La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia de Alejandra Ang Hernández, legisladora morenista de Baja California retenida el 5 de enero por agentes fronterizos en Calexico por intentar ingresar 800 mil pesos en efectivo (más de 44 mil dólares) a territorio estadounidense.
Durante su conferencia matutina de este jueves en Morelos, Sheinbaum Pardo estableció una postura neutral sobre el caso: “Tiene que dar explicaciones ella y que se haga la investigación”.
La mandataria, quien en reiteradas ocasiones ha destacado que la honestidad y la austeridad son valores de Morena, aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje a funcionarios públicos, a quienes pidió “que se comporten como debe ser”.Lo he dicho muchas veces y es un mensaje a todos, no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento: el poder es humildad y uno debe comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía como debe ser”, indicó Claudia Sheinbaum.
Respecto a las investigaciones, mencionó que el caso es analizado para determinar si las indagatorias competirán a la Fiscalía de Baja California o será la Fiscalía General de la República (FGR) quien atraiga el proceso.
A tres días de ser detenida por agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Ang Hernández emitió un comunicado donde negó haber incurrido en un ilícito. La morenista subrayó que su arresto se derivó de un descuido: “por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo”.Añadió que el recurso incautado eran los ahorros conjuntos con su pareja: “Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”.
Mientras Ang Hernández se mantiene fuera del ojo público, su versión choca con las limitaciones de la Ley Antilavado en México, conjunto de normas que busca impedir que el dinero de origen ilegal (narcotráfico, corrupción, etc.) se infiltre y se “limpie” dentro de la economía formal.
Esto lo hace obligando a negocios y profesionales de sectores vulnerables a identificar clientes y reportar operaciones sospechosas al SAT, como la compraventa de inmuebles, autos de lujo, joyas y servicios financieros, para que el crimen no pueda usar estos recursos en efectivo.
