Un trabajador del DIF denunció haber sido removido de su puesto en recepción para ser enviado al Departamento de Archivo Histórico, bajo el argumento de “falta de personal”. Sin embargo, fuentes internas aseguran que este tipo de cambios son una práctica habitual del actual gobierno municipal: reubicaciones arbitrarias destinadas a presionar a los trabajadores para que renuncien.

De acuerdo con el testimonio del afectado, quienes no ceden a la presión terminan despedidos, recibiendo liquidaciones mínimas disfrazadas de acuerdos para “evitar laudos laborales”. Estas acciones, además de vulnerar derechos laborales básicos, revelan una estrategia de control político dentro del Ayuntamiento, donde la lealtad partidista se impone sobre la capacidad y la experiencia.

El caso no es aislado. Dentro de la administración municipal, la colocación de familiares y allegados de Morena se ha vuelto una constante. Uno de los ejemplos más evidentes es el de Areli Vega Díaz, sobrina de la presidenta municipal, quien ocupa la titularidad de la Instancia de la Mujer, pese a su falta de preparación y experiencia en el área.

Este esquema de nepotismo se replica en distintos departamentos, donde hijos, hermanos y primos de funcionarios son integrados a la nómina, desplazando a trabajadores con trayectoria comprobada. Mientras tanto, quienes expresan opiniones críticas o se niegan a seguir órdenes políticas terminan relegados o despedidos.

Paradójicamente, el empleado removido contaba con reconocimiento ciudadano por su cercanía y atención al público, lo que vuelve su traslado aún más injustificado. En contraste, figuras como Margarita Hernández Bautista, actual directora del DIF, permanecen firmes en sus cargos gracias a su alineamiento incondicional con la alcaldesa y su partido.

La situación refleja un ayuntamiento fracturado: hacia afuera, las críticas por el abandono de colonias y comunidades crecen, mientras la administración intenta “compensar” con entrega de cemento y apoyos menores; hacia adentro, el malestar laboral y la censura definen el ambiente cotidiano. Lejos de representar un proyecto de transformación, la gestión de Isis Ayde Díaz parece consolidar una red de favoritismos y control político, donde los méritos se ignoran y la lealtad personal se premia. En Santa María del Río, la ética y el servicio público han sido relegados, y el mensaje para los trabajadores municipales es claro: callar, obedecer o salir.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra el caso de la Coordinadora de Abasto, Marisol Mier Castillo, quien ha reprobado exámenes de confianza en dos ocasiones y es acusada de intimidar a sus subordinados y de acoso laboral. Esta situación plantea dudas sobre el manejo de recursos humanos en la delegación, especialmente porque Mier Castillo tiene vínculos estrechos con el delegado Muñoz Pérez.

Además, se ha señalado un caso de nepotismo, ya que la hermana de Mier Castillo es responsable de contrataciones y licitaciones en la delegación, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.

Otro aspecto preocupante es el desfalco de 100 millones de pesos en el Almacén General, en el que estuvo involucrado el ex Jefe de Administración, Luis Alberto Martínez Villuendas. Aunque este último renunció y se encuentra prófugo, aún no se han tomado medidas contra los responsables.

La situación se agrava con la negligencia documentada del Jefe de Jurídicos, Raúl Mario Beltrán Flores, quien enfrenta acusaciones por acoso sexual y por aprobar el pago irregular de la pensión de su padre. A pesar de estas acusaciones, fue reinstalado en su cargo después de ser cesado.

Finalmente, se han detectado graves deficiencias en todos los procesos delegacionales, según un equipo de supervisión de Evaluación de Delegaciones. Estas deficiencias han llevado a la delegación del IMSS de San Luis Potosí a ocupar el último lugar en la evaluación nacional, lo que refleja la magnitud de los problemas encontrados en la institución.