Por: Martín Hernández Solano
En los últimos años se ha repetido una idea clave: las nuevas tecnologías han democratizado el cine. Cámaras accesibles, celulares con calidad profesional, softwares gratuitos y talleres comunitarios han permitido que más jóvenes filmen. Desde instituciones culturales y festivales se celebra este fenómeno como un avance histórico. Más voces, más diversidad, más inclusión.
Pero esa lectura confunde acceso con transformación.
Porque filmar no es lo mismo que decidir. Y tener cámara no implica tener poder.
Un ejemplo recurrente de esta apertura institucional son las muestras y programas impulsados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que han permitido visibilizar el trabajo de jóvenes cineastas en espacios como cinetecas, muestras especiales y festivales. Sin embargo, esa visibilidad sigue concentrándose en circuitos culturales y de exhibición simbólica, no en esquemas de distribución sostenida ni en modelos que garanticen condiciones laborales justas o retorno económico real.
En los sets de cine joven se reproduce una paradoja incómoda: mientras el discurso habla de colectividad, colaboración y nuevas formas de creación, las prácticas laborales continúan respondiendo a viejas lógicas. Jornadas extensas se justifican con palabras como “pasión”, “causa” o “amor al proyecto”. La precariedad se romantiza. El cansancio se convierte en prueba de compromiso. Si alguien cuestiona, el problema no es la estructura, sino su supuesta falta de convicción.
La falta de contratos formales no es una excepción, es una constante. Los pagos, cuando existen, suelen ser simbólicos, diferidos o condicionados a premios futuros. Todo se sostiene en la promesa del prestigio: el festival, la beca, el reconocimiento posterior. Se trabaja hoy para quizá existir mañana.
Aquí aparece un silencio que también es político. Aunque se impulsa la producción y exhibición de cine joven desde distintos frentes institucionales, no existe una discusión pública equivalente sobre protocolos laborales, mecanismos de denuncia o responsabilidades dentro de estos proyectos. La inclusión se mide en presencia y discurso, no en derechos ni garantías.
Se habla de trabajo colectivo, pero la lógica del autor sigue intacta. El sistema continúa privilegiando figuras individuales: el director como rostro, como firma, como promesa de futuro. El resto del equipo queda atrapado en jerarquías rígidas y silencios forzados. Denunciar implica el riesgo de no volver a trabajar, de cerrarse puertas en un medio pequeño donde todos se conocen.
Así, el cine presume nuevas voces mientras conserva viejas relaciones de poder. Celebra la diversidad frente a la cámara, pero no detrás de ella. Se piensa crítico, pero evita mirarse a sí mismo.
Democratizar la cámara no democratiza el cine si no se democratizan también las condiciones de trabajo, la toma de decisiones, la distribución y el reconocimiento. Sin eso, la tecnología solo acelera la producción de imágenes, no la justicia dentro del proceso.
Y mientras sigamos confundiendo acceso con transformación, seguiremos filmando el cambio sin tocarlo nunca.
