Por: El Jofrito
Cuando la legalidad estorba
Aunque desde el discurso oficial se insiste en que no existe revancha política, los hechos parecen contar otra historia. En Tierra Nueva, la decisión de no reconocer la propiedad de terrenos adquiridos por vecinos durante la administración municipal pasada ha encendido una inconformidad que va creciendo y que difícilmente puede explicarse como un simple “error administrativo”. Los documentos existen, los pagos se realizaron y, según especialistas en la materia, las operaciones se llevaron a cabo dentro del marco legal vigente en su momento. Sin embargo, hoy se pretende desconocer esos actos y exigir nuevamente el pago de los predios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a la construcción de infraestructura básica, particularmente drenaje. La explicación, por decir lo menos, resulta endeble. No solo porque la obligación de dotar de servicios no puede recaer dos veces sobre el mismo ciudadano, sino porque la medida parece más una estrategia de presión que una solución real a los problemas urbanos del municipio. Además, se ha señalado que existen sistemas de drenaje que ya fueron intervenidos y que actualmente presentan deficiencias, lo que pone en duda la eficacia de nuevos cobros con ese mismo pretexto. En los pasillos políticos se comenta otra versión: la urgencia de recursos para cumplir compromisos heredados de la contienda electoral. Si esto fuera cierto, estaríamos frente a una práctica peligrosa donde la legalidad se convierte en obstáculo y el ciudadano en rehén financiero. Más allá de colores partidistas, el fondo del asunto es claro: ningún gobierno debería gobernar corrigiendo el pasado a costa de los derechos adquiridos. La ley no puede reinterpretarse según las necesidades del momento, ni mucho menos utilizarse como herramienta de castigo político. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona y el conflicto deja de ser administrativo para convertirse en social.
En el fondo, el conflicto por los terrenos que hoy la autoridad municipal pretende volver a cobrar no es un hecho aislado ni una casualidad administrativa. Es, más bien, un reflejo de una práctica que ya se había asomado antes y que permanece sin resolverse: el caso de los locatarios del mercado municipal. Ahí, varios comerciantes adquirieron de buena fe sus espacios, invirtieron, los trabajaron o incluso los rentaron bajo acuerdos realizados en su momento con la administración anterior. Hoy, esos documentos parecen no valer nada.
El patrón se repite. A los propietarios de terrenos se les dice que deben pagar otra vez, a los locatarios se les niega el uso de locales que consideran legítimamente suyos. En ambos casos, la respuesta oficial suele ser la misma: “no son válidos”, sin que exista una explicación clara, jurídica y transparente que sustente esa postura. Mientras tanto, quienes apostaron su patrimonio quedan en el limbo, sin certeza y con el temor de perder lo que creían seguro.
Lo preocupante no es sólo el cobro o el desconocimiento de documentos, sino la ausencia de argumentos sólidos y públicos. Cuando no se explica el porqué, la percepción inevitable es que las decisiones obedecen más a criterios políticos o administrativos que a la legalidad. Y cuando la legalidad se vuelve selectiva, la confianza ciudadana se erosiona. Un gobierno que no reconoce acuerdos previos —siempre que estos estén dentro de la ley— manda un mensaje peligroso: hoy tu papel vale, mañana puede no valer nada. Así, más que ordenar, se desordena; más que corregir, se castiga al ciudadano común. Y al final, el daño no es sólo económico, sino institucional: se pierde credibilidad y se pone en riesgo la certeza patrimonial de toda una comunidad.
