El Congreso de Perú aprobó con 63 votos a favor y 34 en contra declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intensificando el quiebre en las relaciones bilaterales tras el asilo otorgado por el Gobierno mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo. Según el Ejecutivo mexicano, la protección diplomática se apega al derecho internacional y no representa un acto inamistoso, conforme a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El conflicto entre México y Perú tiene antecedentes previos. En septiembre pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano ya había propuesto la declaración contra Sheinbaum, acusándola de respaldar al exmandatario Castillo y de no rechazar su intento de autogolpe. En aquella ocasión, la iniciativa no prosperó, pero el clima político actual permitió su aprobación, reflejando la creciente tensión entre ambas naciones.
Durante la sesión parlamentaria, Ernesto Bustamante, vicepresidente de la comisión y legislador de Fuerza Popular, arremetió contra la mandataria mexicana con señalamientos personales y acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Bustamante afirmó que México ha “traspasado los límites del respeto mutuo y la soberanía”, recordando que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste un “sesgo ideológico” que ha deteriorado la relación diplomática.
En contraste, voces como la de Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, calificaron la resolución como una medida innecesaria que distrae de los temas nacionales. Luque defendió la actuación de México al otorgar asilo a Chávez, subrayando que se trata de un derecho reconocido internacionalmente. Mientras tanto, la ex primera ministra continúa refugiada en la embajada mexicana en Lima, a la espera del salvoconducto que le permita viajar a territorio mexicano.
El episodio revive los desencuentros diplomáticos entre Perú y varios gobiernos latinoamericanos. Durante el mandato de Dina Boluarte, el Congreso ya había declarado persona non grata a Gustavo Petro y a López Obrador. La actual administración, encabezada por José Jerí, mantiene la misma postura, aunque ha evitado pronunciarse con claridad sobre el permiso de salida para Betssy Chávez, cuyo futuro podría definir el siguiente capítulo en la crisis entre Lima y Ciudad de México.
