Junto con otros funcionarios ya procesados, habría firmado tres contratos por 11 millones con empresa señalada en listas por simular servicios.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso de Javier Tapia Santoyo por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones.
De acuerdo con la investigación, el imputado se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional y anteriormente ocupó el cargo de tesorero en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En esta última dependencia también fungió como coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
11 millones de pesos
Las indagatorias apuntan a que, en 2018, junto con otros servidores públicos ya vinculados a proceso en días recientes, habría firmado tres contratos por aproximadamente 11 millones de pesos con una empresa señalada por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, listado que incluye a contribuyentes que presuntamente simulan operaciones mediante facturación de servicios inexistentes.
El oficio correspondiente a ese registro fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2017. En dicho documento se establece que los comprobantes fiscales emitidos por empresas incluidas en ese listado carecen de efectos fiscales, como parte de una medida para frenar esquemas de facturación simulada.
Triangulación de recursos
La Fiscalía también expuso que el ex funcionario habría mantenido vínculos profesionales y posibles intereses de negocio con la empresa contratada antes de asumir su cargo en el hospital del ISSSTE. Según los datos recabados, se identificaron transferencias electrónicas que presuntamente le habrían sido realizadas de forma directa y mediante triangulación de recursos a través de terceros, incluso después de iniciar sus funciones en el centro médico.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción presentó los elementos de prueba que permitieron al juez dictar la vinculación a proceso. Como medidas cautelares se impuso la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad judicial y la prohibición de salir del país.
El juzgador fijó además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con el marco legal, la persona imputada se considera inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
