Por El Jofrito

Si algún tema merece ya un lugar en el libro de los récords de San Luis Potosí, ese es El Realito. No porque sea una obra ejemplar ni porque haya resuelto el problema del agua en la capital, sino porque lleva años convirtiéndose en sinónimo de fugas, rupturas, promesas, sanciones, anuncios y, sobre todo, paciencia ciudadana. Ahora resulta que desde la Comisión Nacional del Agua analizan dos caminos: rescindir el contrato o exigir que la empresa concesionaria repare cerca de doce kilómetros del acueducto que, dicho sea de paso, parecen ser apenas una parte de una infraestructura que ha dado más dolores de cabeza que litros de agua. La presidenta Claudia Sheinbaum también puso el tema sobre la mesa. Reconoció que el sistema está concesionado y que incluso se estudia la posibilidad de que el Gobierno Federal asuma su operación. Mientras tanto, la prioridad es reparar lo indispensable para que el agua vuelva a llegar con cierta regularidad. Suena bien, el problema es que los potosinos llevan años escuchando exactamente lo mismo, aunque con distintos protagonistas. Cada administración promete ahora sí poner orden. Cada director anuncia estudios, mesas técnicas, revisiones jurídicas, sanciones millonarias y planes de rescate. Cambian los nombres, cambian los funcionarios, cambian los discursos… pero El Realito permanece fiel a su costumbre de romperse cuando menos se espera. Es una historia tan repetida que ya perdió capacidad de sorprender. La noticia dejó de ser que el acueducto falló; la verdadera noticia sería que funcionara doce meses consecutivos sin interrupciones. Y mientras en las oficinas se habla de concesiones, litigios y modelos de operación, la realidad es mucho más sencilla. Hay colonias donde abrir la llave se ha convertido en un acto de fe. Familias que ya no preguntan si habrá agua mañana, sino cuántos días durará la siguiente suspensión. Lo curioso es que todos parecen tener claro cuál es el problema, pero nadie termina de resolverlo. La empresa señala una cosa, las autoridades otra y, entre ambas versiones, los ciudadanos siguen comprando pipas, almacenando agua en tambos y modificando su rutina cada vez que el suministro desaparece. Quizá la discusión sobre quién debe operar El Realito sea importante desde el punto de vista administrativo. Pero para la gente ese debate resulta secundario. Al usuario poco le importa si el agua llega gracias a una concesionaria, al Gobierno del Estado o a la Federación. Lo único que espera es abrir la llave y que salga agua. Por eso cualquier anuncio debe ir acompañado de resultados y de plazos concretos. Porque los potosinos ya escucharon demasiadas veces que “ahora sí” habrá una solución definitiva. Y cada “ahora sí” terminó convertido en una nueva ruptura, otra reparación de emergencia y otro comunicado explicando por qué el servicio volverá… dentro de algunos días. Tal vez haya llegado el momento de dejar de administrar el problema y empezar, de una vez por todas, a resolverlo. Porque El Realito ya no necesita más conferencias, más diagnósticos ni más promesas. Necesita funcionar y esa, paradójicamente, parece haber sido siempre la parte más difícil.

En tiempos en los que las prisas parecen ganarle terreno a las costumbres, todavía existen lugares donde el calendario no lo marcan las redes sociales ni las tendencias pasajeras, sino las campanas del templo y las fiestas patronales. Uno de esos sitios es el Barrio Las Ánimas, en Tierra Nueva, donde cada julio la comunidad vuelve a encontrarse alrededor de una celebración que ha sobrevivido al paso de los años. Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen son mucho más que un programa artístico. Son el pretexto perfecto para que regresen quienes viven fuera, para que las familias se reúnan, para que los niños disfruten de juegos y espectáculos, y para que los adultos revivan esos recuerdos.

Por El Primo Feliciano

Gobernar implica mucho más que inaugurar pequeñas acciones y presentarlas como grandes logros. La ciudadanía distingue perfectamente la diferencia entre una obra que transforma un municipio y las labores de mantenimiento que cualquier administración está obligada a realizar. En Santa María del Río esa diferencia parece haberse difuminado en el discurso oficial. Durante los últimos años se ha insistido en destacar como “grandes obras” el bacheo de calles, la pavimentación de algunos tramos secundarios, el revestimiento de caminos rurales, la instalación de luminarias o las constantes promesas de que ahora sí quedará resuelto el problema del agua potable. Nadie discute que esas acciones sean necesarias; lo cuestionable es pretender colocarlas al nivel de proyectos que realmente cambien el rostro del municipio. La percepción de buena parte de la población es que Santa María del Río continúa esperando una obra emblemática que marque un antes y un después para el llamado Pueblo Mágico. Una inversión importante en infraestructura, movilidad, desarrollo urbano o servicios públicos que trascienda el periodo de gobierno y beneficie a las futuras generaciones. Hasta ahora, esa obra simplemente no aparece. A ello se suma un desgaste político provocado por las diferencias internas que, desde hace meses, se atribuyen a los distintos grupos que disputan espacios de poder dentro de la administración. Cuando la atención se concentra en los conflictos internos, inevitablemente se descuida la gestión pública y las prioridades de la ciudadanía pasan a segundo plano. El tiempo tampoco juega a favor. A la actual administración le resta poco más de un año para entregar el gobierno y el margen para cambiar la percepción ciudadana se reduce conforme avanza el calendario. En política, la memoria del elector suele construirse a partir de resultados tangibles, no de discursos ni de campañas de difusión. También resulta inevitable preguntarse por la escasa obra federal destinada a un municipio gobernado por un partido afín al Gobierno de México. Muchos habitantes esperaban que esa coincidencia política facilitara la llegada de recursos extraordinarios para carreteras, infraestructura turística o proyectos estratégicos. Hasta ahora, esas expectativas tampoco se han materializado. Santa María del Río necesita más que mantenimiento urbano. Necesita visión de largo plazo, proyectos de impacto y gestión efectiva de recursos. Porque gobernar no consiste únicamente en administrar lo cotidiano, sino en dejar un legado que pueda verse, medirse y recordarse cuando termine el periodo constitucional.

E

Por El Primo Feliciano

Hay trámites que solemos dejar para después. No porque sean complicados, sino porque siempre pensamos que habrá tiempo. La credencial para votar suele entrar en esa lista. “La saco el próximo mes”, “cuando venga el módulo”, “cuando tenga un rato”. Y así pasan los meses… o los años. Por eso vale la pena aprovechar cuando el Instituto Nacional Electoral instala módulos itinerantes en los municipios. No ocurre todos los días y, para muchas personas, representa la posibilidad de realizar un trámite sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. En Santa María del Río esa oportunidad estará disponible hoy lunes 13 de julio, cuando el módulo de atención del INE brindará servicio en las instalaciones de la Casa DIF, donde los ciudadanos podrán realizar diversos trámites relacionados con su credencial. No se trata únicamente de obtener la identificación por primera vez. También es el momento adecuado para renovar una credencial vencida, actualizar el domicilio, corregir datos personales, reponer el documento en caso de extravío o solicitar su reemplazo cuando presenta deterioro. Más allá de su función para participar en los procesos electorales, la credencial del INE se ha convertido en el documento de identificación más utilizado en el país. Se solicita para abrir cuentas bancarias, realizar trámites oficiales, contratar diversos servicios e incluso para múltiples gestiones de la vida cotidiana. Por eso, mantenerla vigente evita contratiempos cuando surge algún trámite inesperado. Como ocurre en cada visita del módulo, es importante acudir con la documentación requerida para que el proceso pueda realizarse sin contratiempos. Una revisión previa de los requisitos puede ahorrar tiempo y evitar regresar otro día. En ocasiones, las jornadas itinerantes pasan desapercibidas hasta que concluyen. Después llegan las prisas, las filas en otros municipios y los viajes que pudieron evitarse. FEREB 2026 comenzó a tomar forma entre expectativa y tradición. El Jardín Principal volvió a convertirse en el punto de encuentro de quienes esperan con entusiasmo la llegada de la Feria del Rebozo. La mañana del domingo marcó el arranque oficial de la FEREB 2026 con la presentación de los primeros detalles de lo que será la máxima celebración del municipio, un evento que año con año reúne a familias, visitantes y sanmarienses que regresan para reencontrarse con sus raíces. La jornada estuvo marcada por la expectativa. Uno de los momentos más esperados fue la revelación del cartel oficial de la feria y de la cartelera del Teatro del Pueblo, elementos que comienzan a definir el ambiente que se vivirá durante las festividades de agosto. Pero, sin duda, uno de los instantes que mayor interés despertó entre los asistentes fue la presentación de las jóvenes que buscarán convertirse en Reina FEREB 2026. Con ello quedó oficialmente abierto uno de los certámenes más representativos de la feria, una tradición que, más allá de la competencia, busca reconocer el entusiasmo y la participación de las jóvenes que representan a sus comunidades y al municipio. La presentación también sirvió para recordar que la FEREB es mucho más que una cartelera artística. Se trata de una celebración que reúne actividades culturales, deportivas, religiosas, gastronómicas y recreativas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes del calendario local. A partir de ahora comenzará la cuenta regresiva hacia una nueva edición de la feria, mientras la organización afina los últimos detalles para recibir a cientos de visitantes. Con el cartel presentado, las candidatas ya dadas a conocer y el programa artístico tomando forma, la FEREB 2026 empieza a perfilarse como uno de los eventos más esperados por los habitantes de este “Pueblo Màgico” y por quienes cada año encuentran en esta celebración un motivo para volver a casa.

Hay una frase que suele repetirse cada vez que se presentan cifras, operativos, decomisos o ruedas de prensa oficiales: “San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y coordinación en materia de seguridad”. El problema es que, fuera del discurso institucional, la realidad cotidiana empieza a contar una historia distinta. La violencia no se detiene. Las ejecuciones continúan. Las desapariciones mantienen en incertidumbre a familias enteras. Las carpetas de investigación envejecen en escritorios. Y mientras eso ocurre, desde el aparato oficial persiste una narrativa de control que cada vez encuentra menos eco entre quienes viven el problema. No se trata de negar que existan operativos, patrullajes o detenciones. Sería incorrecto hacerlo. El cuestionamiento está en otra parte: ¿por qué, si todo funciona como se presume, los hechos violentos siguen ocupando la conversación diaria? La semana volvió a dejar escenas que difícilmente encajan con el discurso triunfalista. En Tamuín, menos de veinticuatro horas bastaron para acumular tres hechos violentos de alto impacto. Primero, una mujer, adulta mayor, asesinada dentro de una tienda de abarrotes. Después, un hombre atacado en su domicilio que sobrevivió de gravedad. Más tarde, otra mujer privada de la vida en la colonia Hidalgo. La respuesta oficial fue la conocida: despliegue, operativo, persecución y comunicado. “Son delincuentes foráneos”, según el inepto titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez, que para dar justificaciones se pinta solo, pero lo que en realidad debe dar son buenos resultados. La Guardia Civil Estatal informó que durante el despliegue posterior fue atacada y repelió la agresión, con saldo de un presunto agresor abatido. Pero más allá del resultado inmediato aparece una pregunta incómoda: ¿cómo llegó el municipio a concentrar varios hechos violentos en cuestión de horas? Porque cuando la explicación termina siendo que “personas provenientes de otros estados intentan ingresar para delinquir”, la sensación que queda es que el problema siempre está afuera y nunca dentro. Y quizá sí exista presión externa. Pero también existe una responsabilidad interna: prevenir, contener y anticipar. La seguridad pública no puede medirse únicamente por la capacidad de responder cuando ya hubo muertos. También está la capacidad de evitar que ocurra. En la capital potosina tampoco fue una semana para presumir indicadores. En la colonia Rural Atlas, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Neptuno. Otra escena conocida: detonaciones, acordonamiento, peritos, levantamiento de indicios e investigación abierta. La secuencia ya parece protocolo automático. Sucede el crimen. Llegan patrullas. Se instala cinta amarilla. Se abre carpeta. Se promete investigación. Y después, silencio.

Porque si algo empieza a convertirse en reclamo recurrente ya no es únicamente la violencia, sino la lentitud con que avanzan los casos. La Fiscalía General del Estado enfrenta cada vez más cuestionamientos por expedientes detenidos, investigaciones que no llegan a ninguna parte y víctimas que terminan convirtiéndose en investigadoras de sus propios asuntos. Uno de los casos que más indignación generó en días recientes fue el de una mujer que acudió directamente a exigir respuestas sobre una denuncia presentada hace más de cuatro años relacionada con la sustracción de su hija. La denuncia fue iniciada el 24 de marzo de 2023. Tres años después, la respuesta sigue sin llegar. Lo más delicado no es únicamente el tiempo transcurrido. De acuerdo con el señalamiento público realizado por la denunciante, durante ese periodo habría existido incluso un informe donde supuestamente se asentó una entrevista que —según su versión— jamás ocurrió. La confrontación terminó dentro de instalaciones oficiales. La mujer grababa. Le retiraron el teléfono. Y el expediente siguió igual. Más allá de lo que determinen los procesos internos, el episodio deja una pregunta devastadora: ¿qué siente una persona cuando descubre que el sistema al que acudió para buscar justicia parece conocer menos su caso que ella misma? Hay familias que no piden privilegios. Piden movimiento. Piden llamadas. Piden diligencias. Piden que alguien abra el archivo. Y mientras eso ocurre, otro fenómeno sigue creciendo silenciosamente: la desaparición. La búsqueda de Rubí Carrizalez Araiza continúa generando llamados ciudadanos después de haber sido vista por última vez en Puerta Real. En estos casos, las familias ya aprendieron algo doloroso: las primeras horas valen más que cualquier conferencia posterior. Difundir, buscar, mover redes, salir, insistir. Porque existe una percepción instalada entre muchos colectivos: si ellos no presionan, el tiempo simplemente pasa y cuando el tiempo pasa, el desenlace puede convertirse en tragedia, como ocurrió con el joven que había sido reportado como desaparecido y posteriormente fue localizado sin vida en el camino entre Cárdenas y La Labor. Primero apareció la ficha, luego los mensajes, después las cadenas de ayuda y finalmente el hallazgo. Cada caso de este tipo deja una pregunta que nunca encuentra respuesta pública suficiente: ¿qué ocurrió entre el momento en que desapareció y el momento en que fue encontrado? Pero también deja otra reflexión incómoda. Las redes sociales se están convirtiendo en una extensión informal del sistema de búsqueda. Familias publicando, ciudadanos compartiendo, grupos organizándose. Mientras las instituciones siguen ritmos más lentos.

En Soledad ocurrió otro episodio que retrata otra cara del problema. Una riña terminó con un joven muerto en Rancho Pavón. Llegó el operativo, patrullas, movilización. Hay versiones de personas detenidas luego del crimen, además de allanamiento de viviendas, todo en el despliegue posterior.

Pero otra vez aparece la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos llegando después? Hay una diferencia enorme entre reacción y prevención, y el problema de depender exclusivamente de la reacción es que siempre habrá alguien que ya perdió. Al final, el debate ya no gira solamente alrededor del número de patrullas o del volumen de operativos. La discusión empieza a colocarse en otro terreno. Porque cuando la ciudadanía deja de creer que denunciar sirve, el daño institucional es mucho más profundo que cualquier estadística. Porque cuando una madre espera años. Cuando una familia busca sola. Cuando una ejecución deja de sorprender. Cuando una desaparición obliga a movilizar redes antes que instituciones, entonces el problema ya no es solamente de seguridad, es de credibilidad. Recuperar la credibilidad siempre cuesta más que presentar resultados. Porque mientras una versión presume avances y la otra cuenta muertos, desaparecidos y expedientes detenidos, alguien está dejando de ver la realidad completa.

Mientras un grupo de policías asiste a un aula para actualizarse en protocolos de actuación, uso de la fuerza y derechos humanos, afuera, en las calles de San Luis Potosí, la violencia seguía impartiendo su propia cátedra. Una mucho más cruel, mucho más rápida y, sobre todo, mucho más efectiva para sembrar miedo. La capacitación policial es necesaria. Nadie podría discutir que una corporación mejor preparada presta un mejor servicio. El respeto a los derechos humanos, la correcta aplicación de la fuerza y la profesionalización de los elementos son pilares de cualquier institución de seguridad moderna. Sin embargo, existe una realidad que ningún curso puede ocultar: la delincuencia continúa marcando el ritmo de los acontecimientos. La madrugada volvió a ser escenario de otra ejecución en la delegación La Pila. Apenas unas horas antes, ese mismo sector había sido noticia nacional por dos ataques armados que dejaron cuatro personas asesinadas en distintos puntos de la demarcación. Cuando todavía peritos y agentes ministeriales procesaban esas escenas, un nuevo reporte de detonaciones volvía a encender las alarmas en las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza. La Pila dejó de ser únicamente una de las puertas de entrada a la Zona Industrial. Hoy se ha convertido en un punto recurrente dentro del mapa de la violencia. Los homicidios comienzan a acumularse con una frecuencia que inquieta a quienes viven, trabajan o simplemente transitan por esa delegación. El patrón ya no parece responder a hechos aislados, sino a una dinámica criminal que se instala y se reproduce. Pero La Pila no fue el único escenario, en Villa de Reyes, la comunidad de El Saucillo despertó con una historia difícil de comprender. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda, despojaron de sus teléfonos celulares a quienes se encontraban en el lugar y caminaron directamente hacia una habitación. Minutos después se escuchó un disparo. Orlando, de apenas 33 años, quedó sin vida dentro de su propio hogar. Los vecinos insisten en describirlo como un hombre tranquilo, trabajador y ajeno a conflictos. Quizá las investigaciones terminen confirmándolo o quizá revelen otra historia. Lo cierto es que la percepción social vuelve a tropezar con una pregunta que cada vez aparece con mayor frecuencia: si alguien puede ser ejecutado dentro de su propia casa, ¿qué tan seguro puede sentirse el resto de la comunidad? Mientras tanto, en Mexquitic de Carmona apareció otro cuerpo. Esta vez, en una zona despoblada de San Marcos. Un hombre, con las manos atadas, fue localizado sin vida. Hasta ahora no existe una versión oficial sobre la causa de muerte ni sobre su identidad, pero las circunstancias del hallazgo hablan por sí mismas. Cuando una persona aparece maniatada y abandonada en un camino rural, el mensaje que deja la delincuencia suele ser más poderoso que cualquier comunicado institucional. A esta cadena de homicidios se suma un fenómeno igual de preocupante, aunque menos visible: las desapariciones. Las fichas de búsqueda continúan multiplicándose semana tras semana. La mayoría corresponde a hombres y mujeres jóvenes. Algunos aparecen días después. Otros regresan por sus propios medios. Pero muchos siguen ausentes. Cada fotografía publicada representa una familia que dejó de dormir tranquila y comenzó una búsqueda que, en demasiadas ocasiones, termina dependiendo más de colectivos ciudadanos que de los avances de una investigación oficial. Las desapariciones tienen una característica especialmente dolorosa: prolongan el sufrimiento. En un homicidio existe una certeza devastadora. En una desaparición permanece la incertidumbre permanente. No saber dónde está un hijo, una hermana o un padre se convierte en una condena diaria para cientos de familias. Frente a este panorama, resulta inevitable preguntarse si la estrategia de seguridad está logrando contener la violencia o únicamente administrando sus consecuencias. Porque la capacitación policial es indispensable, pero no sustituye la inteligencia operativa. Enseñar protocolos no desmantela grupos criminales. Actualizar manuales no evita que un comando irrumpa en una vivienda. Capacitar en derechos humanos no impide que una persona desaparezca durante días sin dejar rastro. La seguridad pública exige mucho más que policías mejor preparados. Requiere investigaciones eficaces, coordinación real entre instituciones, capacidad de reacción, combate a la impunidad y presencia permanente en las zonas donde la violencia ya dejó de ser excepcional para convertirse en rutina. La sociedad tampoco puede acostumbrarse a contar muertos como si fueran parte del paisaje informativo. Cada ejecución, cada desaparición y cada cuerpo abandonado representan un fracaso colectivo. Cuando las noticias violentas comienzan a repetirse con tanta frecuencia que dejan de sorprender, el mayor riesgo no es únicamente la delincuencia, sino la normalización. San Luis Potosí enfrenta hoy un desafío que no se resolverá únicamente desde un salón de clases. Los cursos fortalecen instituciones; las calles exigen resultados. Y mientras la violencia siga escribiendo más capítulos que las estrategias para contenerla, será difícil convencer a la ciudadanía de que las cosas realmente están cambiando. Porque los criminales, a diferencia de las corporaciones, no toman cursos. Actúan. Y, por ahora, lo siguen haciendo con una frecuencia que resulta imposible ignorar. No tiene caso mencionar o comentar lo que sale con frecuencia a decir el señor Jesús Juárez, el ungido como titular de la dependencia encargada de la seguridad pública estatal, pues no dice nada nuevo, simplemente que vivimos en un clima, un ambiente de seguridad, donde la gente tiene confianza y seguridad al salir de casa, aunque la realidad que se vive en las calles es otra. En fin, la verdad es que no hay ningún estado en el país que esté libre de inseguridad, ahora se conforman con no aparecer en el top de las más afectadas por la delincuencia, sea organizada o no.

La ejecución de un hombre en el ejido Antiguo Tamuín volvió a recordar que la violencia sigue presente en regiones donde los grupos criminales mantienen capacidad para actuar con rapidez y escapar antes de la llegada de las corporaciones. Un ataque directo, a plena luz del día, dentro de un domicilio y con varios hombres armados como protagonistas no parece obra de la delincuencia común. Es un mensaje que, por ahora, solo conocen quienes participaron en él y quienes deberán investigarlo. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado anunció uno de los aseguramientos más relevantes de las últimas semanas en Villa de Reyes. Lo que aparentemente funcionaba como un taller mecánico terminó convirtiéndose en un hallazgo que incluyó armas largas, cargadores, equipo táctico, artefactos explosivos, “ponchallantas” y varios vehículos bajo investigación. No es un decomiso menor. Encontrar explosivos dentro de un inmueble obliga a preguntarse cuánto tiempo llevaba operando ese sitio y si realmente nadie había detectado movimientos irregulares. La eficacia del cateo merece reconocimiento, pero también deja abierta una interrogante inevitable: ¿cuántos inmuebles similares permanecen activos sin ser descubiertos? Precisamente por ello cobra relevancia el reforzamiento de la vigilancia en los límites entre San Luis Potosí y Guanajuato. La coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y las autoridades guanajuatenses refleja que ambos estados entienden que la delincuencia organizada no reconoce fronteras administrativas. Los llamados “operativos espejo”, los sobrevuelos y el intercambio de inteligencia representan una estrategia correcta. La verdadera prueba será medir si esa presencia permanente logra disminuir homicidios, robo de vehículos, tráfico de armas y movimiento de grupos criminales. La seguridad no se evalúa por el número de patrullas desplegadas, sino por los delitos que dejan de cometerse. Pero la agenda pública también quedó marcada por otro tema completamente distinto: la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron una discusión que ninguna autoridad debería minimizar. Más allá del motivo de la detención, la participación de varios policías hombres en el aseguramiento de una mujer, así como las denuncias sobre la presunta falta de acceso inmediato a familiares y abogados, obligan a una explicación institucional. Cuando se trata de una defensora de derechos humanos, el escrutinio público aumenta y con razón. Si la actuación policial fue correcta, corresponde demostrarlo con evidencia y protocolos. Si existieron irregularidades, también corresponde investigarlas. El silencio institucional rara vez ayuda a disipar las dudas. Otro episodio que exhibe los límites legales de la actuación gubernamental es el caso del presunto maltrato animal en Fracción Milpillas. La autoridad municipal asegura haber actuado desde junio, pero la ley le impidió ingresar a una propiedad privada sin autorización ministerial. Aquí aparece un debate que tarde o temprano tendrá que darse: ¿los mecanismos legales actuales permiten actuar con suficiente rapidez cuando existe la sospecha de que animales pueden encontrarse en riesgo? La protección de los derechos también implica encontrar un equilibrio entre las garantías constitucionales y la atención inmediata de situaciones de crueldad. En conjunto, los hechos de la semana muestran dos caras del mismo Estado. Por un lado, existen instituciones capaces de ejecutar cateos relevantes, coordinar operativos interestatales y abrir investigaciones complejas. Por otro, persisten cuestionamientos sobre protocolos policiales, tiempos de respuesta y limitaciones jurídicas que alimentan la percepción de incertidumbre. La ciudadanía espera resultados, pero también exige transparencia. Los aseguramientos espectaculares fortalecen la confianza únicamente cuando derivan en procesos sólidos y sentencias. Las detenciones delicadas requieren información clara para evitar que la duda sustituya a los hechos. Y los homicidios, como el ocurrido en Tamuín, dejan de ser simples estadísticas cuando los responsables permanecen impunes. Al final, la seguridad no se construye únicamente con patrullajes o decomisos. También depende de instituciones creíbles, investigaciones eficaces y autoridades dispuestas a rendir cuentas. Ese sigue siendo el reto más importante para San Luis Potosí. Por una falta administrativa menor, la prepotencia y falta de preparación, desconocimiento de las leyes y la socarrona complicidad de sus superiores, agentes de la Policía Municipal de Rioverde, fue puesta al escrutinio público, tras un comportamiento que debería darles vergüenza, a ellos y hasta a sus jefes, que los toleran y justifican. Se trata de un hecho que parecía insignificante; una menor de edad que tripulaba una motocicleta y no portaba casco, los uniformados, celosos del cumplimiento de su deber fuero tras ella, la menor asustada se fue a refugiar a su casa, donde salió su mamá a tratar de auxiliarla, la mujer fue maltratada, insultada, igual que la menor, al final, a las dos las subieron a la patrulla y, a la mamá la pusieron a disposición del juez de justicia cívica o sea el juez de barandilla y a la niña solo la hicieron presente. Cabe señalar que uno de los uniformados, el que se comportaba como gorila y era el más agresivo, fue atacado por un perro, el cual le tiró varias tarascadas, pero ninguna le dio, el tipo corrió para ponerse a salvo. Como los agentes sintieron que su integridad física estaba en riesgo, pidieron refuerzos y hasta en camiseta, tal vez sacaron de la cama a los policías que habían terminado el turno, para poder llevarse a una madre de familia y a una niña. El jefe de esos gorilas con uniforme en lugar de sentirse apenado por lo sucedido, lo minimizó y justificó la remisión de madre e hija, porque fueron atacados hasta por un perro. ¡Pobre gente de Rioverde!. Para que se dé cuenta la gente el modelo de seguridad y compromiso que tienen los agentes adscritos a las diferentes dependencias, vamos a comentar lo sucedido el jueves pasado. Un hombre, trabajador, se dirigía a sus labores diarias y vio que un hombre de edad avanzada bajaba de un taxi, pero evidentemente desorientado, se acercó para ver si podía ayudarlo. Efectivamente el hombre estaba desorientado; no sabía quién era, donde vivía y no traía dinero, al parecer el taxista creyó que era pasaje y se detuvo para llevarlo y tan solo avanzó unos metros y se dio cuenta de la realidad, lo bajó y lo dejó abandonado a su suerte. El hombre que vio la escena se acercó a prestar ayuda al desconocido y se dio cuenta de la situación de inmediato. Llamó al 911 de Atención a Emergencias, reportó la situación y respondieron que enseguida estaría ahí el apoyo. Apoyo que nunca llegó y, como tenía que ir a su trabajo, con dolor de su corazón dejó ahí al desconocido. Subió la foto del adulto mayor a redes sociales y solo unos minutos después apareció la familia. Resulta que el adulto mayor tiene ficha de búsqueda de persona no localizada. Desde ese momento se hizo viral la foto del hombre y muchos cibernautas comenzaron a pasar datos de donde lo habían visto. Lo que realmente indigna es el trato que a este tipo de asuntos merece por parte de las autoridades. Pero no pregunten al señor bonachón, porque para todo tiene justificaciones, en serio, para eso es todo un experto, menor para ponerse a trabajar en serio, él sigue en su mundo de fantasía, en su San Luis-Disneylandia.

Por El Primo Feliciano

A través redes sociales, cibernautas comentan la reciente salida de Aaron Salvador Domínguez López de la Dirección de Comunicación Social en Santa María del Río, señalan que no cierra un capítulo: lo deja abierto. Su paso por el área no solo fue breve en términos administrativos, sino intenso en polémicas, tensiones internas y señalamientos que hoy obligan a mirar con más detalle cómo se ha manejado la comunicación institucional en el municipio. Desde su llegada —ligada al proceso electoral que llevó a Isis Ayde Díaz Hernández a la alcaldía— su perfil no pasó desapercibido. No fue un nombramiento técnico, sino político, respaldado por cercanías dentro de Morena. Durante la campaña, su rol fue claro: operar redes, posicionar narrativa y, según versiones que circularon desde entonces, recurrir a estrategias cuestionables como el uso de perfiles falsos para confrontar adversarios políticos. Uno de los episodios más recordados fue la difusión de un supuesto acto de agresión contra un actor político local, que terminó siendo señalado como montaje. Ya en funciones, lejos de consolidar un área estratégica, la Dirección de Comunicación Social se convirtió en un foco de desgaste. Los conflictos no fueron menores: disputas personales dentro del propio círculo del gobierno, tensiones con familiares de la alcaldesa e incluso un altercado físico con otro funcionario. El ambiente laboral, según versiones internas, derivó en solicitudes de cambio de personal y en una constante inestabilidad.

A la par, crecieron las dudas sobre la operación digital. Diversas páginas y perfiles —algunos abiertamente identificados, otros bajo anonimato— comenzaron a replicar una línea favorable al gobierno, al tiempo que atacaban voces críticas. Nombres distintos, pero dinámicas similares: publicaciones tendenciosas, confrontación directa y una narrativa que parecía coordinada. La línea entre comunicación institucional y propaganda digital se volvió difusa. En lo operativo, tampoco hubo señales de solidez. Errores en publicaciones oficiales, fallas básicas de redacción y episodios como la colocación incorrecta de “Pueblo Mágico” en un espacio público evidenciaron una falta de supervisión que difícilmente puede considerarse menor en un área encargada de la imagen gubernamental. A esto se sumaron versiones sobre presiones a medios para asegurar coberturas favorables, una práctica que, de confirmarse, refleja una relación poco transparente con la prensa. Pero quizá el punto más delicado no estuvo en lo visible, sino en lo administrativo. Fuentes internas apuntan a observaciones de la Auditoría Superior del Estado relacionadas con el perfil académico del entonces director, quien no cumpliría con los requisitos establecidos para el cargo. La cercanía de una nueva revisión habría acelerado su salida, más allá del discurso oficial de una renuncia voluntaria. Su partida deja más preguntas que respuestas. La estructura que queda en Comunicación Social tampoco escapa al escrutinio: perfiles sin formación especializada en un área clave, lo que abre el debate sobre la profesionalización del servicio público a nivel municipal. Y mientras tanto, surge otro elemento que no pasa desapercibido: la aparición de nuevos espacios digitales con características similares a los ya conocidos, lo que alimenta la duda sobre si la salida fue realmente un cierre o simplemente un cambio de forma. En Santa María del Río, la comunicación institucional parece seguir siendo terreno de disputa, más que de claridad.  Pasará la actual administración a la historia, no por su buen tino para gobernar, sino por los desatinos y la polémica en la cual se ha visto inmersa. Nos leemos la semana próxima.

El pasado 30 de abril, la plaza principal de Tierra Nueva volvió a llenarse de familias con motivo del Día del Niño. Como ocurre cada año, el espacio público se convirtió en punto de reunión para niñas y niños que acudieron atraídos por los juegos mecánicos y un espectáculo en vivo programado desde la tarde. Desde antes de las 17:30 horas comenzó a notarse la llegada constante de asistentes, principalmente de la cabecera municipal, aunque también hubo presencia de personas provenientes de comunidades cercanas. La dinámica fue la habitual: filas para los juegos, música, y menores recorriendo el lugar en busca de entretenimiento mientras los adultos observaban desde los alrededores. No se trató de un evento extraordinario, sino de una celebración que sigue una fórmula conocida. Juegos gratuitos, un espectáculo y la concentración en el primer cuadro del municipio. Para muchos, suficiente para pasar un rato distinto; para otros, una actividad que se queda en lo momentáneo. Y es ahí donde aparece el contraste. Mientras la plaza se llena en fechas específicas, hay quienes señalan que este tipo de eventos no logra ocultar otras carencias que persisten el resto del año. Espacios públicos con mantenimiento irregular, pocas alternativas permanentes para la niñez y una oferta limitada de actividades fuera de días conmemorativos. La asistencia fue constante durante varias horas, aunque sin cifras oficiales que permitan dimensionar el alcance real del evento. Lo que sí quedó claro es que, más allá del festejo, la demanda de opciones recreativas sigue vigente en el municipio, no solo en fechas marcadas en el calendario. Al final, el Día del Niño volvió a cumplirse como tradición: un día de juegos, música y convivencia. Pero también dejó en el aire la misma pregunta de fondo: qué tanto de esa atención se mantiene cuando se apagan las luces del evento.

La reciente reactivación de la entrega de semillas a través del SMDIF en Tierra Nueva retoma una práctica que ya se había implementado en años anteriores: impulsar la autoproducción alimentaria desde el hogar. Sobre el papel, la idea resulta sencilla y hasta lógica: acercar insumos básicos para que las familias puedan sembrar y cosechar parte de sus alimentos. En esta ocasión, las variedades incluyen cilantro, calabaza, acelga, brócoli, espinaca, melón, lechuga romana, cebolla y zanahoria; además de tomate, pepino, chile pimiento, apio, espinaca y rábano. Una lista amplia que, en teoría, permitiría diversificar pequeños huertos domésticos. Sin embargo, más allá del anuncio, surgen las mismas interrogantes que en ejercicios anteriores. ¿Cuántas semillas se entregan realmente por familia? ¿Existe seguimiento para quienes deciden sembrarlas? ¿Hay acompañamiento técnico o todo queda en la entrega inicial? La experiencia previa muestra que este tipo de programas suele quedarse en una acción puntual: repartir sobres y dar por cumplido el objetivo. Sin capacitación, sin evaluación y sin continuidad, el impacto se diluye con el tiempo, quedando más como un gesto que como una estrategia sostenida. Las chicas de la selección femenil de futbol del Cobach 23 lograron la hazaña, se coronaron campeonas, en el Mundialito Futbolero de Media Superior. No tenemos conocimiento de algún apoyo que hayan recibido por parte de las autoridades locales, pero si ha quedado bien documentado que se han sabido colgar de esa medalla que no les corresponde. Felicidades a estas excelentes jugadoras que pusieron en alto el nombre de Tierra Nueva. Se nos termino el espacio por esta semana, pero el compromiso sigue en pie. Nos leemos la semana próxima.

A menos de quince días de que Tierra Nueva conmemore un aniversario más de su fundación, el ambiente previo a la fecha que debería ser motivo de orgullo y celebración colectiva se percibe más bien apagado. Resulta inevitable preguntarse qué está pasando con un municipio que presume con orgullo el título de Pueblo Mágico, pero que en la práctica parece avanzar con demasiada lentitud cuando se trata de fortalecer su identidad, su cultura y su capacidad de convocatoria.

Históricamente, los aniversarios de fundación han representado momentos importantes para recordar el origen de los pueblos, reconocer a quienes han construido su historia y, al mismo tiempo, proyectar una imagen positiva hacia visitantes y habitantes. Sin embargo, todo indica que este año la conmemoración pasará sin mayor trascendencia. De acuerdo con lo que se ha comentado entre habitantes y algunos sectores del municipio, no existe hasta el momento un programa atractivo que permita pensar en una celebración que realmente honre los más de tres siglos de historia de Tierra Nueva. Si acaso, se habla de colocar un ramo de flores y realizar una guardia de funcionarios frente a las placas que recuerdan la fundación del municipio, un acto simbólico que, aunque respetable, resulta claramente insuficiente para una fecha de esta importancia. La pregunta inevitable es por qué un aniversario que podría convertirse en una oportunidad para impulsar el turismo, la cultura y la convivencia social termina reducido a un acto protocolario. Más aún cuando Tierra Nueva intenta consolidarse como destino turístico bajo la denominación de Pueblo Mágico. Detrás de esta falta de entusiasmo también se percibe una realidad política que muchos ciudadanos comentan en voz baja: pareciera que para algunos grupos el interés principal sigue siendo el proyecto personal o el cálculo político, antes que el fortalecimiento de la vida pública del municipio. Un aniversario de fundación no debería ser un trámite administrativo ni un evento de rutina. Es una oportunidad para recordar quiénes somos como comunidad y hacia dónde queremos ir. Cuando esa oportunidad se desperdicia, el mensaje que queda es preocupante: que la historia del municipio pesa menos que las prioridades de quienes hoy toman decisiones. Tierra Nueva merece algo más que una ceremonia breve y un arreglo floral. Merece una celebración que esté a la altura de su historia y, sobre todo, del orgullo de su gente.

Hace unos día cayó un buen aguacero en esta zona, lo cual, sin duda alguna, es bastante beneficioso para los agricultores y ganaderos, por lo pronto no se vislumbra un estiaje como el de años anteriores, eso puede evitar que se llegue al saqueo del agua de la presa La muñeca.

Un aparatoso accidente ocurrido recientemente en el ramal que conecta la carretera 57 con la cabecera municipal volvió a encender las alertas entre los habitantes de la zona. El percance se registró prácticamente a la entrada del municipio y dejó como saldo varias personas lesionadas, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho. Más allá del impacto del accidente, lo que también llamó la atención fue la respuesta tardía de los servicios de emergencia. Testigos del incidente señalaron que pasaron varios minutos antes de que llegara apoyo al lugar, lo que generó inquietud entre quienes esperaban atención inmediata para las personas afectadas. Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con una capacidad de respuesta rápida por parte de las corporaciones encargadas de atender emergencias. Cuando se trata de accidentes de tránsito, cada minuto puede marcar una diferencia importante para la atención de los lesionados.

El ramal hacia la cabecera municipal es una vía constantemente transitada, por lo que no es extraño que ocurran incidentes viales. Precisamente por ello, se esperaría que existiera una coordinación eficiente y una reacción inmediata de las autoridades responsables de atender este tipo de emergencias. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, pero lo que sí está en manos de las autoridades es garantizar que la respuesta ante estas situaciones sea rápida, organizada y eficaz. Cuando eso no sucede, la preocupación entre la población crece, porque queda la sensación de que ante una emergencia el apoyo podría tardar más de lo esperado.

En la política local pocas cosas pasan por casualidad, y cuando ciertos movimientos comienzan a repetirse en redes sociales, la ciudadanía no tarda en sacar sus propias conclusiones. En Santa María del Río, cada vez son más los comentarios que señalan que se está utilizando cualquier espacio público o evento para posicionar la imagen de Osiris Díaz rumbo a una eventual candidatura a la presidencia municipal por Morena. La percepción se fortaleció recientemente luego de que en redes sociales se difundiera con insistencia su presencia en un encuentro de fútbol correspondiente a la llamada “Copa Santa María”. Fotografías, publicaciones y mensajes resaltando su asistencia comenzaron a circular, lo que para muchos habitantes no fue más que otra estrategia para mantener su nombre visible entre la población. Lo curioso es que el escenario elegido para ese posicionamiento tampoco atraviesa su mejor momento. La Copa Santa María, que durante años fue uno de los torneos deportivos más representativos del municipio, ha sido duramente criticada por la propia ciudadanía en redes sociales. Muchos consideran que esta edición ha dejado mucho que desear si se compara con las de años anteriores. Entre las principales críticas se encuentra el bajo nivel competitivo de los equipos participantes. Antes, el torneo lograba convocar escuadras de distintos puntos del estado e incluso de otras regiones, lo que elevaba la calidad de los encuentros. Hoy, según comentan aficionados, apenas se alcanza a reunir a equipos de municipios vecinos. A esto se suma la escasa promoción del evento, otro aspecto que también ha sido señalado por quienes recuerdan que en otras épocas la Copa Santa María generaba mayor expectativa entre la población y lograba atraer a más público. En ese contexto, no faltan quienes consideran que intentar capitalizar políticamente un evento que hoy enfrenta críticas no necesariamente resulta una estrategia acertada. Por el contrario, para muchos termina evidenciando la prisa con la que algunos actores buscan posicionarse rumbo a los próximos procesos electorales. Lo cierto es que en la política municipal cada gesto, cada fotografía y cada aparición pública se analiza con lupa. Y cuando la promoción personal comienza a notarse demasiado, es la propia ciudadanía la que termina señalándolo. Porque al final, más allá de las redes sociales, lo que realmente pesa es la percepción que se forma en la calle.

En días recientes, la alcaldesa de este municipio, Isis Díaz, reconoció públicamente que existen predios que se encuentran embargados por la autoridad municipal debido a créditos fiscales, es decir, por la falta de pago de impuestos por parte de algunos contribuyentes. El señalamiento no pasó desapercibido, pues abre una serie de cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio municipal.

Es posible que varios de estos casos no se hayan originado durante la actual administración, sin embargo, eso no exime a la autoridad en turno de revisar la situación y actuar en consecuencia. Cuando se trata de bienes relacionados con el patrimonio del municipio, la responsabilidad de dar seguimiento y buscar soluciones recae en quien actualmente encabeza el gobierno local. El reconocimiento del problema es apenas el primer paso. Lo que la ciudadanía espera ahora es conocer si existe una estrategia para recuperar esos predios o regularizar su situación legal y administrativa. De lo contrario, el tema quedará solamente como una declaración más, sin resultados concretos. Los embargos por créditos fiscales reflejan también un problema de cumplimiento en el pago de impuestos, pero al mismo tiempo representan recursos que, bien administrados, podrían formar parte del patrimonio municipal. Por ahora, la alcaldesa no ha precisado si su gobierno emprenderá acciones para recuperar esos bienes o qué medidas se tomarán para resolver estos casos. Y esa falta de claridad es precisamente lo que genera dudas entre la población.