Durante la jornada, médicos del IMSS, ISSSTE, del sector privado y residentes abordaron temas clave para garantizar una atención segura y basada en derechos humanos. Se discutió el marco legal vigente a nivel estatal y federal, así como los procedimientos médicos disponibles, incluyendo el uso de medicamentos y la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU). Además, se ofrecieron herramientas para la consejería anticonceptiva y el acompañamiento posterior al procedimiento.

La capacitación también incluyó un espacio de reflexión sobre valores y creencias en torno al aborto, con el propósito de promover una atención libre de estigmas. La reciente legalización del aborto en San Luis Potosí ha generado la necesidad de fortalecer los servicios de salud, asegurando que las personas que soliciten este procedimiento puedan acceder a él sin obstáculos ni prejuicios.

A pesar de la falta de legislación estatal, en diversas unidades médicas del ISSSTE en municipios como Axtla de Terrazas, Villa Hidalgo, Tancanhuitz de Santos, Charcas, Ébano, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad del Maíz y Salinas de Hidalgo, así como en la clínica “Doctor Arturo Aguillón Luna” y el Hospital General en la capital potosina, ya se realizan procedimientos de interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

López Torres explicó que el tema será analizado en la Comisión de Salud del Congreso, presidida por la diputada priísta Frinné Azuara Yarzábal, quien ha expresado en diversas ocasiones su apoyo a la interrupción legal del embarazo y a la atención médica para las mujeres que optan por este procedimiento.

La legisladora destacó que, con la federalización de los servicios de salud, las clínicas del ISSSTE operan con recursos provenientes de la Federación, lo que ha permitido ofrecer estos servicios sin requerir hospitalización en la mayoría de los casos.

Asimismo, señaló que la SCJN ha desaconsejado el uso del legrado por considerarlo un método invasivo y violento, favoreciendo en su lugar técnicas menos agresivas como la aspiración manual endouterina (AMEU) solo en casos específicos.

López Torres reiteró que la decisión de la SCJN será discutida en el Congreso local y se buscará un marco legal acorde con el mandato judicial, asegurando que las mujeres potosinas tengan acceso a un servicio de salud integral y seguro.

Las modificaciones legales se completaron el 15 de diciembre con la adición de los artículos 58 Bis y 58 Ter a la Ley de Salud, garantizando atención médica gratuita para la interrupción legal del embarazo.

Aunque en enero el Tribunal Electoral del Estado ordenó revisar la reforma tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovida por integrantes de un colectivo a favor del aborto, las solicitantes decidieron desistir del proceso, señalando inconformidad con el procedimiento legislativo.

Azuara Yárzabal afirmó que las reformas fueron cumplidas en su totalidad y que el marco legal para garantizar la atención ya está en funcionamiento.

El presidente de la Directiva, diputado Cuauhtli Badillo Moreno, comentó que, aunque el tema ha sido trabajado anteriormente con reformas al Código Penal y a la Constitución local, ahora se abordará desde el enfoque de salud.

El legislador aseguró que se llevará a cabo un trabajo conjunto con la presidenta de la Comisión de Salud, Frinné Azuara Yárzabal, para definir lo que falta y cumplir con lo establecido. Aclaró que el Grupo Parlamentario de Morena está comprometido con este tema, y seguirá impulsando la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la legislación estatal.

La despenalización del aborto fue aprobada el 7 de noviembre con 20 votos a favor, mayormente de diputados de Morena y sus aliados. Sánchez Martínez cuestionó el procedimiento, señalando que la decisión fue apresurada y no respetó el marco legislativo. “Esta orden judicial no era firme, por lo que se pudieron seguir otras vías legales”, declaró.

El recurso, aceptado a trámite el 21 de noviembre, pretende que los tribunales revisen la validez de la sentencia y sus implicaciones. Mientras tanto, Sánchez Martínez instó a mantener un diálogo amplio y transparente que contemple las diversas posturas sobre el tema. “Es por ello por lo que seguiremos insistiendo en el diálogo y apertura para que se escuchen todas las voces, sin distingo partidario o ideológico y que prevalezca la razón y la verdad y con los criterios técnicos que el tema amerita y como ciudadanía participativa estaremos atentos y continuaremos informando a la población en todo el estado”, concluyó.

La propuesta incorpora situaciones como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento, pobreza extrema, riesgos graves para la salud de la persona gestante y malformaciones fetales severas. Según las activistas, estas condiciones no están cubiertas en la legislación actual, dejando a muchas mujeres en una situación de desamparo jurídico.

Además, las promoventes solicitan eliminar la obligatoriedad de la denuncia previa en casos de violencia sexual para acceder al aborto. Explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que basta con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad, criterio que consideran necesario adoptar en el estado.

Otra de las demandas incluye garantizar el acceso al servicio de aborto incluso frente a la objeción de conciencia del personal médico. Las activistas enfatizan que el Estado debe asegurar que las solicitudes de este procedimiento se atiendan sin obstáculos, ya que consideran que la objeción no debe convertirse en una barrera.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las colectivas también planean presentar otra iniciativa para sancionar la negativa injustificada de servicios de aborto, considerándola como un acto de violencia reproductiva. Paralelamente, trabajan en una propuesta para reformar la Ley de Educación e incluir temas de derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudio.

La intención, señalaron, es que niñas y adolescentes cuenten con información desde temprana edad para prevenir embarazos no deseados y detectar posibles abusos, problemáticas que consideran urgentes de atender en la entidad. Las promoventes esperan que estas reformas contribuyan a garantizar derechos fundamentales y a reducir las barreras legales que enfrentan las personas gestantes en San Luis Potosí.

La reforma en el artículo 148 establece que el aborto será punible cuando se realice sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, independientemente de la fase del embarazo, con sanciones que van de 3 a 8 años de prisión. En los casos en que la interrupción sea voluntaria y ocurra después de las 12 semanas, las sanciones se reducirán a trabajo comunitario. Asimismo, el artículo 149 fue derogado, mientras que el artículo 150 exime de responsabilidad penal los casos de aborto resultantes de accidente o violación, eliminando la necesidad de contar con una sentencia previa para estos últimos.

Ninde Moire, integrante de AbortistasMx, compartió en redes sociales algunos puntos importantes sobre la reforma, destacando que con esta nueva legislación se eliminan términos estigmatizantes en la definición de aborto y se reconoce a las personas gestantes. Sin embargo, subrayó también la desaparición de las causales por salud y vida de la mujer como motivos permitidos para interrumpir un embarazo, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha aclarado que, en tales situaciones, el personal médico está obligado a realizar el procedimiento amparándose en el artículo 4º constitucional.

Con esta publicación, la reforma entra en vigor y requiere que las autoridades de salud del estado pongan en marcha servicios de aborto seguro. La implementación podría presentar retos, especialmente en cuanto a asegurar la disponibilidad de estos servicios para quienes los requieran.

Torres destacó que el gobierno estatal, a través de un enfoque institucional, asegura la protección y la salud de las mujeres, disminuyendo así los riesgos asociados con abortos realizados en condiciones inseguras. Esto forma parte de una política de salud pública para evitar que las mujeres pongan en peligro sus vidas.

El funcionario subrayó que, en casos específicos y bajo criterios médicos profesionales, los sistemas de salud estatales responderán con servicios de atención apropiados.

Asimismo, reiteró que la administración actual respeta todas las expresiones y mantendrá esa postura en caso de protestas o manifestaciones de grupos provida o religiosos en respuesta a la despenalización del aborto.

Cabe recordar que, al cierre de la semana pasada, el Congreso de San Luis Potosí fue obligado, mediante un amparo, a eliminar la penalización del aborto de la legislación local.

La red de atención incluye cuatro Hospitales Generales, ocho Hospitales Básicos Comunitarios y diversas unidades de alta especialidad. Dávila Chávez destacó que los quirófanos y las salas de expulsión están equipados para garantizar un procedimiento seguro, y que el personal médico ha recibido capacitación específica para realizar ILE con los protocolos adecuados.

La reforma elimina las sanciones previas de uno a tres años de prisión para quienes accedieran al aborto. Sin embargo, aún se esperan lineamientos sobre la objeción de conciencia del personal médico. Mientras tanto, colectivos feministas han asegurado que vigilarán el cumplimiento efectivo de esta ley, mientras que algunos grupos religiosos y civiles han expresado su desaprobación, reflejando la diversidad de opiniones que sigue presente en el debate social potosino.

Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, destacó que el Congreso ha cumplido parcialmente los mandatos judiciales recientes, que exigían no solo modificar el Código Penal, sino también derogar el artículo 16 de la Constitución local y reformar la Ley de Salud. “La eliminación de la criminalización es solo una parte del fallo. Queda pendiente eliminar el artículo que protege la vida desde la concepción y ajustar la Ley de Salud para crear protocolos adecuados”, señaló Serrano.

Las defensoras subrayan que sin un cambio en la Ley de Salud, los hospitales y clínicas de San Luis Potosí seguirán sin protocolos claros para ofrecer la interrupción del embarazo, limitando el acceso al servicio. Serrano puntualizó que, de no establecerse este procedimiento formal, muchas personas enfrentarán barreras legales y administrativas en los hospitales públicos. “Actualmente, si alguien solicita el servicio en un hospital público, es probable que no se le atienda porque no hay un protocolo establecido. Esto es algo que debemos resolver con urgencia”, afirmó.

Además, los colectivos llaman a implementar campañas de capacitación para el personal de salud y a informar a la población sobre este derecho. Serrano destacó la importancia de que las mujeres y personas gestantes sepan que el aborto en las primeras 12 semanas es legal y accesible en el estado. “Faltan mucha capacitación y promoción estatal para que el servicio sea realmente accesible en todo San Luis Potosí”, dijo.

Organizaciones como la Asociación Civil Nueva Luna seguirán trabajando para que se eliminen barreras y se promueva una cultura de derechos en torno a la salud reproductiva. Las defensoras de derechos aseguran que, sin la adecuación de la Ley de Salud y la reforma constitucional pendiente, el avance legislativo podría no traducirse en un acceso real y efectivo al aborto, dejando la despenalización incompleta.