La Presidenta Concejal, Teresa Rivera Acevedo, agradeció al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por hacer posible este beneficio para los estudiantes del municipio, ya que, no solo incluye a los estudiantes de secundaria, sino que también se extiende a alumnos de preescolar y primaria, quienes ahora contarán con un seguro de gastos médicos cubiertos por el Estado en caso de accidentes dentro de las instituciones educativas de nivel básico.

El Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que San Luis Potosí se convierte en el primer estado del país en ofrecer pólizas de seguro a los estudiantes de educación básica, el cual partir de este año, será decretado de manera permanente para garantizar que cada estudiante cuente con esta cobertura para cualquier incidente que pueda surgir y asegurar que recibirán atención médica tanto en hospitales públicos como privados de la entidad.

La implementación de este programa en Villa de Pozos tiene un impacto positivo en miles de estudiantes de educación básica en todo el municipio y refuerza el compromiso del Gobierno del Estado con la educación y el bienestar de la infancia y juventud potosina, además de brindar tranquilidad a las familias y asegurar que los estudiantes puedan desarrollarse de manera plena y segura en sus entornos educativos.

Según el reporte de la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE), Mexquitic de Carmona no logró justificar este monto de dinero, obtenido principalmente de participaciones federales. Tras las investigaciones, la ASE descubrió la existencia de contratos por diversos conceptos y por montos altos por servicios y productos. Sin embargo, cuando se buscaron las empresas que supuestamente ofrecieron los servicios, sin embargo, algunas ni siquiera existen o no se encontraron en los domicilios marcadas en las facturas.

El documento, disponible en el sitio web del IFSE, abunda en observaciones y recomendaciones, por lo que, en su dictamen final, ha concluido contundentemente que el Ayuntamiento de Mexquitic “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”. Esta situación coloca al municipio como uno de los más observados en todo el estado. Además de que expone la mala administración que el alcalde realiza con los recursos del erario público.

Dichos informes corresponden a 178 auditorías practicadas a 112 entes integrados por los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los municipios y sus organismos descentralizados municipales.

El resultado de los procedimientos de revisión efectuados para 2022, equivale a mil 479 millones 074 mil 798 pesos, por concepto de observaciones sin solventar.

Cabe señalar que el importe total de recursos ejecutados durante 2022, asciende a 24 mil 334 millones 330 mil 841 pesos, de los cuales se fiscaliza una muestra correspondiente a 20 mil 507 millones 578 mil 677 pesos, cantidad que equivale a una muestra revisada con un alcance superior al 84 por ciento.

En relación con las acciones emitidas como resultado de la auditoría a este ejercicio, el IFSE formuló un total de 3 mil 520, de las cuales los porcentajes más significativos corresponden a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones y pliegos de observaciones.

Dentro de los próximos 10 días hábiles, el IFSE notificará a los entes sujetos de fiscalización los resultados del ejercicio de auditoría; posteriormente, éstos contarán con un plazo de 30 días hábiles para trabajar y presentar pruebas e información sobre las observaciones.

Para evitar ser auditada, la UASLP promovio un juicio de amparo donde se argumenta que la encargada del despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, no ha sido revalidada de su cargo, sin embargo el recurso fue rechazado.

Por otro lado, Virginia Muñoz, aseguró que la ley le otorga a la ASE atribuciones las cuales son para revisar ingresos propios a todos los entes públicos de la entidad, incluyendo la UASLP que “está obligada a rendir cuentas de varios cientos de millones de pesos a todos los potosinos, por concepto de ingresos propios recaudados durante el ejercicio fiscal 2022, en aras de garantizar la transparencia del origen, uso y destino de dichos recursos”. Agregó que la ASE tiene la obligación legal de fiscalizar a todos los organismos autónomos y que una omisión de esa naturaleza trae consigo consecuencias legales.

“En el caso de la UASLP, durante la fiscalización de la cuenta pública 2021 todo funcionó bien, ¿por qué ahora surgen inconformidades de este tipo?”, cuestionó la encargada de la ASE. 

En cambio, la universidad emitió un comunicado recordando que el autogobierno de la universidad incluye la responsabilidad de asumir la responsabilidad de su trabajo y hacer público el origen, destino y uso de los recursos recibidos para asegurar una gestión eficaz y productiva, económico, transparente y honesto para lograr los objetivos previstos.

La UASLP explicó que en 2022, los recursos de los gobiernos federal y estatal, así como sus propios recursos, están sujetos a informes estatales a la legislatura estatal Estados Financieros dictaminados a la Comisión de Vigilancia y Consejo Directivo Universitario, y presentación de Informes Financieros Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITSO) ante la Secretaría de Educación Pública.

Con respecto a las auditorías, la máxima casa de estudios potosina, informó que se encuentran en proceso por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASE), y el Órgano Interno de Control de la Universidad.

Agregó que aunque el Estatuto Orgánico de la UASLP permite que la Contraloría Interna de la institución educativa haga las revisiones y estudios referidos, no tienen problema en que se realice por parte de la ASE.

Explicó que los recursos que se revisarán son ingresos propios que la máxima casa de estudios de la entidad obtiene, luego de llevar a cabo algunas acciones para obtenerlos, los cuales consisten en cursos, talleres, asesorías, entre otras actividades, mismos que son utilizados para la contratación de docentes, ya que no se han presentado plazas nuevas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Entonces muchos docentes de horas-clase están contratados con recursos propios”, explicó.

Finalmente, Zermeño Guerra enfatizó que está seguro de que la ASE no encontrará ninguna irregularidad y que las posibles observaciones serán solventadas, “los puntos que no estén claros, se aclaran y ya”.  

Además pide cuentas al presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, José Antonio Zapata Meraz, por su irresponsabilidad en el cargo, pues ha dejado pasar muchos temas y autoridades corruptas no han sido sancionadas.

Ante la falta de oficio técnico e incapacidad de la funcionaria, ya varios diputados como Edgardo Hernández, Marité Hernández y Mario Larraga, han exigido que de cuentas de su gestión, pero sólo han visto apatía y desconsideración hacia las necesidades de la población que requiere acabar con los malos funcionarios.

El abogado potosino, hizo un llamado al panista José Antonio Zapata Meraz para poner orden, aun y cuando ya se va de la comisión “no es posible que le permitan decir a la Auditora que tenga un rezago de 2 mil 400 expedientes, manejando un presupuesto de casi 300 millones de pesos al año y con más 350 empleados, entonces qué está haciendo, no se vale, hay que denunciar a todas las autoridades que están atentando contra el Estado como la Secretaría de Salud”.

Para él, se está demostrando que existe complicidad desde la ASE hacia los entes de gobierno porque hay omisión en las denuncias penales y administrativas en contra de ex funcionarios, ejemplo de ello, el gran desfalco a la Dirección de Pensiones, que a través de diversas organizaciones civiles están exponiendo, pero no investigando en ninguna parte.

“Hago un llamado enérgico, le solicito su renuncia porque no se vale, que a un ente lo fiscalice y a otro no; y el presidente de la Comisión de Vigilancia, qué vigila, ya se va y así quiere ir a hacer campaña, tiene responsabilidad y no lo está cumpliendo, pero eso sí, solicita aumentos al personal de asesores del Poder Legislativo, entonces no son capaces de llevar a cabo un dictamen jurídico apegado a derecho”.

Mostró documentación sobre algunas otras irregularidades en la ASE, como el pago de laudos millonarios a ex empleados de la institución a pesar de haber sido participes de la Ecuación Corrupta, nombramientos donde hay conflictos de interés como es el caso de Fernando Díaz Jiménez.

El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Vigilancia, indicó que se mantiene al pendiente del inicio de la auditoría especial a la Secretaría de Salud, solicitada a la Auditoría Superior del Estado con base en información proporcionada por una organización ciudadana.

Manifestó que el trámite sigue su curso, para que se realice de manera puntual una revisión a esta dependencia, luego de que los integrantes de la organización ciudadana presentaron ante los legisladores los documentales en los que basan su denuncia pública.

“Esta es una iniciativa ciudadana que solicita a la Auditoría Superior del Estado esta auditoría especial, evidentemente nosotros desde la Comisión de Vigilancia tanto un servidor como los integrantes estamos acompañando esta solicitud ciudadana, la cual nos hizo llegar a través de Ciudadanos Observando la información suficiente y necesaria para que la pueda valorar la Auditoría Superior del Estado y pueda iniciar esta auditoría especial la Secretaria de Salud”.

Señaló que el compromiso de los integrantes de la Comisión de Vigilancia es darle puntual seguimiento al tema para que se realice este procedimiento a la brevedad, “cabe hacer mención que si, este tema de la pandemia vino a modificar cualquier situación a la que estábamos acostumbrados, evidentemente nosotros estaremos dándole seguimiento puntual, aunque seguramente será también el trabajo que haga la Auditoría Superior del Estado en conjunto con la fiscalización del recurso 2019 que es el que se está llevando a cabo ahorita”.

Esta suspensión de actividades de la Auditoría Superior del Estado, cayó como anillo al dedo principalmente a aquellos alcaldes que antes de la pandemia del Coronavirus ya tenían innumerables observaciones a sus cuentas públicas. Ahora, sin que nadie les audite se puede caer más en la tentación de los malos manejos.

Legisladores y especialistas financieros consideran que la apatía de la Auditoría Superior del Estado por revisar las cuentas públicas –mínimo en los porcentajes y términos que marca la ley- y su nulo plan de acción, puede generar mal manejo de los recursos públicos en detrimento de los pobladores de los diferentes municipios.

Como ejemplos de las innumerables observaciones mucho antes que iniciara la pandemia se tiene a las cuentas públicas de las presidentas municipales Erika Briones de Villa de Reyes y Paloma Bravo García de Zaragoza, así como el Presidente Municipal de Santa María del Río Israel Reyna Rosas.

Irregularidades en los municipios

Sólo en tres meses de la cuenta pública del 2018 en el municipio de Villa de Reyes se detectaron irregularidades en el rubro de “Gratificaciones” con más de 6 millones 326 mil pesos, en “Prestaciones” más de un millón 279 mil pesos y en “Estímulos” más de un millón 83 mil pesos. En todos los casos se hicieron pagos pero no presentó la documentación comprobatoria. En el mismo periodo le fueron observados 7 millones en combustible, medicinas así como en material eléctrico, oficina y limpieza.

En este medio dimos a conocer que el ayuntamiento de Santa María del Río recibe de la Federación más de 33 millones de pesos al año del Ramo 33 que deberían ser destinados para abatir el rezago social en beneficio de los habitantes, sin embargo han optado por obtener ganancias con este recurso.

En lugar de utilizar el monto que recibían aproximadamente de 3 millones 300 mil pesos por mes, la administración de Israel Reyna Rosas dejaba que se acumulará el monto hasta por 10 meses que metieron a Fondos de Inversión con una renta fija “bonos” que les generaban intereses económicos, omitiendo abrir una cuenta específica y productiva como lo exige la Ley de Contabilidad Gubernamental; es notorio que el alcalde en coordinación con el Tesorero y el Contralor desviaban el recurso a una cuenta particular para evitar los embargos de los laudos laborales que tienen emplazados, sin previa autorización el Cabildo.

En el caso de Zaragoza, se detectaron diferentes irregularidades por más de 25 millones de pesos a la Presidenta Municipal de Zaragoza Paloma Bravo García, correspondiente a los tres meses de su cuenta pública de 2018. Entre las anomalías no presentó evidencia de suscripción de contratos individuales, tiene un balance negativo entre la ley de ingresos y el presupuesto devengado, así como ingresos que no cuentan con la documentación comprobatoria.

Si estas observaciones se detectaron haciendo Auditoria, ahora que ya tienen tres meses que suspendieron labores y sin un plan de acción se pueden incrementar.

Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia han solicitado a la Auditoría Superior del Estado que se practique de manera inmediata a la Secretaría de Salud una auditoria especial con respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020; el motivo son los diversos señalamientos que se han vertido en contra de empresas que le han proporcionado bienes y servicios, en los que se presumen precios, adjudicaciones y contratos que se presumen irregulares. Sin embargo, esta revisión podría demorar más tiempo del que esperan los legisladores. 

La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene una imagen deteriorada y para que la ciudadanía vuelva a creer en el órgano fiscalizador se requiere que los actos de corrupción no queden impunes, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado José Antonio Zapata Meraz.

El legislador, mencionó que en lo individual su objetivo es fortalecer al órgano que tiene a su cargo la función de revisar, auditar y vigilar las finanzas públicas de los entes auditables.

“Mi apuesta en lo individual, es fortalecer a la ASE para generar esa credibilidad que se ha minado y, únicamente va a ocurrir en la medida en que la ciudadanía perciba que los actos de corrupción tienen consecuencias y, en la medida en que las denuncias que presenta la Auditoria sean atendidas por la Fiscalía y veamos que los culpables paguen por desviar los recursos públicos y por traicionar la confianza de la ciudadanía”, sostuvo.

Dijo que  la Auditoria Superior del Estado (ASE), tiene la gran responsabilidad de cerrar el círculo del proceso de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, “en donde la ciudadanía advierta que no es una plena simulación sino que efectivamente se está dando un puntual seguimiento al uso de los recursos públicos y, que la Fiscalía General del Estado (FGE) atienda puntualmente las demandas que presente la Auditoria”.

Puntualizó que la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, sigue su curso, y en este proceso, “nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo a la Unidad de Evaluación y Control para estar inmersos en este proceso de vigilancia y fiscalización”.

“Lo que sigue, es que los entes auditables ahora tienen dos oportunidades para poder desahogar las observaciones realizadas por la ASE a sus cuentas públicas 2018. Después de la notificación de la Auditoría,  tienen un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones y, después tienen otro periodo similar para presentar pruebas suficientes para determinar si cumplieron o no”, añadió.

Zapata Meraz dijo que la ASE tendrá que interponer las denuncias penales correspondientes en contra de los alcaldes y entes auditables que no hayan podido solventar las observaciones  y, realizar los procedimientos de las sanciones administrativas correspondientes en los casos de las faltas que así lo requieren.

Una vez que la Auditoría Superior del Estado cumplió en tiempo y forma ante el Congreso del Estado, con la entrega de los informes General e Individuales de Auditoría correspondientes a las Cuentas Públicas 2018, el proceso de fiscalización continúa con una serie de acciones a seguir, las cuales están sujetas a diversos plazos perentorios que deben cumplirse. Entre las sanciones que se pueden aplicar, en caso que los hechos sean graves, son denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.

La primera acción ejecutada por la Auditoría Superior del Estado, fue la publicación en internet de los informes General e Individuales, y en este momento corre el plazo para notificar a los entes auditables el resultado de la fiscalización, que es de 10 días hábiles a partir de la entrega de los informes.

Concluido el plazo anterior, la ASE deberá recibir dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación, la documentación y argumentos que los entes fiscalizados consideren pertinente para el desahogo de sus observaciones, así como requerir que presenten información adicional, en caso de así considerarlo el organismo fiscalizador.

Habiendo evaluado las observaciones, y desahogado aquellas de las que el ente presentó pruebas suficientes, la ASE determinará en cantidad líquida, los daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública, así como informará a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su caso, los posibles incumplimientos de carácter fiscal que haya encontrado. Aunado a lo anterior, deberá promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la imposición de sanciones contra servidores públicos en los casos que se hayan detectado faltas administrativas graves; así como ante los Órganos Internos de Control, la investigación y en su caso el procedimiento sancionador, si se detectaron faltas administrativas no graves.

Finalmente, deberá emitir denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos hechos delictivos, y ante el Congreso del Estado para juicio político, en su caso. Paralelo a los procedimientos que la ASE esté llevando a cabo, deberá informar el primer día hábil de los meses de noviembre y mayo, el estado que guarda el proceso de solventar las observaciones de las entidades fiscalizadas, como lo marca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.