Por: Adriana Ochoa
A pesar de sus diferencias aparentes o de su alianza pragmática, Morena y el Partido Verde Ecologista de México comparten un patrón retórico como gobiernos: la descalificación sistemática de cualquier disenso o crítica, atribuyéndola a un enemigo ideológico externo o a una élite resentida.
La fórmula es predecible y encabezan su práctica tanto la presidenta Sheinbaum como el gobernador Gallardo. Ante cualquier falla u omisión expuesta, manifestación de descontento, reportaje crítico o una opinión disidente, los aparatos de comunicación oficial activan un catálogo de epítetos descalificadores. Más que una defensa, es un mecanismo de control narrativo.
A nivel federal (Morena), los términos predilectos son “la oposición”, la “derecha”, los “conservadores” y la “ultraderecha”. El objetivo es pintar al crítico o al inconforme como un actor que defiende intereses inconfesables, ajenos al pueblo.
Así, cuando las madres buscadoras o los colectivos feministas han protestado por la inseguridad o la inacción del Estado, el discurso oficial ha sugerido que están “infiltradas” por grupos de derecha o son “golpistas”. La crítica sobre un fallo de seguridad pública se transforma en una conspiración política.
En cuanto al gobierno estatal del PVEM en SLP, el discurso no es sustancialmente distinto. Aunque el Verde carece de una base ideológica de “izquierda” creíble (de hecho, su alianza con Morena es de estricto pragmatismo), adopta la misma línea: quienes critican son los actores desplazados del poder o los “intereses creados” que se oponen a la transformación estatal.
Las voces de la sociedad civil, empresarios o académicos que han cuestionado la opacidad o la prioridad de las obras en SLP son etiquetadas como enemigos del progreso o remanentes de la “vieja política” que perdió sus privilegios. Se utiliza la culpa histórica para eludir la responsabilidad presente, acusando a la crítica de oportunismo.
La descalificación prefabricada en los dos casos es un intento por monopolizar la representación de “el pueblo” o “la transformación”. Quien no está con el proyecto, con la obra faraónica, necesariamente está contra el pueblo y, por extensión, es un conservador corrupto, un “aspiracionista” clasista o un títere de un interés oxidado. Se busca invalidar la crítica en lugar de refutarla.
El discurso sobre la corrupción, tanto a nivel federal con Morena como en San Luis Potosí con el PVEM, funciona como un poderoso instrumento de revanchismo, legitimación y descalificación. Se establece que la corrupción es siempre un mal heredado del pasado, la “maldita herencia” neoliberal, y nunca un fenómeno presente que requiera autocrítica o responsabilidad inmediata. El oficialismo y sus aliados se exoneran de cualquier nuevo escándalo.
Cualquier señalamiento de conflicto de interés o desvío de recursos contra un funcionario actual es rápidamente minimizado, acusando al denunciante de revanchismo político orquestado por “los conservadores”.
El oficialismo utiliza el discurso anticorrupción como un arma de doble filo, esencialmente para atribuir toda la culpa al pasado. Esta táctica lo exime de la autocrítica y de la responsabilidad por la opacidad o los nuevos escándalos en sus propias filas.
En esencia, el razonamiento oficial es una trampa ética que establece que, si se critica al gobierno, se es parte del esquema corrupto anterior. Esto no solo silencia el disenso, sino que garantiza que la única corrupción de la que se hable es la ya juzgada en las urnas, mientras que la opacidad vigente queda convenientemente fuera del escrutinio público y mediático.
Lo más extraño es que la oposición a la que se alude como causante de quejas, protestas, exigencias cívicas y críticas hace tiempo que no presenta signos vitales. El PRIAN no ha podido levantarse del estado agónico en que quedó en la elección 2024.
A nivel federal, sus bancadas se han esforzado en llevar a tribunas las incoherencias, omisiones y miserias del régimen. Y nada: del atril no pasan. La aplanadora de la mayoría artificial les pasa por encima una y otra vez, incluso mientras juegan al pádel. No son sus oradores en tribuna los que preocupan, son los hechos criminales, las incongruencias y los escándalos.
A nivel local, el PRIAN en el Congreso de San Luis Potosí es docilito; la alianza de las herencias malditas que señala el gobernador como supuesto origen de toda crítica, es acomodaticia, pragmática y migajera.
Cualquier crítica a la corrupción actual es automáticamente reencuadrada como una conspiración política orquestada por los “conservadores” o los “privilegiados” desplazados del poder.
En esencia, el razonamiento oficial sobre la corrupción es que, si se critica al gobierno, se es parte de un esquema corrupto anterior. Esto garantiza que la única corrupción de la que se hable ya fue juzgada en las urnas, mientras que la vigente queda convenientemente fuera del escrutinio público y mediático.
El discurso oficial en la seguridad pública también niega el fracaso y atribuye la culpa al pasado. Los repuntes de violencia y los desafíos de la inseguridad se presentan como un producto inevitable de sexenios y partidos gobernantes anteriores.
Ha sido tanto el uso de ese recurso defensivo que ya perdieron la dimensión de la realidad y ésta les desborda la ficción. Es aquí donde la inconformidad generalizada, sin partidos.
El distractor que ofrecen echando culpas a adversarios políticos insepultos es una vulgar pantomima, un espectáculo fraudulento donde nuestros gobernantes de Morena y el Verde vencen siempre en su lucha contra bestias disecadas.
ROLLOS SUELTOS
PLANCHADO COMPLETO. Que la mayoría necesaria para conseguir la aprobación de pasar a deuda pública los compromisos y deudas quirografarias del gobierno estatal ya se amarró en Congreso del Estado, incluidos dos votos de Morena. Pero no quieren disensos que hagan ruido y en esos trabajos andan.
NO LES TOCA. Los aumentos de la aportación estatal a la UASLP los determina el convenio que el gobierno federal firma cada año con el Gobierno del Estado. Los documentos anuales están en la web de la SEP, para quien quiera dejar de sacar a pasear su ignorancia sobre el tema. El poder legislativo local no tiene participación en determinar ni montos ni entregas. Así de simple.
