La Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la sentencia dictada en octubre de 2024 contra el exsecretario de Salud, doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, por el delito de uso abusivo de funciones, cometido durante su gestión al frente de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. La resolución fue emitida tras analizar el recurso de apelación promovido por la defensa.
La sentencia original impuso al exfuncionario una pena de cinco años y tres meses de cárcel, una multa de 46 mil pesos, la suspensión de derechos políticos y el pago proporcional —aún no determinado— de los 32 millones 732 mil pesos asociados a la presunta compra simulada de un plaguicida durante la pandemia de covid-19. Tras más de un año de litigio, el Tribunal de Alzada concluyó que los agravios presentados por la defensa eran “inoperantes e infundados”, y que no se encontraron violaciones a derechos fundamentales.
El caso se remonta a abril de 2020, cuando Lutzow Steiner se desempeñaba como director de Salud Pública y autorizó —según la acusación— la adquisición del plaguicida. Fue detenido el 3 de mayo de 2022 y procesado como probable coautor del delito, pese a que ningún otro exfuncionario del gobierno anterior ha sido imputado ni llevado a juicio por esta operación. En octubre de 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio, decisión que la defensa cuestionó alegando irregularidades en la investigación y contradicciones entre los testigos.
En una audiencia aclaratoria de alegatos realizada la semana pasada, el exfuncionario reiteró su inocencia y señaló diversas anomalías desde el día de su detención. “Todo el proceso ha sido una violación constante a mis derechos… simplemente han querido llevar esto a un absurdo de tener un chivo expiatorio”, declaró. Tras una resolución federal emitida en febrero de este año, el exsecretario permanece en resguardo domiciliario, medida que sustituyó la prisión preventiva justificada.
Con la ratificación de la sentencia, la defensa jurídica —encabezada por Alejandro Manríquez— anunció que promoverá un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado, instancia que podría extender el proceso varios meses más. La resolución fue firmada por los magistrados Ángel Gonzalo Santiago Hernández, María América Onofre Díaz y Mónica Kemp Zamudio, integrantes de la Quinta Sala Mixta del Poder Judicial estatal.
