Miembros de la bancada del PAN advierten que, en caso de que la reforma se apruebe al pie de la letra, los productores mexicanos enfrentarán graves afectaciones
Este miércoles, los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento iniciaron la discusión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas, un tema que ha generado controversia nacional.
Con un tiempo de tres minutos por participante, los diputados expusieron sus argumentos sobre la pertinencia de que el dictamen avance en la Cámara Baja. Por su parte, legisladores del PRI, PAN y MC detallaron las razones por las que, aseguran, se debe detener su aprobación y optar por un análisis más profundo.
Desde Morena, la diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno explicó que la aprobación de la Ley General de Aguas, mandato vigente desde este año para cumplir con el artículo 4 constitucional, permitiría atender las demandas del pueblo mexicano y legislar en su beneficio.
En contraste, señaló que la Ley de Aguas Nacionales vigente, elaborada en 1992, responde a una visión en la que el agua era para unos cuantos, lo que propició el acaparamiento y la sobreexplotación de mantos acuíferos, además de fomentar un mercado negro del agua.
“¿Qué pasaría si continuáramos con esta ruta por diez años más? Estaríamos frente a una crisis hídrica catastrófica. Por eso, es de celebrarse que aprobemos una ley que corrija sustancialmente esta visión de acaparamiento”, destacó.
“Aquí lo disfrazan de correcciones, pero en realidad evidencia un grave error de origen. Con 90 cambios no corrigieron lo esencial: no se garantiza la transmisión de derechos del agua, ni la herencia del pozo o del territorio como patrimonio, porque sigue condicionado”, afirmó.
La discusión del dictamen ocurre en un contexto de alta tensión política y social, pues desde primeras horas de este miércoles diversas agrupaciones de productores y campesinos mantienen movilizaciones en carreteras, puentes internacionales y en la capital del país, con la intención de retomar los bloqueos si sus demandas no son atendidas por los legisladores.
