En un acto considerado histórico para las comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec absolvió a 21 indígenas chontales, mujeres y hombres, acusados de delitos relacionados con la defensa de su playa frente a proyectos inmobiliarios.
La sentencia puso fin a un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que mantenía a los acusados bajo la amenaza de condenas de hasta 15 años de prisión, además de una reparación de daño por 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos.
Los pescadores y sus familias, organizados en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972, denunciaron que personas ajenas a la comunidad, respaldadas por funcionarios estatales y notarios públicos, intentaron apropiarse de mil 452 hectáreas pertenecientes a 221 familias.
El conflicto se intensificó cuando se enteraron de que empresarios buscaban adueñarse de la playa para destruir manglares y construir edificios y hoteles. Ante esta situación, los habitantes denunciaron públicamente y resistieron, lo que derivó en acciones de criminalización judicial en su contra.
Criminalización por protección de sus tierras
La acusación contra los pescadores fue presentada como parte de un proceso de presión por parte de empresarios que buscaban frenar la defensa comunitaria.
Durante los años que duró el juicio, los acusados enfrentaron la posibilidad de largas condenas y sanciones económicas que ponían en riesgo su libertad y patrimonio. Finalmente, el tribunal resolvió que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones, lo que permitió la absolución de los 21 indígenas chontales.
