Por El Jofrito

En Tierra Nueva ocurrió un operativo que, por la gravedad de lo encontrado y por el número de personas detenidas, debería haber encendido todas las alertas. Una edificación presuntamente utilizada como laboratorio clandestino fue asegurada y nueve personas quedaron detenidas para ser puestas a disposición de la autoridad federal. El dato no es menor. Nueve detenidos y un inmueble asegurado en territorio municipal hablan de una situación que rebasa cualquier incidente cotidiano de seguridad. Y mientras las investigaciones federales avanzan para establecer qué actividades se realizaban en el lugar, en el ámbito municipal parece que el reloj se quedó detenido. Lo curioso —y preocupante— es el silencio de la autoridad municipal. Hasta el momento no se conoce un posicionamiento público sobre un operativo de esta magnitud, pese a que ocurrió dentro del territorio que tiene bajo responsabilidad en materia de prevención y seguridad. No se trata de adjudicarse un operativo federal ni de adelantar conclusiones sobre lo que había dentro del inmueble.

Se trata, simplemente, de que ante un hecho de esta naturaleza la autoridad municipal no puede parecer ausente.Tierra Nueva no necesita autoridades que aparezcan únicamente para inaugurar obras, tomarse fotografías o presumir actividades. La seguridad también exige presencia, prevención, coordinación y, sobre todo, una postura pública cuando ocurre algo que puede impactar directamente a la población. Mientras nueve personas enfrentan un procedimiento ante la autoridad federal y un inmueble permanece asegurado, el gobierno municipal parece estar dormido. Y en materia de seguridad, dormir mientras otros hacen el trabajo resulta demasiado costoso para una comunidad que merece saber qué ocurre en su propio territorio. El silencio oficial, en un asunto de esta gravedad, termina siendo otra señal de alarma.

En Tierra Nueva, el regreso a clases volvió a poner sobre la mesa una realidad que ya dejó de ser sorpresa: hay escuelas que comienzan el ciclo escolar sin los maestros necesarios y familias que terminan haciendo el trabajo que debería corresponder a las instituciones responsables de garantizar la educación. En la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el grupo de sexto grado arrancó el ciclo 2026-2027 sin docente debido a una incapacidad que no ha sido cubierta. Para las familias, el panorama resulta todavía más preocupante ante la posibilidad de que los estudiantes permanezcan entre tres y seis meses sin clases regulares. Los carteles colocados afuera del plantel son la evidencia de una inconformidad que no apareció de la nada. Madres y padres nuevamente tuvieron que salir a reclamar algo tan elemental como un maestro frente al grupo. Y aquí está el verdadero problema: esto ya tiene antecedentes. En 2023 hubo protestas por la falta de docentes en tercero y cuarto grado. En 2024, alrededor de 150 estudiantes volvieron a resultar afectados por una situación similar. En 2026, la historia se repite. Tres años de señales debieron ser suficientes para que las autoridades educativas dejaran de tratar estas ausencias como situaciones aisladas. Una incapacidad no puede convertirse en una condena académica para un grupo completo. La burocracia, los trámites y la falta de previsión no deberían pagarlos los estudiantes con semanas o meses de aprendizaje perdido. Pero tampoco resulta suficiente que el Ayuntamiento encabezado por Pily Sánchez se mantenga al margen bajo el argumento de que la asignación de docentes corresponde al ámbito educativo estatal.

Por El Primo Feliciano

Los 14 mil pesos que muchos alcaldes quisieran convertir en promesa, entre ellos el de este municipio el cual con salarios de miseria tiene y mantiene su plantilla policial. La reforma constitucional que obliga a los ayuntamientos potosinos a garantizar un mínimo de 14 mil pesos netos mensuales a sus policías puso sobre la mesa algo que durante años se quiso esconder debajo de la alfombra: la seguridad municipal no puede construirse con discursos mientras quienes patrullan las calles sobreviven con salarios que difícilmente corresponden al riesgo de su trabajo. El problema es que una cosa es aprobar una reforma y otra muy distinta hacerla realidad. El Decreto 511 no dejó demasiado espacio para las simulaciones. Los 14 mil pesos son netos, no brutos. No basta con subir una cifra en el tabulador para presumir cumplimiento. Tampoco se vale aumentar una percepción mientras se elimina un bono, una compensación o una prestación que el policía ya recibía. La regla es sencilla: el elemento debe recibir efectivamente el ingreso mínimo establecido y no puede terminar ganando lo mismo —o incluso menos— mediante una maniobra presupuestal disfrazada de cumplimiento. De los 59 municipios, hasta el último reporte previo al vencimiento del plazo administrativo, solamente 10 habían acreditado el incremento ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Eso significa que 49 todavía no habían presentado la documentación correspondiente. No necesariamente significa que todos estén incumpliendo el pago, pero sí revela una realidad bastante incómoda: la reforma llegó y muchos gobiernos municipales no parecían tener lista la maquinaria administrativa para demostrar que estaban cumpliendo. El plazo de 120 días para realizar los ajustes normativos, administrativos y presupuestales terminó a mediados de agosto. Después vino el 31 de agosto, fecha establecida para acreditar documentalmente el pago correspondiente a 2026. Y ahí es donde habrá que poner especial atención, porque será muy sencillo para cualquier administración intentar convertir el cumplimiento constitucional en un ejercicio de contabilidad creativa. No se trata de que el policía vea 14 mil pesos escritos en un documento oficial. Se trata de que esos 14 mil pesos lleguen completos a su bolsillo. La reforma incluso establece que el monto deberá actualizarse conforme al valor de la UMA, lo que significa que el piso no puede quedarse congelado mientras aumentan los costos de vida.

Además, los municipios que ya pagaban más deberán conservar esas percepciones. Por eso, si algún ayuntamiento pretende resolver el asunto con maquillaje presupuestal, reduciendo compensaciones o desapareciendo prestaciones, tendrá que explicar por qué considera que cumplir la Constitución significa quitar dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro. Y tampoco hay que confundirse: que el Gobierno del Estado pueda celebrar convenios de coordinación con los municipios no significa que vaya a convertirse en pagador permanente de las nóminas municipales. La responsabilidad sigue siendo de los ayuntamientos. Ahora viene la parte que realmente debería preocupar a los alcaldes: la fiscalización. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas tendrán elementos para revisar no solamente lo que dice el tabulador, sino lo que realmente recibió cada policía. Y si aparecen irregularidades, podrán generarse observaciones y responsabilidades administrativas para los servidores públicos que resulten responsables. Así que el discurso de “ya cumplimos” tendrá que sostenerse con documentos, nóminas y transferencias reales.

Se nos terminó el espacio. Por esta semana fue todo, nos leemos la próxima en este mismo espacio.

Por El Jofrito

Si otra cosa no sucede, mañana arrancará la FERETI 2026, la Feria Regional de Tierra Nueva, presentada como la máxima festividad de este municipio y ligada a las fiestas patronales en honor a San Nicolás Tolentino.

Y sí, habrá música, puestos, luces y celebración. Pero detrás del ruido permanece una realidad mucho menos festiva: Tierra Nueva sigue sin aprovechar realmente la distinción de “Pueblo Mágico”. El nombramiento llegó con promesas de turismo, inversión, promoción y desarrollo. Sin embargo, con el paso del tiempo, pareciera que la etiqueta se quedó en el papel y el municipio continúa sin consolidar una oferta turística capaz de convertir ese reconocimiento en beneficios visibles para sus habitantes. La FERETI debería ser el gran escaparate de Tierra Nueva, el momento para presumir su historia, gastronomía, artesanías, tradiciones y atractivos.

Pero si la feria termina reducida a una cartelera de espectáculos y puestos comerciales, se habrá desperdiciado nuevamente la oportunidad. Porque organizar una fiesta es sencillo; construir un destino turístico requiere visión. Tierra Nueva no necesita solamente una feria ruidosa. Necesita que su condición de Pueblo Mágico deje de ser un título decorativo y comience a traducirse en turismo, inversión, empleos y mejores oportunidades. Mañana comienza la fiesta. Ojalá que, esta vez, también comience algo más.

Hay personajes que, con el paso del tiempo, terminan convertidos en una especie de referencia involuntaria. No porque hayan sido perfectos, mucho menos porque de pronto desaparezcan los cuestionamientos sobre su desempeño, sino porque quienes los sustituyen consiguen que hasta sus detractores comiencen a extrañarlos. Ese parece ser el curioso caso del padre Rubén. Durante su paso por la organización de las festividades de Tierra Nueva no fueron pocos los señalamientos que recibió. Se le criticaron decisiones, desatinos y, particularmente, ese insistente afán que muchos le atribuyeron de encontrarle al dinero una explicación prácticamente para todo. Su figura generó polémica y tampoco estuvo exenta de críticas.

Pero hay algo que, incluso quienes no simpatizaban con él, difícilmente pueden negar: sabía organizar la feria. Y ahí está la ironía. Hoy, cuando las autoridades municipales tienen en sus manos la organización de la FERETI, empiezan a escucharse voces que recuerdan aquellos años y aseguran que las fiestas estaban mejor organizadas cuando el padre Rubén llevaba las riendas. La memoria política y social suele ser caprichosa. Aquel personaje que ayer provocaba molestia, hoy aparece en las conversaciones como alguien que, al menos en materia de organización, tenía oficio. No se trata de borrar sus errores ni de convertirlo retrospectivamente en un ejemplo de administración. Sería absurdo. Los cuestionamientos que existieron siguen formando parte de la historia y no desaparecen porque ahora haya nostalgia.

Pero tampoco se puede negar la comparación. Una feria es mucho más que contratar grupos musicales, colocar escenarios y repartir espacios. Requiere logística, coordinación, seguridad, promoción, orden y, sobre todo, capacidad para conseguir que una celebración represente dignamente al municipio. Y precisamente ahí parece estar el problema actual. Tierra Nueva tiene la distinción de Pueblo Mágico, pero todavía no consigue explotar todo el potencial que debería representar. La feria tendría que ser uno de los principales escaparates para atraer visitantes, generar derrama económica y presumir las tradiciones del municipio. En cambio, si la organización deja más dudas que certezas, la comparación con el pasado resulta inevitable.

Por El Primo Feliciano

Los cateos realizados al sur del municipio, prácticamente en los límites con Guanajuato, no son un episodio aislado ni una anécdota policiaca más. Son, por el contrario, un golpe brutal a cualquier discurso oficial que pretenda vender la idea de que en el municipio todo marcha en orden. Tres inmuebles cateados. Tres puntos utilizados presuntamente como laboratorios para el procesamiento de droga. Once personas detenidas. Ese es el tamaño del operativo y también la dimensión del problema que durante demasiado tiempo se ha querido minimizar. Lo verdaderamente grave no termina en lo encontrado dentro de esos inmuebles. Lo preocupante es lo que revela sobre la capacidad de prevención y reacción de la autoridad municipal. Mientras fuerzas de seguridad de otros niveles ingresaban a propiedades, localizaban instalaciones presuntamente destinadas al procesamiento de drogas y detenían a once personas, la autoridad municipal parecía completamente ajena a lo que ocurría en su propio territorio.

Y aquí aparece nuevamente el problema de fondo: una corporación municipal debilitada, con agentes que ni siquiera perciben un salario digno, difícilmente puede convertirse en una barrera eficaz frente a organizaciones criminales que operan con recursos, logística y capacidad de fuego muy superiores. No se puede exigir seguridad de primer nivel con policías condenados a sobrevivir con sueldos raquíticos, sin las condiciones laborales, capacitación, equipamiento y respaldo institucional necesarios. Pero mientras esa realidad permanece, la administración municipal parece concentrada en otro espectáculo: mantener a la población entretenida con bailongos callejeros, celebraciones y actividades que sirven para generar fotografías, aplausos y una falsa sensación de normalidad. La estrategia de mantener a una población adormecida con fiesta mientras la inseguridad avanza resulta no solamente insuficiente, sino políticamente irresponsable. Porque mientras en las calles se escucha música y se organizan eventos, en el extremo sur del municipio aparecen inmuebles utilizados presuntamente para procesar droga. La diferencia entre ambas escenas es brutal. De un lado, la fiesta como distractor.

Del otro, la realidad de un territorio donde tres inmuebles terminaron convertidos en laboratorios y once personas fueron detenidas. Los hechos vuelven a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: la seguridad no se construye con discursos, propaganda ni bailongos. Se construye con policías dignamente pagados, inteligencia, prevención, coordinación y presencia permanente en las comunidades. Lo ocurrido en el sur del municipio deja además una señal política imposible de maquillar: mientras la autoridad municipal presume normalidad, la delincuencia organizada parece trabajar con mucha más seriedad y constancia. El municipio no puede seguir administrando la percepción mientras la realidad se deteriora. Tres cateos y once detenidos no son poca cosa. Son una fotografía incómoda de lo que ocurre cuando una autoridad decide mirar hacia otro lado mientras el problema crece.

Sin pena ni gloria terminó la FEREB, una feria que debió convertirse en escaparate para potencializar la imagen de este “Pueblo Mágico”, pero que terminó distinguiéndose por las broncas registradas durante sus actividades.

Lo que debía ser promoción, turismo y derrama económica terminó reducido a pleitos, desorden y una imagen poco alentadora para quienes visitaron el municipio. Una feria no se mide por el volumen de música ni por la cantidad de eventos, sino por la capacidad de proyectar lo mejor de un municipio. Y en esta edición, la organización quedó opacada por los conflictos.

El resultado fue una oportunidad desperdiciada. En lugar de fortalecer la marca turística del municipio, la FEREB terminó dejando una postal incómoda: mucha fiesta, pero poca proyección y demasiadas broncas.

Hay cosas que simplemente no cuadran. Y una de ellas ocurre en Tierra Nueva, donde el calendario avanza, los días se consumen y la FERETI 2026 está prácticamente encima, pero la información oficial sigue brillando por su ausencia. El próximo martes 1 de septiembre, si no ocurre otra cosa, deberá comenzar la Feria Regional de Tierra Nueva. Falta apenas una semana y, sin embargo, hasta el momento de elaborar esta columna, los habitantes no tienen claro qué les prepara el Ayuntamiento. No se conoce con precisión el programa de actividades, no se ha presentado una cartelera formal de artistas para el Teatro del Pueblo y tampoco existe información suficiente sobre los eventos que pretenden darle forma a esta edición de la feria. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿qué está pasando? Porque organizar una feria no es solamente colocar escenarios, contratar artistas y esperar a que llegue el día. Una celebración de esta naturaleza necesita planeación, promoción, seguridad, logística y, sobre todo, información para la ciudadanía. La gente de Tierra Nueva tiene derecho a saber qué se está organizando con anticipación. No debería enterarse de los eventos prácticamente cuando ya comenzaron, ni tener que depender de rumores, publicaciones aisladas o comentarios en redes sociales para conocer una celebración que pertenece a todo el municipio Además, la FERETI no es un evento cualquiera. Forma parte de las tradiciones de Tierra Nueva y está vinculada también con las fiestas patronales de San Nicolás Tolentino, por lo que existe un componente religioso, cultural y comunitario que tampoco debería quedar relegado. Lo preocupante es que mientras en otros municipios las carteleras se anuncian con semanas o incluso meses de anticipación, en Tierra Nueva parece que todo se maneja bajo una especie de misterio. Y si la organización ya está avanzada, entonces la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿por qué no informan? Si todavía no está lista, entonces también sería válido preguntarse por qué a una semana del arranque todavía existen tantas dudas. La ciudadanía no está pidiendo secretos. Está pidiendo información básica. La FERETI 2026 está a la vuelta de la esquina. El reloj sigue corriendo y la fecha ya está marcada en el calendario. Lo único que todavía no queda claro es qué feria tiene preparada el Ayuntamiento para Tierra Nueva. Y sería bueno que antes de que comiencen los festejos alguien se digne a explicarlo.

Hay fiestas patronales que se organizan pensando en la gente y hay otras que parecen quedar en segundo plano frente a los intereses políticos. Las celebraciones de Hacienda Vieja, en Tierra Nueva, dejaron precisamente una muestra de cómo, con organización y entusiasmo, se puede ofrecer una festividad capaz de atraer visitantes. El jaripeo y las actividades programadas lograron reunir a habitantes de distintas comunidades y, particularmente, a visitantes provenientes de Santa María del Río, donde el pasado 15 de agosto ocurrió algo que difícilmente puede pasar desapercibido: por primera vez en la cabecera municipal no se celebró el tradicional baile del día principal. Curiosamente, ese detalle no apareció precisamente como uno de los grandes temas de promoción de la alcaldesa Isis Díaz. Y mientras en Santa María del Río la fiesta patronal se quedó sin uno de sus principales atractivos, en Hacienda Vieja encontraron una alternativa para celebrar, convivir y mantener vivas las tradiciones. Pero hay algo todavía más interesante: mientras los ciudadanos esperan resultados, parece que en Santa María del Río hay otras prioridades políticas. Desde luego, habrá que preguntar si la promoción de Osiris, hijo de la alcaldesa, tiene algo que ver con el futuro político del municipio.

Hay cierres que se recuerdan por lo espectacular de la noche, por la música, por la gente y por ese último evento que deja a todos con la sensación de que valió la pena esperar un año. Y luego está la FEREB 2026. Desde el discurso oficial todo fue alegría, emoción, tradición y “grandes momentos”. Quince días que, según la narrativa institucional, hicieron de esta edición una celebración “inolvidable”. Y quizá tengan razón: inolvidable sí será, aunque no necesariamente por las razones que quisieran, la FEREB 2026 pasará a la historia por algo que nunca había ocurrido: no hubo Baile de Clausura. Sí, así terminó la feria. Sin ese evento que durante años representó uno de los momentos más esperados por habitantes de Santa María del Río y visitantes. Una tradición que, de pronto, simplemente desapareció del programa. Y mientras desde el discurso oficial se habla de una “gran fiesta”, en la calle queda la pregunta incómoda: ¿qué pasó?. Porque una feria no se mide únicamente por la cantidad de días que dura, sino por la calidad de lo que ofrece. Y si algo quedó claro en esta edición es que quince días no necesariamente significan quince días de éxito. La cartelera musical tampoco parece haber provocado precisamente una revolución. Agrupaciones poco conocidas ocuparon buena parte de los escenarios, mientras muchos asistentes se quedaron esperando esos nombres capaces de convertir una noche cualquiera en un verdadero acontecimiento. Pero el problema de fondo no es solamente quién cantó o quién no cantó. Es la facilidad con la que se pretende vender cualquier resultado como éxito. Se termina una feria sin su tradicional clausura y, aun así, el mensaje oficial habla de “una celebración inolvidable”, como si repetir una frase pudiera borrar las ausencias. Tal vez habría que preguntarse si la gente realmente salió satisfecha o si simplemente se está intentando construir una versión oficial de lo ocurrido. Porque una cosa es agradecer a las familias por asistir y otra muy distinta es escuchar lo que esas mismas familias tienen que decir. La FEREB 2026 sí hizo historia. Eso nadie se lo puede quitar. Fue la primera que terminó sin Baile de Clausura. Y quizá también sea la primera que obligue a preguntarse si la tradición, la calidad y las expectativas de la gente están siendo tomadas en serio. Al final, cuando se apagan las luces, se desmontan los escenarios y se van los vendedores, queda algo mucho más difícil de maquillar que un boletín oficial: la opinión de la gente. Y esa, por más que se quiera adornar con palabras como “alegría”, “emoción” y “gran fiesta”, no se puede redactar desde una oficina.

Finalmente comenzaron a conocerse detalles sobre el caso que conmocionó a Santa María del Río: un hombre habría dado muerte a su propio padre y a sus dos abuelos, presuntamente con ayuda de dos amigos. Lo más inquietante del caso no es solamente la violencia, sino el posible motivo detrás del triple homicidio: una herencia. Terrenos que, de acuerdo con las primeras versiones, habrían estado en el centro de la disputa y que terminaron convirtiéndose en el supuesto móvil de una tragedia familiar. El presunto responsable trabajaba en una bodega del Centro de Abastos, en la capital potosina, una vida aparentemente común que ahora queda marcada por una investigación criminal. Tres vidas fueron arrebatadas dentro del mismo entorno familiar por un interés económico que, de confirmarse, resulta tan frío como brutal. Porque al final, ningún terreno, ninguna propiedad y ninguna herencia pueden valer más que una vida. Y cuando el dinero se convierte en motivo para matar a la propia familia, queda claro que la tragedia comenzó mucho antes de que ocurriera el crimen.

Por El Jofrito

Si algún tema merece ya un lugar en el libro de los récords de San Luis Potosí, ese es El Realito. No porque sea una obra ejemplar ni porque haya resuelto el problema del agua en la capital, sino porque lleva años convirtiéndose en sinónimo de fugas, rupturas, promesas, sanciones, anuncios y, sobre todo, paciencia ciudadana. Ahora resulta que desde la Comisión Nacional del Agua analizan dos caminos: rescindir el contrato o exigir que la empresa concesionaria repare cerca de doce kilómetros del acueducto que, dicho sea de paso, parecen ser apenas una parte de una infraestructura que ha dado más dolores de cabeza que litros de agua. La presidenta Claudia Sheinbaum también puso el tema sobre la mesa. Reconoció que el sistema está concesionado y que incluso se estudia la posibilidad de que el Gobierno Federal asuma su operación. Mientras tanto, la prioridad es reparar lo indispensable para que el agua vuelva a llegar con cierta regularidad. Suena bien, el problema es que los potosinos llevan años escuchando exactamente lo mismo, aunque con distintos protagonistas. Cada administración promete ahora sí poner orden. Cada director anuncia estudios, mesas técnicas, revisiones jurídicas, sanciones millonarias y planes de rescate. Cambian los nombres, cambian los funcionarios, cambian los discursos… pero El Realito permanece fiel a su costumbre de romperse cuando menos se espera. Es una historia tan repetida que ya perdió capacidad de sorprender. La noticia dejó de ser que el acueducto falló; la verdadera noticia sería que funcionara doce meses consecutivos sin interrupciones. Y mientras en las oficinas se habla de concesiones, litigios y modelos de operación, la realidad es mucho más sencilla. Hay colonias donde abrir la llave se ha convertido en un acto de fe. Familias que ya no preguntan si habrá agua mañana, sino cuántos días durará la siguiente suspensión. Lo curioso es que todos parecen tener claro cuál es el problema, pero nadie termina de resolverlo. La empresa señala una cosa, las autoridades otra y, entre ambas versiones, los ciudadanos siguen comprando pipas, almacenando agua en tambos y modificando su rutina cada vez que el suministro desaparece. Quizá la discusión sobre quién debe operar El Realito sea importante desde el punto de vista administrativo. Pero para la gente ese debate resulta secundario. Al usuario poco le importa si el agua llega gracias a una concesionaria, al Gobierno del Estado o a la Federación. Lo único que espera es abrir la llave y que salga agua. Por eso cualquier anuncio debe ir acompañado de resultados y de plazos concretos. Porque los potosinos ya escucharon demasiadas veces que “ahora sí” habrá una solución definitiva. Y cada “ahora sí” terminó convertido en una nueva ruptura, otra reparación de emergencia y otro comunicado explicando por qué el servicio volverá… dentro de algunos días. Tal vez haya llegado el momento de dejar de administrar el problema y empezar, de una vez por todas, a resolverlo. Porque El Realito ya no necesita más conferencias, más diagnósticos ni más promesas. Necesita funcionar y esa, paradójicamente, parece haber sido siempre la parte más difícil.

En tiempos en los que las prisas parecen ganarle terreno a las costumbres, todavía existen lugares donde el calendario no lo marcan las redes sociales ni las tendencias pasajeras, sino las campanas del templo y las fiestas patronales. Uno de esos sitios es el Barrio Las Ánimas, en Tierra Nueva, donde cada julio la comunidad vuelve a encontrarse alrededor de una celebración que ha sobrevivido al paso de los años. Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen son mucho más que un programa artístico. Son el pretexto perfecto para que regresen quienes viven fuera, para que las familias se reúnan, para que los niños disfruten de juegos y espectáculos, y para que los adultos revivan esos recuerdos.

Por El Primo Feliciano

Gobernar implica mucho más que inaugurar pequeñas acciones y presentarlas como grandes logros. La ciudadanía distingue perfectamente la diferencia entre una obra que transforma un municipio y las labores de mantenimiento que cualquier administración está obligada a realizar. En Santa María del Río esa diferencia parece haberse difuminado en el discurso oficial. Durante los últimos años se ha insistido en destacar como “grandes obras” el bacheo de calles, la pavimentación de algunos tramos secundarios, el revestimiento de caminos rurales, la instalación de luminarias o las constantes promesas de que ahora sí quedará resuelto el problema del agua potable. Nadie discute que esas acciones sean necesarias; lo cuestionable es pretender colocarlas al nivel de proyectos que realmente cambien el rostro del municipio. La percepción de buena parte de la población es que Santa María del Río continúa esperando una obra emblemática que marque un antes y un después para el llamado Pueblo Mágico. Una inversión importante en infraestructura, movilidad, desarrollo urbano o servicios públicos que trascienda el periodo de gobierno y beneficie a las futuras generaciones. Hasta ahora, esa obra simplemente no aparece. A ello se suma un desgaste político provocado por las diferencias internas que, desde hace meses, se atribuyen a los distintos grupos que disputan espacios de poder dentro de la administración. Cuando la atención se concentra en los conflictos internos, inevitablemente se descuida la gestión pública y las prioridades de la ciudadanía pasan a segundo plano. El tiempo tampoco juega a favor. A la actual administración le resta poco más de un año para entregar el gobierno y el margen para cambiar la percepción ciudadana se reduce conforme avanza el calendario. En política, la memoria del elector suele construirse a partir de resultados tangibles, no de discursos ni de campañas de difusión. También resulta inevitable preguntarse por la escasa obra federal destinada a un municipio gobernado por un partido afín al Gobierno de México. Muchos habitantes esperaban que esa coincidencia política facilitara la llegada de recursos extraordinarios para carreteras, infraestructura turística o proyectos estratégicos. Hasta ahora, esas expectativas tampoco se han materializado. Santa María del Río necesita más que mantenimiento urbano. Necesita visión de largo plazo, proyectos de impacto y gestión efectiva de recursos. Porque gobernar no consiste únicamente en administrar lo cotidiano, sino en dejar un legado que pueda verse, medirse y recordarse cuando termine el periodo constitucional.

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Por El Primo Feliciano

Hay trámites que solemos dejar para después. No porque sean complicados, sino porque siempre pensamos que habrá tiempo. La credencial para votar suele entrar en esa lista. “La saco el próximo mes”, “cuando venga el módulo”, “cuando tenga un rato”. Y así pasan los meses… o los años. Por eso vale la pena aprovechar cuando el Instituto Nacional Electoral instala módulos itinerantes en los municipios. No ocurre todos los días y, para muchas personas, representa la posibilidad de realizar un trámite sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. En Santa María del Río esa oportunidad estará disponible hoy lunes 13 de julio, cuando el módulo de atención del INE brindará servicio en las instalaciones de la Casa DIF, donde los ciudadanos podrán realizar diversos trámites relacionados con su credencial. No se trata únicamente de obtener la identificación por primera vez. También es el momento adecuado para renovar una credencial vencida, actualizar el domicilio, corregir datos personales, reponer el documento en caso de extravío o solicitar su reemplazo cuando presenta deterioro. Más allá de su función para participar en los procesos electorales, la credencial del INE se ha convertido en el documento de identificación más utilizado en el país. Se solicita para abrir cuentas bancarias, realizar trámites oficiales, contratar diversos servicios e incluso para múltiples gestiones de la vida cotidiana. Por eso, mantenerla vigente evita contratiempos cuando surge algún trámite inesperado. Como ocurre en cada visita del módulo, es importante acudir con la documentación requerida para que el proceso pueda realizarse sin contratiempos. Una revisión previa de los requisitos puede ahorrar tiempo y evitar regresar otro día. En ocasiones, las jornadas itinerantes pasan desapercibidas hasta que concluyen. Después llegan las prisas, las filas en otros municipios y los viajes que pudieron evitarse. FEREB 2026 comenzó a tomar forma entre expectativa y tradición. El Jardín Principal volvió a convertirse en el punto de encuentro de quienes esperan con entusiasmo la llegada de la Feria del Rebozo. La mañana del domingo marcó el arranque oficial de la FEREB 2026 con la presentación de los primeros detalles de lo que será la máxima celebración del municipio, un evento que año con año reúne a familias, visitantes y sanmarienses que regresan para reencontrarse con sus raíces. La jornada estuvo marcada por la expectativa. Uno de los momentos más esperados fue la revelación del cartel oficial de la feria y de la cartelera del Teatro del Pueblo, elementos que comienzan a definir el ambiente que se vivirá durante las festividades de agosto. Pero, sin duda, uno de los instantes que mayor interés despertó entre los asistentes fue la presentación de las jóvenes que buscarán convertirse en Reina FEREB 2026. Con ello quedó oficialmente abierto uno de los certámenes más representativos de la feria, una tradición que, más allá de la competencia, busca reconocer el entusiasmo y la participación de las jóvenes que representan a sus comunidades y al municipio. La presentación también sirvió para recordar que la FEREB es mucho más que una cartelera artística. Se trata de una celebración que reúne actividades culturales, deportivas, religiosas, gastronómicas y recreativas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes del calendario local. A partir de ahora comenzará la cuenta regresiva hacia una nueva edición de la feria, mientras la organización afina los últimos detalles para recibir a cientos de visitantes. Con el cartel presentado, las candidatas ya dadas a conocer y el programa artístico tomando forma, la FEREB 2026 empieza a perfilarse como uno de los eventos más esperados por los habitantes de este “Pueblo Màgico” y por quienes cada año encuentran en esta celebración un motivo para volver a casa.

Hay una frase que suele repetirse cada vez que se presentan cifras, operativos, decomisos o ruedas de prensa oficiales: “San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y coordinación en materia de seguridad”. El problema es que, fuera del discurso institucional, la realidad cotidiana empieza a contar una historia distinta. La violencia no se detiene. Las ejecuciones continúan. Las desapariciones mantienen en incertidumbre a familias enteras. Las carpetas de investigación envejecen en escritorios. Y mientras eso ocurre, desde el aparato oficial persiste una narrativa de control que cada vez encuentra menos eco entre quienes viven el problema. No se trata de negar que existan operativos, patrullajes o detenciones. Sería incorrecto hacerlo. El cuestionamiento está en otra parte: ¿por qué, si todo funciona como se presume, los hechos violentos siguen ocupando la conversación diaria? La semana volvió a dejar escenas que difícilmente encajan con el discurso triunfalista. En Tamuín, menos de veinticuatro horas bastaron para acumular tres hechos violentos de alto impacto. Primero, una mujer, adulta mayor, asesinada dentro de una tienda de abarrotes. Después, un hombre atacado en su domicilio que sobrevivió de gravedad. Más tarde, otra mujer privada de la vida en la colonia Hidalgo. La respuesta oficial fue la conocida: despliegue, operativo, persecución y comunicado. “Son delincuentes foráneos”, según el inepto titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez, que para dar justificaciones se pinta solo, pero lo que en realidad debe dar son buenos resultados. La Guardia Civil Estatal informó que durante el despliegue posterior fue atacada y repelió la agresión, con saldo de un presunto agresor abatido. Pero más allá del resultado inmediato aparece una pregunta incómoda: ¿cómo llegó el municipio a concentrar varios hechos violentos en cuestión de horas? Porque cuando la explicación termina siendo que “personas provenientes de otros estados intentan ingresar para delinquir”, la sensación que queda es que el problema siempre está afuera y nunca dentro. Y quizá sí exista presión externa. Pero también existe una responsabilidad interna: prevenir, contener y anticipar. La seguridad pública no puede medirse únicamente por la capacidad de responder cuando ya hubo muertos. También está la capacidad de evitar que ocurra. En la capital potosina tampoco fue una semana para presumir indicadores. En la colonia Rural Atlas, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Neptuno. Otra escena conocida: detonaciones, acordonamiento, peritos, levantamiento de indicios e investigación abierta. La secuencia ya parece protocolo automático. Sucede el crimen. Llegan patrullas. Se instala cinta amarilla. Se abre carpeta. Se promete investigación. Y después, silencio.

Porque si algo empieza a convertirse en reclamo recurrente ya no es únicamente la violencia, sino la lentitud con que avanzan los casos. La Fiscalía General del Estado enfrenta cada vez más cuestionamientos por expedientes detenidos, investigaciones que no llegan a ninguna parte y víctimas que terminan convirtiéndose en investigadoras de sus propios asuntos. Uno de los casos que más indignación generó en días recientes fue el de una mujer que acudió directamente a exigir respuestas sobre una denuncia presentada hace más de cuatro años relacionada con la sustracción de su hija. La denuncia fue iniciada el 24 de marzo de 2023. Tres años después, la respuesta sigue sin llegar. Lo más delicado no es únicamente el tiempo transcurrido. De acuerdo con el señalamiento público realizado por la denunciante, durante ese periodo habría existido incluso un informe donde supuestamente se asentó una entrevista que —según su versión— jamás ocurrió. La confrontación terminó dentro de instalaciones oficiales. La mujer grababa. Le retiraron el teléfono. Y el expediente siguió igual. Más allá de lo que determinen los procesos internos, el episodio deja una pregunta devastadora: ¿qué siente una persona cuando descubre que el sistema al que acudió para buscar justicia parece conocer menos su caso que ella misma? Hay familias que no piden privilegios. Piden movimiento. Piden llamadas. Piden diligencias. Piden que alguien abra el archivo. Y mientras eso ocurre, otro fenómeno sigue creciendo silenciosamente: la desaparición. La búsqueda de Rubí Carrizalez Araiza continúa generando llamados ciudadanos después de haber sido vista por última vez en Puerta Real. En estos casos, las familias ya aprendieron algo doloroso: las primeras horas valen más que cualquier conferencia posterior. Difundir, buscar, mover redes, salir, insistir. Porque existe una percepción instalada entre muchos colectivos: si ellos no presionan, el tiempo simplemente pasa y cuando el tiempo pasa, el desenlace puede convertirse en tragedia, como ocurrió con el joven que había sido reportado como desaparecido y posteriormente fue localizado sin vida en el camino entre Cárdenas y La Labor. Primero apareció la ficha, luego los mensajes, después las cadenas de ayuda y finalmente el hallazgo. Cada caso de este tipo deja una pregunta que nunca encuentra respuesta pública suficiente: ¿qué ocurrió entre el momento en que desapareció y el momento en que fue encontrado? Pero también deja otra reflexión incómoda. Las redes sociales se están convirtiendo en una extensión informal del sistema de búsqueda. Familias publicando, ciudadanos compartiendo, grupos organizándose. Mientras las instituciones siguen ritmos más lentos.

En Soledad ocurrió otro episodio que retrata otra cara del problema. Una riña terminó con un joven muerto en Rancho Pavón. Llegó el operativo, patrullas, movilización. Hay versiones de personas detenidas luego del crimen, además de allanamiento de viviendas, todo en el despliegue posterior.

Pero otra vez aparece la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos llegando después? Hay una diferencia enorme entre reacción y prevención, y el problema de depender exclusivamente de la reacción es que siempre habrá alguien que ya perdió. Al final, el debate ya no gira solamente alrededor del número de patrullas o del volumen de operativos. La discusión empieza a colocarse en otro terreno. Porque cuando la ciudadanía deja de creer que denunciar sirve, el daño institucional es mucho más profundo que cualquier estadística. Porque cuando una madre espera años. Cuando una familia busca sola. Cuando una ejecución deja de sorprender. Cuando una desaparición obliga a movilizar redes antes que instituciones, entonces el problema ya no es solamente de seguridad, es de credibilidad. Recuperar la credibilidad siempre cuesta más que presentar resultados. Porque mientras una versión presume avances y la otra cuenta muertos, desaparecidos y expedientes detenidos, alguien está dejando de ver la realidad completa.