La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 14 horas, en la que se determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la jueza Nora Ileana García Peralta concluyó que hay indicios sobre la presunta participación de la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en la transferencia de 2 millones 589 mil dólares de origen presuntamente ilícito desde el extranjero hacia territorio mexicano.

Como parte de su resolución, la juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y programó la audiencia intermedia para el próximo 9 de noviembre de 2026.

Asimismo, se prevé que este jueves se lleve a cabo una nueva audiencia para analizar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se definirá si Gilda Lozoya enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva justificada.

Las investigaciones de la FGR sostienen que la cuenta bancaria utilizada para triangular recursos relacionados con presuntos sobornos del caso Agronitrogenados fue cedida por Emilio Lozoya a su hermana. Según las indagatorias, esa cuenta habría servido para recibir y movilizar recursos vinculados con la operación mediante la cual Petróleos Mexicanos adquirió la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

De acuerdo con la acusación, el esquema financiero habría permitido triangular aproximadamente 3.5 millones de dólares que presuntamente fueron entregados por Altos Hornos de México (AHMSA) y su entonces propietario, Alonso Ancira, con el propósito de favorecer la compra de la planta por parte de Pemex a un precio superior a su valor. Parte de esos recursos, según las autoridades, habría sido utilizada posteriormente para adquirir una residencia con un valor aproximado de 38 millones de pesos en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

Al término de la audiencia, el abogado defensor de Gilda Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, cuestionó el desarrollo del procedimiento judicial y afirmó que existe un “hostigamiento claro” contra su representada.

El litigante sostuvo que las autoridades federales mantienen una intención de encarcelarla de manera anticipada y declaró: “Tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada que no me parece que sea ni correcta ni pulcra; hasta querían violar la ley para encarcelarla en pleno procedimiento”.

El defensor también denunció presuntas irregularidades ocurridas durante la audiencia. Explicó que la jueza ordenó un receso mientras emitía su resolución y señaló: “Nos llamó la atención que, en plena resolución, llamaran al teléfono del auxiliar de sala para suspender la audiencia y para que se retirara una hora. Alegaron un problema técnico, pero nunca llegó ningún técnico a la sala”. Además, sugirió que podrían existir presiones externas derivadas de las recientes declaraciones públicas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este caso.

En ese contexto, Rojas Pruneda expresó: “Nos llamó mucho la atención que en este periodo hubo varias manifestaciones respecto del caso de mi representada por la máxima autoridad de este país”, al tiempo que manifestó su confianza en que la autoridad judicial resuelva las medidas cautelares con independencia y sin influencia de factores externos.

Gilda Susana Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones, aunque sostuvo que el procedimiento en su contra responde a motivaciones políticas y afirmó que se ha utilizado a las mujeres de su familia para presionar a su hermano Emilio Lozoya.

• La militancia en el partido, que se mantiene vigente por el momento.
• La separación del cargo, que ya fue aplicada como medida preventiva.

El mensaje fue directo: lo prioritario es la atención al pueblo de Sinaloa, independientemente del proceso interno que siga el partido.

“No somos la piñata de nadie”

La presidenta de Morena advirtió con firmeza que el partido no permitirá injerencias externas en sus procesos internos, ni se convertirá en factor de la elección de noviembre en Estados Unidos, ni tolerará intromisiones en el proceso electoral mexicano de 2027.

Fiscalía General, el siguiente paso

El partido informó que la Fiscalía General de la República ya inició investigaciones relacionadas con el caso. Los señalados han sido citados y han acudido a comparecer. Morena indicará que esperará los resultados antes de tomar cualquier determinación sobre la permanencia de sus militantes.

Los pasos a seguir según el partido son:

• Esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía.
• Evaluar las pruebas que se presenten formalmente.
• Decidir sobre la expulsión solo con base en evidencia documentada.

¿Qué sigue para Rocha Moya?

El futuro político de Rubén Rocha Moya dentro de Morena dependerá directamente de lo que arrojen las investigaciones ministeriales. Por ahora, el partido mantiene una postura de cautela, rechazando actuar únicamente con base en señalamientos y advirtiendo que no permitirá que el caso sea usado como herramienta de presión política o de interferencia electoral.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Sinaloa informó este lunes que recibió un reporte del secuestro de una persona en la comunidad de Aguaruto, colindante con la ciudad de Culiacán, y ante ello, varios agentes desplegaron un operativo de búsqueda.

Ante la persecución de la Policía, señaló la nota, «la presunta persona privada de la libertad fue asesinada por sus captores», mientras que «un agresor fue abatido, otro fue capturado tenida y los agentes buscan a otro presunto secuestrador».

Según versiones preliminares, la persona secuestrada fue víctima de un presunto ‘levantón’ y asesinada por los secuestradores durante la persecución.

El operativo participaron agentes del Ejército mexicano, policía estatal y municipal, quienes ubicaron a los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca del Centro Penitenciario de Aguaruto.

Los hechos ocurrieron en Sinaloa, estado que desde septiembre de 2024 enfrenta una ola de violencia ligada a disputas internas del crimen organizado, con Culiacán como uno de los principales focos de enfrentamientos, desapariciones, bloqueos y operativos federales.

En los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas también han protagonizado diversos operativos por todo el país para debilitar a los grupos criminales y sus fuentes de financiación, en medio de la presión del Gobierno estadounidense para intensificar las acciones en esta materia.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobernador de Sinaloa, quien se ha apartado temporalmente del cargo, Rubén Rocha Moya, permanece en ese estado mexicano en medio de la acusación de Estados Unidos en su contra por supuestamente colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

Las acciones se realizaron en distintos puntos del municipio, donde corporaciones estatales y de investigación desplegaron trabajos de vigilancia que derivaron en la localización de los presuntos implicados. El operativo permitió intervenir de manera simultánea en varios sitios, logrando el aseguramiento de los sospechosos. Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego, cargadores y diversas dosis de droga con características similares a marihuana y cristal. Además, fueron aseguradas tres camionetas que contaban con reporte de robo vigente, lo que refuerza las líneas de investigación sobre posibles actividades delictivas en la zona.

De forma preliminar, los detenidos habrían señalado su vínculo con un grupo criminal, situación que ahora será verificada dentro de las investigaciones en curso por parte de las autoridades competentes. Los nueve individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas. Este hecho vuelve a evidenciar la presión operativa que se mantiene en Villa de Reyes, un municipio que en los últimos meses ha registrado constantes intervenciones por parte de las corporaciones de seguridad.

Derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia realizados de manera permanente por la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, durante la última semana se logró la detención de tres personas, como resultado de las acciones preventivas implementadas en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con el titular de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que dos de las personas fueron aseguradas por posesión de sustancias ilícitas, mientras que una más fue detenida en atención a denuncias relacionadas con hechos de violencia y agresión, por lo que estas acciones contribuyen a la atención oportuna de situaciones que afectan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, Valdivia Carranza señaló que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de dar el seguimiento correspondiente conforme a la ley y determinar su situación jurídica, para garantizar en todo momento el debido proceso.

El titular de la corporación mencionó que estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia que se mantiene activa en colonias y zonas prioritarias, con el objetivo de prevenir conductas delictivas, atender reportes ciudadanos y fortalecer la presencia de las autoridades en el municipio, por lo que reiteró el compromiso de la Guardia Civil Municipal de dar continuidad a los trabajos de seguridad para brindar tranquilidad a las y los habitantes.

De acuerdo con la información disponible, al lugar acudieron elementos de la policía municipal y personal de urgencias médicas, quienes, en coordinación con voluntarios presentes en la zona, implementaron las maniobras necesarias para lograr el rescate del joven.

Tras ser puesto a salvo, se confirmó que el menor presentaba epistaxis, así como diversas contusiones derivadas de la fuerte caída, por lo que recibió atención prehospitalaria en el sitio.

Debido a la naturaleza de sus lesiones, el afectado fue trasladado de manera inmediata a un hospital para su valoración médica y seguimiento clínico.

Los siete desaparecidos que según la información de sus familiares son hombres de entre 19 y 38 años fueron identificados como:

• Ángel Daniel Pérez López
• Miguel Ángel Pérez Olivo
• Omar Godoy Galván
• Jaciel Zapata García
• Said Hernán Olvera
• Celso López González
• Macario Torres Castillo

El lunes 16 de marzo, los 7 hombres originarios de Cárdenas, viajaron rumbo a Matehuala por trabajo, como electricistas era frecuente que se trasladaran a distintos lados declararon las familias. Fueron contratados por una empresa particular.

Según los reportes, la mañana del sábado 21 de mazo fue la última vez que se tuvo comunicación con los jóvenes, en donde declararon que su labor había terminado, quienes volverían a Cárdenas con su familia mediante la carretera Matehuala-Cárdenas en una camioneta que llevaba maquinaria y material.

Fueron vistos por última vez la mañana del sábado 21 de marzo, cuando viajaban por la carretera 57 a la altura del kilómetro 8.

Cuando dejaron de responder sus celulares, los familiares empezaron a preocuparse ante la falta de información de su paradero, en redes sociales, la cuenta del equipo de fútbol Deportivo Cali FC publicó las fotos y solicitó su búsqueda (algunos de los desaparecidos están ensu grupo).

A pesar de que se ha señalado que no existían amenazas previas, familiares indicaron a medios locales que una persona ajena al grupo les alertó de que podrían ser víctimas de una posible privación ilegal de la libertad, pero no tienen información detallada del lugar en el que ocurrió o quienes podrían estar detrás de esta situación.

Las familias han señalado que, por ahora, no han recibido algún tipo de información oficial por parte de las autoridades estatales, aunque han exigido que sean buscados desde el último punto del que se tuvo conocimiento del que fueron vistos.

La mañana del lunes 23 de marzo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas San Luis Potosí difundió las fichas de búsqueda de los siete electricistas desaparecidos.

El caso fue difundido el pasado 9 de marzo por testimonios de la misma Evelyn, quien decidió no quedarse callada. Indicó que la mañana del 6 de marzo regresaba de dejar a su hijo en la escuela cuando justo al cerrar el portón, un sujeto se le metió a la fuerza, la sometió y abrió la puerta para que entraran otros tres hombres vestidos de negro.

El ataque brutal
La amarraron, la golpearon y mientras unos la mantenían sometida, otros vaciaban la casa: dinero, joyas, ahorros y todo. Pero además del robo, hubo fuertes amenazas.

“Si no cooperas, vamos por tu hijo… sabemos cómo se llama y a qué escuela va”, le dijeron.
Ese momento, según ella misma relató, fue el peor. Ya no solo temía por su vida, sino por la de su hijo.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron a varios de los agresores, incluyendo al primero que la interceptó con un chaleco fosforescente. Esas imágenes fueron clave para identificar a los individuos.

Tras denunciar ante la Fiscalía del Estado de México y hacer público el video, las investigaciones se aceleraron y ahora ya hay tres detenidos.

Ahora falta dar con todos los implicados y esclarecer completamente lo ocurrido. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

La dependencia alertó sobre el uso indebido de los servicios de emergencia, luego de detectarse llamadas improcedentes, como bromas o reportes falsos, las cuales, en casos reincidentes, han derivado en denuncias ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la normatividad vigente, realizar este tipo de llamadas constituye un delito penal, sancionado con penas de uno a cuatro años de prisión y multas económicas que van de 100 a 400 días de salario mínimo.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, señaló que, aunque se ha registrado una disminución en el promedio de llamadas falsas a las líneas de emergencia, aún persisten reportes no procedentes que afectan el funcionamiento óptimo de la atención a incidentes reales.

Indicó que cada llamada improcedente implica el uso de recursos humanos y técnicos, así como la ocupación de tiempo operativo, lo que puede retrasar la atención de situaciones de riesgo real, poniendo en posible peligro la vida o integridad de personas que requieren auxilio inmediato.

Ante este panorama, la SSPCE reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de las líneas de emergencia, reservándolas exclusivamente para casos reales, a fin de garantizar una respuesta oportuna cuando se presenta una situación crítica.

El funcionario explicó que, aunque el personal ha implementado estrategias para administrar el flujo de llamadas, los registros muestran que cientos de reportes improcedentes terminan convirtiéndose en miles de comunicaciones mensuales que no corresponden a emergencias reales.

Juárez Hernández detalló que las llamadas falsas tienen diversos orígenes, que van desde juegos y bromas de menores de edad hasta acciones realizadas de manera deliberada para distraer a las corporaciones de seguridad y auxilio. Señaló que, en casos de reincidencia, estas conductas ya generan consecuencias legales, mediante la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

El principal riesgo de esta situación, explicó, no se limita al impacto operativo, sino al tiempo de respuesta para personas que enfrentan emergencias reales, como accidentes viales o eventos médicos críticos, cuyas llamadas pueden no ingresar al sistema cuando las líneas están ocupadas.

A pesar de este panorama, la SSPCE indicó que se mantiene la política de atender todas las llamadas que ingresan al 911, bajo el criterio de que ninguna solicitud de auxilio puede ser descartada de manera inmediata, aun cuando exista duda sobre su veracidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del número de emergencias, con el fin de garantizar su disponibilidad para quienes realmente lo necesitan.