Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario identificar a las autoridades de alcaldías, gobierno central y Poder Judicial que permiten o facilitan estos delitos para cerrar espacios de impunidad.
Diputados locales de oposición exigieron al gobierno capitalino proceder legalmente contra los funcionarios que facilitan el despojo de inmuebles.
Esto luego de que Excélsior dio a conocer ayer que la orden del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa para que el Instituto de Vivienda (Invi) devuelva el edificio ubicado en Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, el cual permaneció invadido durante 22 años.
Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario identificar a las autoridades de alcaldías, gobierno central y Poder Judicial que permiten o facilitan estos delitos para cerrar espacios de impunidad.
“Lo primero que tiene que hacer (el gobierno capitalino) es establecer dónde están las autoridades que están permitiendo o facilitando este tipo de delitos para cerrarles la puerta y reconocer que está a todos los niveles: desde las alcaldías, el gobierno central, en el Poder Judicial”, apuntó.
En tanto, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Diego Garrido, anunció una iniciativa de reforma para impedir que el gobierno realice expropiaciones a petición de organizaciones civiles u ocupantes ilegales.
Lo anterior, tras documentarse que el Invi intentó expropiar el inmueble en dos ocasiones, en 2014 y 2022, sin éxito.
