Además, la reforma establece que ninguna investigación o persecución penal podrá realizarse con participación de agentes externos sin la autorización expresa del Estado mexicano. Esto refuerza el control sobre las acciones judiciales dentro del país y busca evitar presiones o interferencias de gobiernos o entidades extranjeras.

Otro aspecto clave de la modificación es el endurecimiento de penas en delitos relacionados con terrorismo y tráfico ilegal de armas. Se impondrá prisión preventiva oficiosa a nacionales o extranjeros que fabriquen, distribuyan o introduzcan armas de manera ilícita en el territorio nacional. A quienes se compruebe su participación en estas actividades se les aplicará la sanción más severa posible.

El debate legislativo sobre la reforma incluyó posturas encontradas. Mientras las diputadas Sara Rocha Medina y Frinné Azuara Yarzabál expresaron su rechazo, la diputada Jessica Gabriela López Torres y el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol defendieron la iniciativa argumentando que refuerza la seguridad y la soberanía del país.

Con la aprobación en San Luis Potosí, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo. Esta reforma se suma a los esfuerzos federales por garantizar que México mantenga el control absoluto sobre sus decisiones internas y proteja su autonomía frente a influencias externas.

El diputado señaló que los decretos originales restringían el uso de los polígonos a actividades industriales, pero las necesidades actuales de empresas transnacionales han superado esas limitaciones. La ampliación permitirá incorporar servicios esenciales como hoteles, gimnasios y centros de esparcimiento, necesarios para proveedores y visitantes.

Lara Rocha destacó la importancia de mantener un diálogo con organismos empresariales como Coparmex, Canacintra e Ipac, mediante mesas de trabajo que permitan atender inquietudes y mejorar la legislación en torno al uso de suelo en la zona. Además, subrayó que estas modificaciones han sido socializadas con los sectores involucrados para garantizar su viabilidad.

El diputado aseguró que cualquier instalación nueva en la zona será revisada con el apoyo técnico de Protección Civil para garantizar la seguridad y funcionalidad de los espacios, contribuyendo así al crecimiento ordenado de la zona industrial y su integración con servicios comerciales y recreativos.

Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la comisión, detalló que algunos municipios, como Axtla, Ciudad del Maíz, Tanquián y Tamuín, no solicitaron ajustes, por lo que se mantendrán las tarifas vigentes de este año. En el resto de los municipios, incluidos Cárdenas, Ciudad Valles y Rayón, se aprobó un aumento del 3.77%, correspondiente al incremento registrado en el Índice Nacional de Precios al Productor entre octubre de 2023 y octubre de 2024.

El caso del Interapas fue diferenciado, ya que se aprobó no incrementar las tarifas para el servicio doméstico ni para instituciones públicas. Sin embargo, se autorizó un ajuste del 5% al 6% en las tarifas para los servicios industriales, comerciales y residenciales con consumo superior a los 25 metros cúbicos.

Además, se implementaron incentivos fiscales para los deudores morosos, que incluyen un descuento del 100% en la contratación del servicio en zonas residenciales, con el objetivo de regularizar a quienes no han cumplido con sus pagos.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, apoyó la medida, subrayando que este ajuste será crucial para mejorar la estabilidad financiera de Interapas y continuar garantizando el suministro de agua en la ciudad.

Por otro lado, en relación a los impuestos municipales, la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal rechazó la propuesta de incrementar en 10.6% los valores de uso de suelo y construcción en la capital, manteniendo las tarifas actuales de 2024. Asimismo, la Comisión Primera aprobó las leyes de ingresos de 30 ayuntamientos y la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción en siete municipios del estado.

La reforma incluye nuevos tipos penales como la extorsión, actividades ilegales relacionadas con precursores químicos y drogas sintéticas, como el fentanilo, y delitos fiscales como el uso de comprobantes falsos. También aborda delitos contra la salud y el libre desarrollo de la personalidad. Según la reforma, los órganos del Estado deberán aplicar estas disposiciones sin interpretaciones que las desvirtúen, manteniendo su literalidad.

En el contexto nacional, datos del INEGI señalan que el fraude y la extorsión se encuentran entre los delitos de mayor incidencia. Además, el abuso de fentanilo ha generado preocupación creciente en materia de salud pública, con un aumento significativo en casos de tratamiento desde 2018.

La prisión preventiva oficiosa debe ser una medida excepcional, utilizada sólo cuando otras alternativas cautelares no sean suficientes para garantizar el proceso judicial. Esta disposición tiene sus raíces en la reforma penal de 2008, que permitió a los jueces ordenar esta medida de oficio. Con la adición más reciente, se refuerza un enfoque hacia delitos considerados de alto impacto.

Esta decisión subraya la intención de abordar problemas específicos de seguridad pública y justicia penal, mientras se enfatiza el respeto a los derechos humanos en su implementación.

El secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, señaló que la reforma en seguridad pública comenzó desde el inicio de la administración, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre los niveles de Gobierno y preservar los derechos de las personas, el orden público y la paz social.

La nueva corporación contará con mejores herramientas tácticas, operativas y de inteligencia, además de equipamiento adicional como 50 nuevos vehículos y más videocámaras para el Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C3). Asimismo, se fortalecerá la Policía Cibernética para enfrentar nuevos desafíos en materia de seguridad.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que esta transformación responde a las demandas de la ciudadanía para fortalecer la tranquilidad en el municipio. La implementación del reglamento refuerza el compromiso del Ayuntamiento con un modelo policial más eficiente y cercano a la población, promoviendo confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La reforma establece que todas las personas tienen derecho a vivir sin violencia de cualquier tipo. Además, garantiza que el Estado Mexicano deberá implementar medidas reforzadas para proteger a mujeres, adolescentes y niños, específicamente en los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia. De igual manera, se reconoce el principio de paridad de género en los nombramientos de autoridades públicas a nivel federal, estatal y municipal.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Artemio Arreola Mallol, destacó que esta reforma posiciona a San Luis Potosí a la vanguardia en el ámbito de los derechos humanos y subrayó que aún queda mucho por hacer. También se aprobaron medidas para reducir la brecha salarial por razón de género, con la implementación de mecanismos en los regímenes laborales previstos en el artículo 123 de la Constitución.

Además, las autoridades deberán crear fiscalías especializadas en violencia de género y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por la reforma. La iniciativa de Sheinbaum busca, en última instancia, asegurar que la igualdad sustantiva sea una realidad para todas las mexicanas, elevando estos principios a un nivel constitucional y comprometiendo al Estado a fortalecer las políticas públicas para erradicar la violencia de género.

Durante la sesión, los miembros de la LXIV Legislatura destacaron la importancia humanista de la reforma, señalando que se establece un derecho constitucional para los trabajadores a acceder a una vivienda adecuada. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, enfatizó la creación de un fondo destinado a este fin, que permitirá la construcción de más de un millón de viviendas en el país.

Arreola Mallol explicó que “lo que estuviste pagando no se va al vacío, es un abono que podría complementarse con un crédito, sobre todo para personas jóvenes; 500 mil van a ser para el Infonavit y 500 mil para personas no afiliadas y que no tienen derecho a bienes en esa institución”. La reforma constitucional busca reconocer más derechos en materia de vivienda para los trabajadores, dirigiendo el presupuesto hacia esta causa y creando un marco normativo para el arrendamiento público con opción a compra.

El diputado aclaró que “no se le va a quitar la casa a nadie”, asegurando que se respeta la propiedad privada y que la intención es que más personas puedan acceder a tener un patrimonio. La reforma también promueve un lenguaje inclusivo al cambiar expresiones como “los trabajadores” por “personas trabajadoras” y “personas empleadoras”, con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación por sexo o identidad de género.

Además, se prevé que las personas trabajadoras puedan acceder al arrendamiento social de viviendas construidas por el INFONAVIT, así como a la futura adquisición de estas. La mensualidad del arrendamiento no podrá exceder el 30% del salario de las trabajadoras y trabajadores, y se dará preferencia a quienes hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley establecerá mecanismos para evitar la discrecionalidad en el acceso a este derecho.

La reforma también permitirá gestionar adecuadamente las viviendas abandonadas, que podrán recuperarse y ofrecerse en arrendamiento. Se establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para hacer las adecuaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y se deberá implementar un programa de eficiencia operativa que reduzca costos en un plazo similar, reafirmando así la orientación social del Instituto.

Durante el debate, los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición, con argumentos en defensa de la división de poderes. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera afirmó que la reforma debilita los contrapesos al poder y advirtió sobre “excesos del poder”. Desde el PRI, la diputada Sara Rocha Medina expresó que la medida representa una “crisis constitucional y jurídica” al concentrar poder en el Ejecutivo. Mireya Vancini, también del PAN, comparó la situación en México con regímenes autoritarios, expresando preocupación por una posible deriva autoritaria.

La reforma establece que no procederán controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad sobre adiciones o reformas a la Constitución Federal, lo que implica que el poder reformador no estará sujeto a revisión judicial en estos casos. Con esta medida, San Luis Potosí se suma como el undécimo estado en respaldar la reforma en materia de supremacía constitucional.

En la misma sesión, el Congreso aprobó un segundo dictamen, impulsado por el partido MORENA, que incorpora programas de bienestar social en los artículos 4 y 27 de la Constitución. Este dictamen busca garantizar un jornal seguro para campesinos que trabajan sus tierras con cultivos específicos, y establece la entrega de fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol y leche. Además, asegura un apoyo económico directo a pequeños pescadores y campesinos.

El diputado morenista Carlos Arreola Mallol defendió estas reformas como un acto de justicia social, argumentando que distribuyen la riqueza entre los sectores más vulnerables. Legisladores del PRI y del PAN, si bien apoyaron la iniciativa, señalaron que estos programas deben mantenerse libres de fines políticos.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que esta decisión representa un avance importante para la clase trabajadora en San Luis Potosí y a nivel nacional. Destacó que la Legislatura local ha cumplido con su deber al aprobar la minuta de manera democrática y oportuna, sin apresurar los debates o votaciones.

La reforma garantiza que los salarios mínimos se ajusten anualmente conforme a la inflación, beneficiando a distintos sectores, incluidos maestros de educación básica de tiempo completo, policías, personal de la Guardia Nacional, integrantes de las fuerzas armadas, médicos y enfermeros.

Varios diputados manifestaron su apoyo durante el debate, incluyendo a José Roberto García Castillo, Marco Antonio Gama Basarte, y Jessica Gabriela López Torres, entre otros.

Para que esta reforma se promulgue, es necesario que al menos 17 congresos estatales la aprueben. Hasta el momento, varios estados han respaldado esta iniciativa, lo que evidencia un consenso significativo; así, el Congreso de San Luis Potosí se suma a los 12 congresos que ya han aprobado la minuta.

El Cabildo ha aprobado por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el Presidente Municipal, la cual entrará en vigor a partir del 19 de abril y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024.

Tras la aprobación de la licencia, la regidora Martha Orta propuso a Alexandra Daniela Cid González como presidenta municipal interina. Después de una votación, los regidores respaldaron a Cid González para asumir el liderazgo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Finalmente, Alexandra Daniela Cid González prestó juramento ante el resto de los integrantes del cabildo como la nueva alcaldesa interina de la capital potosina.

La alcaldesa interina expresó su compromiso de seguir atendiendo las necesidades de las familias potosinas de la misma manera en que se ha venido haciendo hasta ahora. Afirmó que queda mucho trabajo por hacer y que considera un profundo honor haber recibido esta oportunidad.