TIERRA NUEVA, S. L. P. – Luego de la divulgación de un video, a través del cual se informa sobre el incumplimiento del pago de parte de una obra por la actual administración de Tierra Nueva, el ayuntamiento dio respuesta contundente; se le dieron pagos adelantados a la empresa por una obra que debió haber terminado el año pasado y pretendía que se le diera más, sin tener un avance considerable el proyecto. Además de otras serias irregularidades.
El 13 de junio de 2018, durante la administración de Joel Govea, se aprobó la construcción de red de drenaje sanitario y saneamiento para las localidades de barrio de Santiago y Huizachal.
Dicha obra fue adjudicada a una constructora con experiencia suficiente para aprobar todos los requerimientos de la federación pues es financiada por los recursos del FONREGIÓN. Lo que no se dio a conocer que se hizo sin licitación pública, pasaron por alto el ordenamiento legal.
Y se hace hincapié que; Hay retraso de 10 meses en una obra que beneficiaría a 400 personas. Cuentan con el dinero y no lo ejercieron a tiempo. Podrían perder más de 15 millones de pesos, el 45% de su presupuesto de egresos anual.
El Ayuntamiento, a través de comunicado oficial dio respuesta, el cual deja en claro su postura y aclara puntos importantes de por qué no se le dio dinero adelantado a la empresa constructora:
En relación a la obra de Construcción de la Red de Drenaje Sanitario y Saneamiento para las localidades de Barrio de Santiago y Huizachal del Municipio de Tierra Nueva, es importante señalar que es una obra heredada por la anterior Administración Municipal, que desde su contratación presentó pagos irregulares sin que se hubieran realizado los trabajos, deficiencias técnicas en la construcción y modificaciones al proyecto sin soporte técnico, todas estas situaciones son del conocimiento de los órganos de fiscalización tanto del ámbito estatal como del federal, y son las razones por las cuales no se les siguieron realizando pagos a la empresa constructora CUP: Constructores Unidos Potosinos, S. A., de C. V.
Por esta razón, es necesario dar a conocer que las irregularidades comenzaron desde el 16 de julio del 2018, cuando los funcionarios municipales de la administración pasada asignaron el contrato de la obra de manera irregular ya que no se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional que establece la Ley Federal de Obras Públicas, beneficiando a la empresa constructora por un monto de $15,384,686.60 y estableciendo el plazo de construcción desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre del 2018, desatendiendo la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en el artículo 32, que establece que los Municipios no deben contratar obras cuya terminación rebase su período de gobierno, que en este caso para los ex funcionarios concluiría el 30 de septiembre del 2018, y sin embargo, la terminación la contrataron hasta el 31 de diciembre del 2018.
Siguiendo con las irregularidades detectadas por los órganos de control, es el que se refiere a los pagos bancarios que realizó la pasada administración a la empresa constructora que van desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre del 2018 hasta el término del período de la administración municipal, en donde se le realizaron pagos a la empresa constructora por un total de $10,760,186.86 (Diez millones setecientos sesenta mil ciento ochenta y seis pesos 86/100 m.n.), que corresponden al 70 % del monto contratado de la obra, siendo que solo se llevaba en esa fecha un avance de los trabajos de la obra de apenas el 11%, y sin embargo, de manera irregular ya se habían pagado los trabajos por adelantado sin que se hubieran realizado.
Cuando entra en funciones este nuevo gobierno municipal, se realizó el seguimiento de la obra por medio de la Contraloría Interna y por la Coordinación de Desarrollo Social que llevó una revisión de los trabajos el día 7 de noviembre del 2018, en donde se detecta que se presentan irregularidades en el proceso constructivo de la obra ya que se han detectado trabajos cobrados que no se han ejecutado, como la reposición del pavimento asfáltico en las vialidades y la construcción de los colectores, y, aunado a esto también se observan deficiencias técnicas muy graves ya que la empresa constructora no respetó las especificaciones que establece el plano del proyecto, como por ejemplo, en la construcción de los pozos de visita de la red de drenaje la mayoría no están construidos a la profundidad que determina el plano, por esta razón se estuvo solicitando de manera oficial a la Auditoría Superior del Estado y a la Contraloría General para que realizara una supervisión ante las irregularidades y deficiencias detectadas, y quienes tienen conocimiento de esto.
Finalmente, en la fecha del término del contrato de la obra, es decir al 31 de diciembre del 2018 la constructora aún contaba con recursos de los pagos adelantados que le realizó la administración pasada por el 70 % del monto del contrato ya que en la construcción solo llevaba un avance del 35%, siendo que deberían de haberse concluido los trabajos en la fecha del vencimiento del contrato.
Por último, en este año 2019 la obra se encuentra inconclusa con serias irregularidades desde su contratación hasta el cobro de cada factura que le fue liquidada por los ex funcionarios de la pasada administración, asimismo, presenta deficiencias técnicas en su construcción y modificaciones al proyecto sin sustento técnico que pone en riesgo el funcionamiento de la red de drenaje, por estas razones este gobierno municipal, no autorizó las solicitudes de pago por adelantado que la empresa constructora solicitaba para seguir y concluir los trabajos contratados, ya que el órgano de fiscalización federal como la Auditoria Superior de la Federación así lo recomendó, puesto que en la verificación de la obra que realizaron habían detectado todas las irregularidades y deficiencias que se han descrito, señalando también que en breve presentaran el dictamen en donde se deslindarán las responsabilidades que le correspondan tanto a la empresa constructora, como a los ex funcionarios de la pasada administración, sin que esto afecte a las finanzas presentes y futuras de la administración municipal, ya que la Ley de Fiscalización Federal establece que los responsables del mal manejo de los recursos federales deberán resarcir los daños que afectaron con su desempeño en la administración de la hacienda pública.
Por último debo manifestar que la población de la localidad será atendida en sus necesidades y buscaremos la manera de terminar la obra. Por el momento estaremos pendientes y en espera de la resolución de la Auditoría Fiscal de la Federación.
