El Senado de México aprobó la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, tras un extenso debate que concluyó con el envío del proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para su publicación. Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, la cámara alta respaldó el dictamen remitido previamente por la Cámara de Diputados, lo que permitirá establecer nuevas directrices para el acceso, uso y gestión del recurso hídrico en el país.
La votación, realizada en dos etapas, contó primero con el respaldo mayoritario al proyecto original. Posteriormente, se sometieron a discusión diversas reservas presentadas por senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, que buscaban modificar artículos específicos de la propuesta. Estas propuestas de cambio fueron rechazadas y el documento se aprobó conforme estaba planteado, con 82 votos a favor y 34 en contra en la votación particular.
El nuevo marco legal establece las bases, apoyos y modalidades para un acceso equitativo y sustentable al agua, reconociendo su carácter de derecho humano y su conexión con otras garantías individuales. La ley contiene disposiciones orientadas a garantizar el consumo personal y doméstico, la disposición y el saneamiento del agua, en línea con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México.
Además, el proyecto aprobado define los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para la tutela y gestión del recurso, así como los procedimientos para la participación social en la toma de decisiones y en las acciones de preservación. El documento incorpora criterios de equidad de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracionalidad, enfoque ecosistémico y atención a la diversidad etaria en la gestión y gobernanza del agua.
Ley General de Aguas, estos son los puntos clave
- Reconoce de manera expresa el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
- Determina que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua.
- Elimina la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares.
- Las concesiones de agua que no sean utilizadas serán recuperadas por Conagua para su reasignación.
- Incorpora un catálogo de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio.
- Establece bases de políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en la gestión del agua.
- Introduce el concepto de responsabilidad hídrica como criterio para el acceso y uso sostenible.
- Transforma el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
- Modifica la estructura de pago de cuotas para evitar el acaparamiento del recurso.
- Establece reglas claras y específicas para las concesiones de uso agrario.
- Refuerza la detección de usos irregulares de agua y endurece el régimen de sanciones.
- Vincula el agua a la Estrategia Nacional Hídrica.
- Fortalece las atribuciones de los Organismos Operadores en extracción, potabilización, distribución y drenaje.
- Obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 180 días tras la publicación de la Ley.
- Ordena la creación de un Órgano Interno de Control para prevenir, investigar y sancionar violaciones al derecho humano al agua.
- Señala la necesidad de mantener el diálogo con el sector agrícola para garantizar que el agua sea utilizada en la producción de alimentos.
