SANTA MARÍA DEL RÍO. – La revisión de las cuentas públicas volvió a exhibir lo que para muchos ciudadanos ya no es sorpresa: el manejo discrecional, opaco y, en algunos casos, francamente irresponsable de los recursos públicos en varios municipios del estado.
Las observaciones derivadas de la fiscalización más reciente dibujan un escenario preocupante que apunta a posibles actos de corrupción y a una alarmante falta de rendición de cuentas.
Santa María del Río, tiene observaciones por 51.5 millones de pesos, monto significativo para un municipio de su tamaño y capacidad presupuestal.
En el caso de Santa María del Río, gobernado por Morena, las observaciones refuerzan una narrativa que ha acompañado a la administración municipal desde sus inicios: discursos de transparencia que no se sostienen en los hechos.
La gestión de la alcaldesa Isis Ayde Díaz Hernández ha sido señalada reiteradamente por la falta de claridad en el uso de los recursos, así como por decisiones que abonan más a la desconfianza que a la rendición de cuentas.
Uno de los episodios más cuestionados fue la realización de su primer Informe de Gobierno a puerta cerrada, un acto que contrastó abiertamente con la promesa de un gobierno abierto y cercano a la ciudadanía.
A ello se suma el creciente escándalo en torno a su hijo, Osiris Díaz Hernández, quien sin ostentar cargo oficial en el municipio habría utilizado recursos y personal del ayuntamiento para promover su imagen política, en una evidente estrategia de posicionamiento rumbo a una eventual sucesión.
Este caso resulta particularmente grave, pues contradice de manera directa el discurso antinepotismo que Morena enarbola a nivel nacional. Mientras el partido presume combatir viejas prácticas, en lo local parecen reproducirse los mismos vicios que durante años han lastimado la confianza ciudadana.
Las observaciones de la cuenta pública no son simples cifras en un documento técnico: son señales claras de un problema estructural que exige sanciones, aclaraciones puntuales y, sobre todo, voluntad política para romper con la impunidad. De lo contrario, la fiscalización seguirá siendo un trámite y no una herramienta real para combatir la corrupción en San Luis Potosí.
