Por: Martín Hernández Solano
Si te esfuerzas lo suficiente, si estudias, si produces, si te adaptas, tarde o temprano el sistema te recompensará. Esa es la promesa de la meritocracia. En México, sin embargo, esa narrativa choca con una realidad estructural que deja a millones de trabajadores sin estabilidad, sin protección y sin una correspondencia real entre esfuerzo y bienestar.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el trabajo como un derecho humano fundamental. El artículo 123 establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, con salario remunerador, jornada limitada y acceso a la seguridad social. En el plano jurídico, el principio es claro. En la práctica, la distancia entre la ley y la vida cotidiana del trabajador es profunda.
La meritocracia supone un terreno parejo donde todos compiten bajo las mismas reglas. Pero el mercado laboral mexicano está lejos de ofrecer ese escenario. Más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad: sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad social y sin estabilidad. No es un problema marginal, es estructural. En ese contexto, hablar de mérito individual como factor decisivo para el éxito laboral resulta engañoso.
La informalidad no se distribuye al azar. Afecta con mayor fuerza a jóvenes, mujeres y trabajadores con menores ingresos. La participación laboral femenina, por ejemplo, sigue siendo más baja y precaria, no por falta de esfuerzo, sino por condiciones estructurales que incluyen desigualdad salarial, trabajos de cuidado no remunerados y empleos sin protección legal. La meritocracia ignora estas diferencias y convierte la desigualdad en un problema individual.
Incluso dentro del empleo formal, el panorama es frágil. La Ley Federal del Trabajo reconoce que el empleo debe garantizar condiciones que permitan un nivel de vida digno para el trabajador y su familia. Sin embargo, la proliferación de contratos temporales, esquemas de subcontratación, jornadas extendidas y salarios que apenas cubren lo básico ha vaciado de contenido ese principio. El empleo existe, pero muchas veces no cumple con lo que la ley promete.
En ese punto aparece una de las frases más comunes del imaginario patronal: “no me gusta que solo trabajen por dinero”. Dicha casi siempre como virtud moral, en realidad funciona como pretexto para no pagar lo justo. Como si el problema fuera la motivación del trabajador y no el hecho elemental de que nadie trabaja por aburrimiento, vocación pura o felicidad abstracta, sino por necesidad. La frase romantiza la precariedad y desplaza la responsabilidad: si exiges salario digno, eres materialista; si aceptas menos, eres “comprometido”.
Aquí la meritocracia se vuelve una coartada. Se exige productividad, disponibilidad total y lealtad, pero se ofrece incertidumbre. Se pide compromiso, pero se normaliza la rotación. Se habla de “crecer” dentro de las empresas mientras se restringen derechos básicos. El mensaje implícito es claro: si no avanzas, es porque no te esforzaste lo suficiente, no porque el sistema esté diseñado para no recompensar ese esfuerzo.
En años recientes, el Estado ha impulsado reformas laborales orientadas a fortalecer la justicia laboral, la democracia sindical y la transparencia en los contratos colectivos. Se han creado nuevos tribunales laborales y mecanismos para que los trabajadores participen en la elección de sus representaciones. Son avances importantes, pero todavía insuficientes frente a la magnitud del problema.
La justicia laboral sigue siendo lenta, costosa y poco accesible para amplios sectores de la población. Denunciar abusos implica tiempo, recursos y, en muchos casos, el riesgo de perder el empleo. La ley existe, pero no siempre protege. Y cuando el costo de exigir derechos es tan alto, la meritocracia vuelve a funcionar como discurso disciplinario: aguanta, resiste, no te quejes.
Criticar la meritocracia no significa negar el valor del esfuerzo individual. Significa reconocer que el esfuerzo, por sí solo, no corrige un sistema desigual. Cuando el mercado laboral se sostiene en la informalidad, la precarización y la debilidad institucional, el mérito deja de ser un criterio real de movilidad social y se convierte en una narrativa conveniente para justificar la desigualdad.
Mientras el trabajo digno siga siendo una promesa más que una realidad, la meritocracia en México será eso: un espejismo. Una idea atractiva que responsabiliza al individuo y absuelve a un sistema laboral que, estructuralmente, no recompensa a quien más se esfuerza, sino a quien mejor logra sobrevivir dentro de sus fallas.
