Por: El Jofrito
En Tierra Nueva pocos lo saben, pero lo cierto es que la alcaldesa Yesenia Pilar Sánchez es, sin exagerar, una de las presidentas municipales peor pagadas del estado. Su sueldo, lejos de las nóminas infladas de otros ayuntamientos, apenas representa una cuarta parte de lo que cobra —sin rubor ni recato— la edil de Zaragoza, esa misma que gobierna entre pachanga y pachanga, que presume en redes sus viajes a playas y destinos internacionales, mientras su municipio se hunde en el rezago, el abandono y la improvisación.
Sí: la de Zaragoza gana casi 100 mil pesos mensuales, aunque lo único visible de su administración es un tramo de calle pavimentado y una interminable espera por la obra de la carretera interestatal 22, que lleva más de un mes “arrancada” sin que se haya movido un solo puñado de tierra. En contraste, Pily Sánchez administra con recursos limitados, sin participaciones jugosas ni privilegios mediáticos. Tal vez sea poco lo que se hace, pero es aún menos lo que se recibe, y eso también debe ponerse sobre la mesa. Mientras unos administran el poder como si fuera pasarela, otros sobreviven con presupuesto reducido, resolviendo lo urgente y apagando incendios sin reflectores. La comparación es inevitable, no por halagar a alguien, sino para desnudar lo que sucede cuando la clase política pierde la noción de servicio y se convierte en turista de su propio cargo.
Crimen es crimen, y debe investigarse. Pero si algo no puede permitirse —ni en Tierra Nueva ni en ningún rincón del estado— es que la violencia contra los animales quede impune. El reciente caso del envenenamiento de una perrita y una gatita, asesinadas en su propio domicilio, no es una anécdota dolorosa: es un delito. Punto. El Código Penal de San Luis Potosí es claro, aunque a muchos aún les falte leerlo: Lesiones mínimas por maltrato animal: 5 a 12 meses de prisión y multa de 30 a 130 UMA. Lesiones con menoscabo físico permanente: 1 a 2 años de prisión y multa de hasta 400 UMA. Causar la muerte de un animal: de 1 a 5 años de cárcel y hasta 600 días de multa. Quien haya envenenado a esos animales no cometió “una travesura”, ni un descuido, ni un “accidente triste”: cometió un crimen. Y debe pagarlo como tal. Porque una sociedad que permite el maltrato animal sin consecuencias es una sociedad que normaliza la crueldad y, tarde o temprano, la réplica contra sus propios ciudadanos. Si el caso queda en el olvido, si no hay responsables, si no hay investigación, entonces el mensaje será demoledor: en Tierra Nueva se puede matar impunemente a seres indefensos. Esa idea, por sí sola, debería indignar a cualquiera.
20 de noviembre: fiesta, tradición… y un respiro necesario. A pesar del clima social y las preocupaciones legítimas, el municipio ya se prepara para la celebración del Día de la Revolución. Todo está listo para la tradicional cabalgata, acompañada del desfile cívico-deportivo que cada año reúne a familias, cabalgantes, escuelas y grupos locales. La fiesta llegará, como siempre, con color, música y comunidad. Un respiro necesario. Un recordatorio de que también hay espacios donde la convivencia mantiene vivo al municipio. Pero incluso en medio de los festejos, conviene no perder de vista lo importante: el contraste entre lo que algunos gobiernos presumen y lo que otros apenas logran; la urgencia de que el maltrato animal no quede sin castigo; y la necesidad de que la ciudadanía siga siendo el contrapeso donde las instituciones fallan o se cansan. Porque Tierra Nueva merece más que administraciones austeras por obligación y justicia selectiva por costumbre. Merece un gobierno cercano, un entorno seguro y un compromiso real con todas las vidas que en él habitan —humanas y no humanas—. Y eso empieza por llamar a las cosas por su nombre.
