Tanto la exfuncionaria como el empresario formalizaron ante un juez su decisión de evitar un juicio y colaborar con las autoridades declarándose culpables o devolviendo dinero. Ambos recobrarán su libertad si la negociación resulta exitosa.
El empresario Alonso Ancira y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga formalizaron ante un juez su intención de colaborar con las autoridades en los procesos iniciados en su contra por los casos Agronitrogenados y La Estafa Maestra. Se trata de una colaboración que, de cerrarse exitosamente, los dejaría a ambos en libertad sin llegar al juicio.
En el proceso en contra de Robles el punto no resuelto está en la reparación del daño. La Fiscalía General de la República le exigía la devolución de cerca de cinco mil millones de pesos, mientras que su defensa considera que no procede el pago. Esa situación es la que ha complicado la fase final de la negociación.
En el caso del consejero presidente y copropietario Altos Hornos de México, si bien el empresario señaló que ha acordado con Pemex un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares, la acusación en su contra por lavado de dinero es de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, la cual tendría que sumarse a dicho arreglo, lo que no está confirmado.
La exsecretaria Rosario Robles está vinculada a proceso penal por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisiones, bajo la hipótesis de no haber frenado la firma de convenios que las dependencias que encabezó realizaron con universidades públicas bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la acusación presentada ante el juez por escrito, pero que ayer ya no fue confirmada en audiencia ante la posibilidad de negociar una salida alterna, las omisiones permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Por este caso Robles se encuentra presa desde hace año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México. Además, existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque la FGR no ha ejecutado dicha orden ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Por instrucción del juez, la FGR tiene cinco días hábiles para realizar el contacto final con Robles y, de ser el caso, formalizar el acuerdo del procedimiento abreviado, el cual deberá contar con la autorización de un subprocurador o del propio titular de la FGR.
Si el acuerdo prospera y los denunciantes se retiran, la FGR pedirá al juez que convoque a una audiencia para solicitar formalmente la cancelación o suspensión del proceso penal. De no ser ese el caso, la Fiscalía está obligada a continuar con la investigación para presentar ante el juez una acusación formal y solicitar —con pruebas— la apertura de un juicio.
Otra opción, indicaron los expertos, es que avanzada la fase de investigación Ancira busque un procedimiento abreviado como el de Robles, lo que podría significarle una pena mínima sin llegar a juicio.
