TIERRA NUEVA. — Habitantes de Tierra Nueva que adquirieron terrenos durante la pasada administración municipal denunciaron una serie de irregularidades que, aseguran, se han presentado en los primeros meses del actual gobierno encabezado por la alcaldesa Pilar Sánchez, situación que ha generado incertidumbre jurídica y malestar social entre los afectados.
De acuerdo con los testimonios recabados, a varios ciudadanos se les estaría solicitando nuevamente el pago por lotes que ya fueron adquiridos con anterioridad, bajo el argumento de que la documentación con la que cuentan no es válida.
Los inconformes señalan que estas notificaciones se han hecho a través de la Sindicatura Municipal, sin que hasta el momento se les haya explicado con claridad el sustento legal de dicha exigencia.
Los ciudadanos también denunciaron que, durante reuniones convocadas en la Presidencia Municipal para abordar el tema, personal del Ayuntamiento les habría solicitado entregar sus teléfonos celulares antes de ingresar, lo que ha despertado sospechas y críticas, al considerar que se trata de una medida injustificada y poco transparente.
Otro de los puntos que ha generado molestia es la justificación del nuevo cobro, ya que, según refieren, se les ha dicho que los recursos serían destinados a obras de drenaje.
No obstante, los quejosos cuestionan esta versión, al señalar que existen antecedentes recientes de infraestructura hidráulica deficiente en zonas como el barrio de Santiago, lo que incrementa la desconfianza sobre el destino real de los recursos.
Asimismo, algunos ciudadanos han puesto sobre la mesa dudas respecto a la designación de la actual síndica municipal, Cristihan Meléndez, al señalar que su llegada al cargo no fue resultado de una elección popular, luego de la renuncia de la síndica titular y la negativa de la suplente a asumir la función.
Consideran que esta situación amerita una explicación pública clara para despejar cualquier duda sobre la legalidad de su nombramiento.
Finalmente, los denunciantes afirman que se les ha advertido sobre la posible pérdida de los terrenos en caso de no cubrir los nuevos pagos, lo que ha incrementado la tensión, especialmente entre familias de escasos recursos que aseguran no contar con la capacidad económica para enfrentar un cobro adicional.
Ante este escenario, los afectados hacen un llamado a las autoridades municipales para que transparenten los procesos, respeten la documentación existente y privilegien el diálogo abierto, a fin de evitar conflictos sociales y garantizar certeza jurídica a quienes aseguran haber adquirido sus terrenos de manera legítima.
