Según datos del propio Congreso, siete municipios han rechazado la reforma y 17 más aún no emiten su postura. Este rezago mantiene congelada la entrada en vigor de la medida, que permitiría la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, de acuerdo con la minuta constitucional.

El artículo 138 de la Constitución estatal establece que toda reforma constitucional debe contar con la aprobación de la mayoría de los 58 municipios. Cada Cabildo tiene dos meses, contados desde que recibe la minuta, para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se considerará su voto como afirmativo por omisión.

Hasta el 14 de abril, los municipios que han aprobado la reforma son Axtla, Cedral, Cerritos, Matehuala, Rayón, Salinas, San Martín, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de La Paz, Villa de Pozos y Xilitla. En contraste, siete municipios, entre ellos Rioverde y Ébano, han votado en contra, manteniendo en pausa la legislación hasta al menos el mes de mayo.

En una sesión plenaria celebrada el viernes, mediante votación secreta solicitada por la legisladora Susana de la Rosa, 20 de los 37 diputados presentes votaron a favor de reformar el Código Penal del estado para acatar un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte había declarado inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Código Penal, que imponían penas de prisión de cuatro meses a un año por interrumpir el embarazo.

La reforma aprobada establece que, tras las 12 semanas de gestación, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán evitar la prisión si optan por un proceso de atención integral, el cual será proporcionado por instituciones estatales. Además, se estipulan penas de tres a seis años de prisión para quienes interrumpan el embarazo de una mujer sin su consentimiento, con agravantes en casos de violencia.

La legislación también excluye de responsabilidad penal los casos en los que el aborto sea producto de una violación, abuso sexual infantil, inseminación artificial no consentida, o cuando la vida o salud de la mujer esté en riesgo, así como por malformaciones genéticas del feto, siempre que exista consentimiento.

Este cambio en la legislación llega después de una votación fallida inicial, en la que 18 legisladores votaron a favor, 18 en contra y uno se abstuvo, lo que prolongó el proceso de despenalización.

Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, resaltó que la resolución judicial impone un plazo para que se realicen los cambios necesarios. Las diputadas Jessica Gabriela López Torres y Nancy Jeanine García Martínez explicaron que promoverán las reformas a través de las comisiones en las que participan.

Las legisladoras afirmaron su compromiso de colaborar con las colectivas que han defendido esta causa y subrayaron que el marco jurídico actual debe alinearse con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respalda el derecho de las mujeres a decidir.

La reciente sentencia declara inconstitucionales varios artículos del Código Penal y la Constitución del Estado, lo que requiere que el Poder Legislativo actúe para derogar estas disposiciones. Badillo Moreno indicó que se evaluará cómo abordar el tema y que el Congreso debe cumplir con esta orden judicial, enfatizando que la interrupción legal del embarazo no será tratada como un delito hasta las doce semanas.

Con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Congreso poblano aprobó en lo general la iniciativa que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas sin sanciones penales. Este cambio modifica los artículos 341, 342 y 343 del Código Penal del estado, dejando para discusión futura los artículos 339 y 340.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) resaltó que este avance es fruto de un proceso judicial iniciado en octubre de 2022, cuando un juez de Distrito otorgó un amparo que protege a todas las personas gestantes, incluyendo mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como al personal médico involucrado en la práctica del aborto.

Este cambio legislativo en Puebla representa un paso significativo en derechos reproductivos, aunque GIRE advirtió que los efectos de la despenalización podrían ser limitados para quienes no tengan acceso a asesoramiento especializado, lo que podría generar desigualdades en el ejercicio de este derecho.

La aprobación ha generado reacciones encontradas en la sociedad poblana, incluyendo protestas de grupos provida. No obstante, para los defensores de los derechos reproductivos, esta decisión refuerza el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo de manera informada y segura.

Con esta medida, Puebla se une a otras entidades del país que han avanzado en la despenalización del aborto, siguiendo el precedente establecido por Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco y Coahuila, este último por vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Las integrantes de la Colectiva ILE nos encontramos muy entusiasmadas con este logro, donde por primera vez en San Luis Potosí se declaran inconstitucionales las normas relativas al aborto. Consideramos que este es un peldaño para alcanzar la interrupción legal y voluntaria del embarazo, de manera general, en todo el estado y sin la necesidad de tramitar amparos”, señalaron.

Los amparos declararon la inconstitucionalidad de los artículos 148, fracción I y II, 149 y 150, fracción III del Código Penal y del artículo 16 de la Constitución Local, los cuales penalizan la ILE. Con esto, se logró que las ciudadanas Nuria Carmina S., Andrea Karime M. y Ana María Z. puedan acceder a un aborto dentro del estado de San Luis Potosí de manera gratuita y sin penalización.

Paloma González, jueza Segunda de Amparo Penal, inició el proceso de ejecución del amparo concedido el 6 de septiembre por la Primera Sala de la Corte en favor de la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La Sala tardó tres meses en elaborar la versión final o engrose de la sentencia, que es la primera en la cual la Corte ordena al Congreso de la Unión derogar porciones de una ley por medio de un amparo.

El Congreso iniciará su periodo de sesiones en febrero, y la ejecución de este amparo -que toca supervisar al juzgado- podría tomar meses, o incluso años, si se considera lo inusual de la sentencia, y experiencias previas en otros casos donde la Corte ha ordenado al Congreso emitir legislación.

La sentencia ordena derogar los artículos 331 y 332 del CPF, así como porciones del 330, 333 y 334, que sancionan el aborto voluntario y han permanecido sin cambios desde 1931.

También sugiere que el aborto debe ser legal solo en las primeras doce semanas del embarazo, como ya está permitido en varios estados, y como estableció el Pleno de la Corte en el fallo de septiembre de 2021 sobre la ley de Coahuila, donde por primera vez declaró inconstitucional la penalización.

Para la mujer que aborta voluntariamente, la pena es de seis meses a un año de prisión, siempre y cuando “no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo “y “que éste sea fruto de una unión ilegítima”, pues si no concurren dichas circunstancias, la sanción es de uno a cinco años.

El CPF es aplicable en instalaciones federales, como hospitales del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud federal, hospitales militares y de Pemex, y ahora, también el IMSS-Bienestar, que ha absorbido por completo los servicios de 23 estados.

El efecto expansivo del amparo, que pareciera ser contrario a los límites que para estas sentencias fija el artículo 107 de la Constitución, solo fue aprobado por los Ministros Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez, así como por el ex Ministro Arturo Zaldívar.

Margarita Ríos-Farjat y Jorge Pardo no estuvieron de acuerdo con estos efectos para el amparo.

En un voto aclaratorio, Pardo rechazó que el producto de la concepción no tenga derechos humanos propiamente dichos sino hasta después del nacimiento, pues de ser cierta esta idea, ningún aborto podría penalizarse, no obstante que la propia sentencia solo lo avala en las primeras doce semanas.

También advierte que, al ordenar la derogación, se esta beneficiando a todas las mujeres, pero no a GIRE como tal, que fue la quejosa en el amparo.

“Los efectos debieron haber sido distintos, porque estamos generando un precedente que, a mi respetuoso parecer, no se compadece del todo con el sistema del juicio de amparo y otros medios de control constitucional, precedente que puede abrir una caja de Pandora más adelante”, advirtió Ríos-Farjat, quien proponía que el amparo solo protegiera a mujeres patrocinadas por GIRE.

La Corte tiene pendiente resolver una petición de GIRE para atraer la revisión de amparos similares que impugna la penalización una docena de estados. Pero ante la renuncia de Zaldívar y la llegada de Loretta Ortiz a la Primera Sala, está por verse si se mantendrá el criterio de ordenar directamente la derogación de las normas, que hasta ahora solo se ha hecho para el CPF y Aguascalientes.