ZARAGOZA. – Padres de familia y estudiantes han comenzado a cuestionar una práctica que, aunque común en algunas escuelas, no siempre se apega a la normatividad: el cobro de cuotas para poder entregar constancias de estudios en secundarias públicas.
De acuerdo con lineamientos educativos, la constancia y el certificado escolar son documentos oficiales derivados del derecho a la educación, por lo que no pueden ser retenidos ni condicionados al pago de ninguna cuota cuando se trata de planteles federales o estatales.
Aunque en algunos casos estos cobros se presentan como “cuotas voluntarias”, “apoyos administrativos” o “recuperación de gastos”, en el momento en que se vuelven un requisito obligatorio para obtener un documento, la práctica deja de ser voluntaria y se considera irregular.
Las asociaciones de padres pueden acordar aportaciones, pero estas no deben impedir que el alumno continúe su trayectoria educativa ni utilizarse como mecanismo de presión.
Ante una situación así, se recomienda solicitar la constancia por escrito y preguntar formalmente si el pago es obligatorio por disposición oficial. De persistir la negativa, se puede acudir a la Supervisión Escolar, la SEGE, el Órgano Interno de Control o la Contraloría del Estado, ya que retener documentos puede derivar en sanciones administrativas.
