La aprobación de la reforma constitucional en San Luis Potosí, que circunscribe la contienda por la gubernatura exclusivamente a candidatas femeninas, se erige como un hito controversial. Si bien la medida se reviste de una ética del resarcimiento histórico, alineada con el “alter mundismo” que busca la equidad sustantiva en la vida pública, el contexto de su génesis la despoja de su prístina pureza. La denominada “Ley Ruth” plantea una disyuntiva dialéctica: ¿asistimos a un quid pro quo democrático para la reparación de la invisibilidad femenina, o somos testigos de una sofisticada maniobra de ingeniería electoral diseñada para pavimentar una sucesión dinástica?
El valor intrínseco de la mujer en el activismo político y en los triunfos electorales es un pilar irrefutable de la democracia contemporánea. Históricamente, las mujeres han sido la vanguardia silenciosa en la movilización social, desde las sufragistas hasta las líderes de base. Su participación no solo incrementa la legitimidad de los procesos, sino que introduce una perspectiva distinta en el control político, priorizando a menudo agendas de desarrollo social, salud y educación con una óptica holística y de largo alcance. La narrativa de la paridad surge precisamente de esta constatación, la democracia es incompleta e ilegítima sin la plena y efectiva participación femenina. Las mujeres hoy por hoy son parte importante de la ecuación. La auténtica justicia no reside en la redistribución del despojo, sino en la creación de un espacio donde cada elevación no implique la necesaria postración de otro. El equilibrio de derechos es el cimiento de la equidad universal, no la permuta de las opresiones. Buscar la paridad debe ser una expansión del acceso, no una aritmética de cuotas que desplace o invalide. La representación se consolida cuando su fundamento es la capacidad inherente del individuo, trascendiendo la categoría, sin que un avance se construya sobre el menoscabo de otro grupo.
La justificación esgrimida por el congreso local es, -que los partidos son contumaces a postular a perfiles femeninos competitivos- en sí misma, una crítica severa al sistema de cuotas que ha demostrado ser insuficiente. No obstante, la abrupta imposición de esta restricción, que aniquila las expectativas de figuras masculinas consolidadas como el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, sugiere que el fin práctico no es la paridad per se, sino la neutralización de la oposición. Todos los ejercicios demoscópicos demuestran que la perspectiva del alcalde capitalino es en ascenso y la posibilidad de consolidarse en el ánimo del elector, una realidad inevitable. Con Enrique Galindo fuera de la contienda, resulta prácticamente imposible para la oposición construir una oferta sólida en un año. Este acto de cirugía electoral genera un vacío de poder masculino que parece diseñado a la medida de la senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, convirtiendo una causa noble en un instrumento de clientelismo dinástico. Utilizar una causa justa como ariete para la continuidad es un acto de cinismo político que menoscaba la lucha real por la igualdad. Es una danza que recuerda a los pactos oscuros de la política decimonónica, donde los intereses del momento devoran los principios. La paridad como imperativo constitucional busca corregir la endémica subrepresentación femenina en los espacios de poder, un fenómeno global que, como recordaba George Orwell, a menudo disfraza intereses personales con lenguaje político. ¿Es este un verdadero momento para las mujeres, o solo el timing perfecto para la esposa del gobernador?
El impacto en la oposición es catastrófico. El Partido Acción Nacional (PAN), cuyo bastión geopolítico reside históricamente en la capital potosina y el área metropolitana, debe ahora reconfigurar su estrategia de manera expedita. La imposibilidad de postular a un candidato fuerte a la gubernatura obliga al PAN a concentrar sus recursos en la joya de la corona, la Alcaldía de San Luis Potosí. Este es un escenario que, paradójicamente, abre la puerta a nuevos liderazgos masculinos en la contienda municipal, buscando retener el poder territorial como palanca de negociación futura. Es aquí donde figuras como el diputado local Rubén Guajardo Barrera emergen como potenciales sucesores naturales de Galindo, capitalizando la estructura panista en la demarcación. La exclusión a nivel estatal permite la consolidación de liderazgos territoriales masculinos como prima facie de su futuro político. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en una situación de deriva paradigmática. La “sospechosa alianza” en el congreso, donde diputadas priistas como Frinné Azuara y Sara Rocha Medina actúan como promotoras coadyuvantes de la agenda del Partido Verde, es una muestra fehaciente de la mezcolanza ideológica y el pragmatismo abyecto. Este comportamiento es una claudicación programática que coloca los intereses de la coyuntura por encima de la identidad partidista, evidenciando una desesperada búsqueda de supervivencia política a través de la sucesión tácita. En esta atmósfera de convivencia, la paridad se convierte en un pretexto para el alineamiento.
Para MORENA, el abanico de posibilidades está poblado de figuras femeninas de alto calado. La mención de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, o Rita Ozalia Rodríguez, cuya proyectada llegada a la delegación de la Secretaría del Bienestar le otorgaría el control de los programas sociales, -un andamiaje electoral insuperable en un estado con vastas zonas de marginación- demuestra que el partido guinda tiene la profundidad de banquillo para competir bajo las nuevas reglas. Este es un recordatorio de que las mujeres en la política no son solo activistas, sino administradoras de poder con una comprensión aguda de la maquinaria electoral.
El sacrificio político de varones como Gerardo Sánchez Sumaya, el empresario huasteco crítico del actual gobierno ejemplifica el efecto secundario de la ley. Sánchez, que había emergido como un contrapeso por su capacidad de confrontación y su base diversificada de apoyo, se ve ahora obligado a la espera o la postulación por auto adscripción -aunque quién sabe si su esposa Samantha lo apoyaría. Su trayectoria meteórica en el escrutinio público ha sido repentinamente frenada por un decreto que, si bien ensalza la figura femenina, lo hace de una manera quirúrgica y excluyente.
En el espectro del PAN, la senadora Verónica Rodríguez Hernández es la candidata más natural. Su posición como presidenta estatal le otorga un capital político inalienable. Sin embargo, la condición de que su eventual licencia abriría la puerta a Estela Arriaga Márquez -esposa de Galindo- como suplente, subraya un patrón, las mujeres están en el proscenio, pero los hilos de la lealtad conyugal y la continuidad de las estructuras masculinas siguen operando en el backstage. Esta situación genera la incómoda imagen de una paridad que opera como una capa de barniz sobre una pátina de intereses patriarcales. ¿Es este un avance democrático? Formalmente, sí, al garantizar la postulación femenina. Sustantivamente, es un caballazo político que utiliza la bandera feminista para eliminar a la oposición más competitiva y asegurar la continuidad del grupo gobernante. La reforma es un arma de doble filo, por un lado, abre una compuerta histórica para las mujeres, pero por otro, exhibe la patología del poder que siempre encuentra la manera de torcer la ley para su beneficio. La verdadera victoria de la paridad será cuando las mujeres lleguen al poder por su propia fuerza y no como resultado de una estrategia de exclusión diseñada desde el escritorio del varón en el poder.
La “Ley Ruth” en San Luis Potosí es un paradigma de la tensión entre la forma y el fondo en la democracia. Formalmente, es un avance audaz que busca la resiliencia democrática a través de la inclusión femenina. Sustantivamente, es una movida estratégica que capitaliza el discurso de la paridad para despejar el camino sucesorio del grupo en el poder. La ascensión de la mujer en los triunfos electorales es un imperativo ético y práctico, pero debe ser el resultado de un empoderamiento orgánico y no el subproducto de una eliminación forzosa de la competencia. El verdadero valor de esta reforma no se medirá en cuántas mujeres compitan, sino en sí la próxima gobernadora ejercerá su mandato con autonomía y sin hipotecas dinásticas. Es tiempo de las mujeres, sí, pero con plena y no mediada soberanía política. Las mujeres toman el mando, pero los apellidos y las lealtades masculinas siguen operando en el trasfondo, recordándonos el eterno juego de tronos donde las piezas pueden cambiar de color, pero el tablero sigue siendo el mismo.
@gandhiantipatro
