácticamente imposible para la oposición construir una oferta sólida en un año. Este acto de cirugía electoral genera un vacío de poder masculino que parece diseñado a la medida de la senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, convirtiendo una causa noble en un instrumento de clientelismo dinástico. Utilizar una causa justa como ariete para la continuidad es un acto de cinismo político que menoscaba la lucha real por la igualdad. Es una danza que recuerda a los pactos oscuros de la política decimonónica, donde los intereses del momento devoran los principios. La paridad como imperativo constitucional busca corregir la endémica subrepresentación femenina en los espacios de poder, un fenómeno global que, como recordaba George Orwell, a menudo disfraza intereses personales con lenguaje político. ¿Es este un verdadero momento para las mujeres, o solo el timing perfecto para la esposa del gobernador?

El impacto en la oposición es catastrófico. El Partido Acción Nacional (PAN), cuyo bastión geopolítico reside históricamente en la capital potosina y el área metropolitana, debe ahora reconfigurar su estrategia de manera expedita. La imposibilidad de postular a un candidato fuerte a la gubernatura obliga al PAN a concentrar sus recursos en la joya de la corona, la Alcaldía de San Luis Potosí. Este es un escenario que, paradójicamente, abre la puerta a nuevos liderazgos masculinos en la contienda municipal, buscando retener el poder territorial como palanca de negociación futura. Es aquí donde figuras como el diputado local Rubén Guajardo Barrera emergen como potenciales sucesores naturales de Galindo, capitalizando la estructura panista en la demarcación. La exclusión a nivel estatal permite la consolidación de liderazgos territoriales masculinos como prima facie de su futuro político. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en una situación de deriva paradigmática. La “sospechosa alianza” en el congreso, donde diputadas priistas como Frinné Azuara y Sara Rocha Medina actúan como promotoras coadyuvantes de la agenda del Partido Verde, es una muestra fehaciente de la mezcolanza ideológica y el pragmatismo abyecto. Este comportamiento es una claudicación programática que coloca los intereses de la coyuntura por encima de la identidad partidista, evidenciando una desesperada búsqueda de supervivencia política a través de la sucesión tácita. En esta atmósfera de convivencia, la paridad se convierte en un pretexto para el alineamiento.

Para MORENA, el abanico de posibilidades está poblado de figuras femeninas de alto calado. La mención de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, o Rita Ozalia Rodríguez, cuya proyectada llegada a la delegación de la Secretaría del Bienestar le otorgaría el control de los programas sociales, -un andamiaje electoral insuperable en un estado con vastas zonas de marginación- demuestra que el partido guinda tiene la profundidad de banquillo para competir bajo las nuevas reglas. Este es un recordatorio de que las mujeres en la política no son solo activistas, sino administradoras de poder con una comprensión aguda de la maquinaria electoral.

El sacrificio político de varones como Gerardo Sánchez Sumaya, el empresario huasteco crítico del actual gobierno ejemplifica el efecto secundario de la ley. Sánchez, que había emergido como un contrapeso por su capacidad de confrontación y su base diversificada de apoyo, se ve ahora obligado a la espera o la postulación por auto adscripción -aunque quién sabe si su esposa Samantha lo apoyaría. Su trayectoria meteórica en el escrutinio público ha sido repentinamente frenada por un decreto que, si bien ensalza la figura femenina, lo hace de una manera quirúrgica y excluyente.

En el espectro del PAN, la senadora Verónica Rodríguez Hernández es la candidata más natural. Su posición como presidenta estatal le otorga un capital político inalienable. Sin embargo, la condición de que su eventual licencia abriría la puerta a Estela Arriaga Márquez -esposa de Galindo- como suplente, subraya un patrón, las mujeres están en el proscenio, pero los hilos de la lealtad conyugal y la continuidad de las estructuras masculinas siguen operando en el backstage. Esta situación genera la incómoda imagen de una paridad que opera como una capa de barniz sobre una pátina de intereses patriarcales. ¿Es este un avance democrático? Formalmente, sí, al garantizar la postulación femenina. Sustantivamente, es un caballazo político que utiliza la bandera feminista para eliminar a la oposición más competitiva y asegurar la continuidad del grupo gobernante. La reforma es un arma de doble filo, por un lado, abre una compuerta histórica para las mujeres, pero por otro, exhibe la patología del poder que siempre encuentra la manera de torcer la ley para su beneficio. La verdadera victoria de la paridad será cuando las mujeres lleguen al poder por su propia fuerza y no como resultado de una estrategia de exclusión diseñada desde el escritorio del varón en el poder.

La “Ley Ruth” en San Luis Potosí es un paradigma de la tensión entre la forma y el fondo en la democracia. Formalmente, es un avance audaz que busca la resiliencia democrática a través de la inclusión femenina. Sustantivamente, es una movida estratégica que capitaliza el discurso de la paridad para despejar el camino sucesorio del grupo en el poder. La ascensión de la mujer en los triunfos electorales es un imperativo ético y práctico, pero debe ser el resultado de un empoderamiento orgánico y no el subproducto de una eliminación forzosa de la competencia. El verdadero valor de esta reforma no se medirá en cuántas mujeres compitan, sino en sí la próxima gobernadora ejercerá su mandato con autonomía y sin hipotecas dinásticas. Es tiempo de las mujeres, sí, pero con plena y no mediada soberanía política. Las mujeres toman el mando, pero los apellidos y las lealtades masculinas siguen operando en el trasfondo, recordándonos el eterno juego de tronos donde las piezas pueden cambiar de color, pero el tablero sigue siendo el mismo.

@gandhiantipatro