La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúa sin recibir los recursos federales correspondientes al ejercicio 2026, debido a que el convenio de financiamiento entre la Federación y el Estado aún no ha sido entregado para su firma, situación que mantiene en incertidumbre la planeación financiera de la institución.
El retraso se presenta en un contexto complejo, marcado por los procesos de negociación salarial que atraviesan las universidades públicas del país, mientras que los montos propuestos a nivel federal no corresponden a los incrementos solicitados por los trabajadores. En el caso de la UASLP, las demandas sindicales superan los porcentajes contemplados en el esquema federal preliminar, lo que evidencia un desfase entre los compromisos laborales y los recursos disponibles.
Autoridades universitarias señalaron que este escenario no es exclusivo de San Luis Potosí, ya que la mayoría de las universidades públicas enfrentan negociaciones salariales en condiciones similares, sin certeza sobre el respaldo presupuestal que recibirán por parte de la Federación.
A nivel nacional, se analiza un nuevo modelo de financiamiento para el periodo 2026–2030, que plantea una redistribución gradual de las aportaciones entre la Federación y los gobiernos estatales. No obstante, este planteamiento ha generado tensiones, debido a que se busca que las entidades federativas asuman una mayor carga presupuestal, condición que no todos los estados han logrado consolidar.
San Luis Potosí se encuentra entre las entidades que aún no alcanzan el nivel de aportación requerido, a diferencia de otros estados que ya avanzaron en este ajuste, lo que coloca a la UASLP en una posición de mayor vulnerabilidad financiera frente al nuevo esquema.
Mientras el convenio de financiamiento no sea formalizado y validado por las autoridades estatales y federales, no existe una cifra oficial sobre los recursos que recibirá la universidad. Esta indefinición ocurre en medio de un debate nacional sobre el financiamiento de la educación superior, ante señalamientos de que el presupuesto federal no cubre plenamente los efectos inflacionarios ni las obligaciones salariales de las instituciones públicas.
