En siete años, el sistema DIF estatal y municipal de nueve entidades ha desembolsado más de 30 millones de pesos en contratos con centros de rehabilitación de adicciones o mejor conocidos como anexos, para enviar arbitrariamente a personas de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, también a los adultos mayores y aquellos que experimentan conductas dañinas y de abuso a la rehabilitación. Según una investigación de Quinto Elemento Lab.
Los expertos fueron consultados en un informe elaborado por la periodista Elva Mendoza y compartido por el laboratorio de investigación periodística, que descalificó la práctica de exponer a las personas a riesgos irrazonables.
La investigación encontró que entre 2015 y 2022, los DIF de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones.
Dichas entidades son Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Tabasco, Tlaxcala y el Estado de México
En esas entidades se ha internado a personas de estos sectores vulnerables en centros en los que se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.
“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.
La Comisión Nacional Contra las adicciones (Conadic) estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad.
“Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.
“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo ÉderLópez, Él y su familia fundaron y administraron once años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia.
