* Contrataron e hicieron trabajar a un grupo de civiles, no les pagaron y con ese dinero favorecieron a recomendados y aviadores; afirman
La declaratoria de invalidez de la Nueva Ley Electoral de San Luis Potosí por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue apenas la punta del iceberg en toda una serie de corruptelas e irregularidades que han salido a la luz paulatinamente y que podrían tener implicaciones legales en contra de varios diputados de la presente Legislatura.
Integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO), contratado por el Congreso del Estado para realizar la Consulta Indígena, denunciaron públicamente todas las irregularidades que se generaron en este proceso entre las que se citan negligencias y omisiones por parte de los diputados, además de desvíos millonarios de recursos etiquetados exclusivamente para esta finalidad.
«Exigimos justicia, que se nos pague, que se deslinden responsabilidades y que se castigue a los legisladores principalmente involucrados, que claramente son una continuidad de la ecuación corrupta. Si se sigue sin investigar ni sancionar, la corrupción seguirá enquistada y los asesores serán sus portadores» manifestaron los agraviados quienes explicaron que, a pesar de que el Congreso los contrató para realizar la consulta y se contaba con los fondos para cubrir sus honorarios, nunca les pagaron e, incluso, tuvieron que asumir costos con recursos personales.
Los afectados insisten en que, en su momento, se informó al Legislativo sobre todas las irregularidades que se estaban detectando, sin embargo, nunca se atendieron sus quejas, razón por la que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos dadas las reiteradas violaciones a sus garantías individuales, tanto en el ámbito personal como laboral, incluida la exposición a la contingencia sanitara ya que la mayoría de este proceso se llevó a cabo ya durante la pandemia de covid-19.
De acuerdo con la información recabada, el Congreso del Estado dispuso de poco más de cuatro millones 300 mil pesos para cubrir los honorarios de los integrantes del Grupo Técnico Operativo y otros gastos de operación, sin embargo, en varias ocasiones argumentaron estar apenas revisando la forma de pagarles, hecho que nunca sucedió, por el contrario, el recurso se distribuyó entre recomendados y aviadores que se colgaron el trabajo realizado en campo por el GTO.
Ante estos abusos y una larga lista de irregularidades, los afectados demanda la inmediata intervención de las autoridades correspondientes para que se investigue y sancione a todos los diputados que resulten responsables no sólo del fracaso de la nueva Ley Electoral, sino de todas las irregularidades y los perjuicios cometidos en contra de este grupo de ciudadanos en nombre del Congreso del Estado.
