El primer impacto alcanzó el piso superior del hospital, donde se ubican los quirófanos y residencias médicas, ocasionando la muerte de dos personas. Minutos después, un segundo proyectil golpeó una escalera externa cuando rescatistas y periodistas acudían al lugar, provocando otras 18 muertes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho como un “accidente trágico” y aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel investigan lo ocurrido, al reiterar que no se ataca de manera deliberada a civiles ni comunicadores. El ejército reconoció que los proyectiles se dirigieron contra lo que consideraban una cámara de vigilancia de Hamas instalada en el techo del hospital.

Entre los periodistas fallecidos se encuentran:

• Mariam Dagga (AP, The Independent Arabia)
• Mohammed Salama (Al Jazeera)
• Hussam al Masri (Reuters)
• Moaz Abu Taha (independiente)

Las agencias Reuters y Associated Press expresaron consternación por la pérdida de sus colaboradores.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras denunciaron un patrón de ataques contra comunicadores, al recordar que más de 280 periodistas han muerto en Gaza desde octubre de 2023.

Según cifras de las autoridades palestinas, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza se contabilizan 62 mil 744 muertos, 157 mil 259 heridos y 300 personas fallecidas por inanición.

Los ataques en distintas partes del municipio se reportaron casi de manera simultánea al sistema de emergencia 911 antes de las siete de la mañana de este jueves.

Medios locales reportaron que uno de estos ataques ocurrió en la colonia La Cruz, donde fueron hallados tres hombres ejecutados con disparos de arma de fuego. Otro hecho violento se reportó en el libramiento de la carretera que conecta Salamanca con Valle Santiago, donde asesinaron a una persona y una más estaba lesionada.

En este caso, los agresores dejaron un mensaje debajo de la persona fallecida. Otras dos personas fueron desmembradas y localizadas en la comunidad de Cerro Gordo, mientras que en unos terrenos de cultivo se hallaron cuatro cuerpos más.

Por último, otras personas fueron ejecutadas en esta misma comunidad. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el asesinato la tarde de este jueves.

“La Fiscalía de Guanajuato ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para su esclarecimiento. Las investigaciones se encuentran en curso para el esclarecimiento de los hechos e identificación y captura del o los inculpados”.

Por estos hechos, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, dijo al diario Milenio que estos homicidios están relacionados con un “ajuste de cuentas” entre grupos del crimen organizado y estarían vinculados directamente con la masacre del “Centro de Rehabilitación Crad” de la colonia El Rosario, ocurrido la noche del pasado 1 de octubre.

La masacre del anexo ocurrió cuando un grupo de hombres armados y a bordo de un vehículo rojo, embistieron el portón del anexo para luego disparar indiscriminadamente contra los internos, que presuntamente eran unas 30 personas las que se encontraban en el lugar.

El estado de Guanajuato se encuentra como una de las prioridades del gobierno federal ya que el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen una disputa a muerte por el control del tráfico de drogas. A esto se suma la reciente renuncia del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien había estado al frente de la institución durante 15 años.

Cabe señalar que en todo el estado se registraron de la tarde de ayer a la de hoy, 26 homicidios por disparos de arma de fuego, incluidos los muertos en Salamanca.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha señalado que la oposición está liderando campañas que acusan al gobierno de permitir el proceso electoral más violento en la historia reciente de México. Rodríguez Velázquez rechazó estas afirmaciones, sugiriendo que estas campañas tienen como objetivo desprestigiar al gobierno actual.

La secretaria también detalló las medidas de protección solicitadas por los candidatos. De 645 peticiones recibidas, 595 fueron atendidas, mientras que 50 fueron declinadas por los propios solicitantes. A la fecha, 121 candidatos electos mantienen la protección hasta que tomen posesión de sus cargos.

Rodríguez Velázquez destacó que el proceso electoral fue “muy cuidado” y estuvo vigilado por las Fuerzas Armadas, asegurando que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos.

La secretaria reiteró que las campañas opositoras buscan generar alarma y desprestigiar al gobierno, afirmando que los comparativos con procesos electorales pasados muestran que no se trató del proceso más violento.

Una diferencia clave en este proceso electoral, según la secretaria, es que no se registraron homicidios de contendientes a cargos de elección federal ni a gubernaturas, contrastando con incidentes ocurridos en gobiernos anteriores.

Para abordar los homicidios ocurridos, las fiscalías estatales están a cargo de las investigaciones, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer los hechos. La secretaria enfatizó la importancia de estos esfuerzos para mantener la integridad del proceso electoral y la confianza en las instituciones.

En conclusión, mientras la violencia electoral sigue siendo un tema de preocupación, el gobierno defiende las medidas implementadas y rechaza las acusaciones de la oposición sobre la gestión de la seguridad durante las elecciones.

Entre las personas que han sido agredidas en el periodo electoral que comenzó el pasado 1 de septiembre, se encuentran candidatas, dirigentes, funcionarias municipales, legisladoras o militantes, quienes han sufrido atentados, amenazas, secuestro e, incluso, han sido asesinadas.

La base de datos del Proyecto Votar entre Balas, elaborado por Data Cívica en colaboración con México Evalúa, documentó que en estos nueve meses se han presentado muchos más casos de violencia si se consideran funcionarias federales, estatales o municipales dedicadas a labores policiacas, en Ministerios Públicos o como policías o militares, así como familiares de este tipo de personas.

La plataforma documentó que han ocurrido 12 asesinatos, 15 atentados, tres secuestros y una amenaza contra mujeres con alguna participación en la política.

Al menos seis de las mujeres ultimadas y 10 de las víctimas de atentados o secuestro, tienen algún vinculo con Morena y aliados, es decir son de la “Cuarta Transformación”, a la que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que la violencia no es mayor a la que se ha vivido en anteriores elecciones y la ha minimizado.

Pese a esa postura oficial del gobierno federal, sólo en doce días, del 11 al 22 de mayo, a menos de dos semanas para la elección, la violencia se acentuó contra las mujeres, pues se presentaron diez atentados armados, más de la mitad de los que se han presentado durante lo que va de este Proceso Electoral Federal.

De los asesinatos registrados contra mujeres desde que inició el proceso, tres fueron en los partidos que integran la Coalición opositora Fuerza y Corazón y tres más de Movimiento Ciudadano.

Los casos de secuestro documentados son cuatro, pero uno terminó en muerte de la mujer atacada. Uno fue en Michoacán, uno en Guerrero, uno en Oaxaca y uno en Veracruz, éste resultó en asesinato. Se trató de Ruth Alamilla, directora de salud del municipio de Tihuatlán, ayuntamiento gobernado por el Revolucionario Institucional (PRI), por lo que ella estaba vinculada con esa fuerza política.

Sólo el caso de Michoacán, ocurrido el 23 de septiembre pasado, en el que fue secuestrada Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, la autoría se ha atribuido a un grupo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CNG).

El reporte indica que dos mujeres alcaldesas han sufrido amenazas a su vida, la de Chilpancingo, y la de Reforma, Chiapas.

La numeralia de Votar entre Balas no consigna el atentado ocurrido el martes 21 en que se sumó un hecho más, del que fue víctima Sinaí Guadalupe Lugo, candidata del PRI a la presidencia municipal del municipio de Otzolotepec, Estado de México.

Entre los atentados destacan los que padecieron Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la Coalición opositora a la alcaldía de Cuauhtémoc, el 11 de mayo en la Ciudad de México; el que sufrió Nancy Valdez Ruiz, en Ocoyoacac, Estado de México, y María de los Ángeles Hernández, en Rincón Chamula, Chiapas, las dos de Morena y atacadas apenas el pasado domingo 19 de mayo, a 13 días de la elección.

Con más estados gobernados, 22 en total, Morena encabeza los estados donde se registra más violencia. Las entidades más peligrosas para las mujeres en la política son Michoacán y Chiapas.

En Michoacán se han presentado cinco casos, de los cuales uno es secuestro, dos han sido asesinatos y dos han sido atentados armados.

En Chiapas, se han presentado cinco casos dos asesinatos y tres atentados. En Guerrero, han ocurrido tres casos un atentado, un secuestro y un asesinato.

En la Ciudad de México, se han presentado dos casos: un asesinato y un atentado armado, misma situación que ha ocurrido en Puebla. En el Estado de México tres atentados.

En Oaxaca un secuestro y un asesinato, y en los estados en los que se han presentado un caso de asesinato en Puebla y Veracruz. Donde se han presentado un atentado están Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala y Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano.

El hallazgo se produjo cerca de las dos de la mañana, cuando agentes de la Policía Municipal realizaban un patrullaje por el Camino a Los Borregos. A la altura de la calle Galeana, encontraron a un hombre tirado con manchas de sangre y heridas que parecían ser de bala. Se solicitó la presencia de los paramédicos, quienes al llegar, confirmaron la muerte del hombre, y se informó a las autoridades correspondientes.

En el segundo caso, un hombre identificado como Jerry Augusto, de 35 años, fue baleado durante una aparente riña en los condominios Residencial San Miguel, ubicados en la calle Neptuno de la colonia Rural Atlas. Su esposa lo trasladó al Hospital Central con una herida de bala en la frente, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de las tres de la mañana.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones en ambos casos para esclarecer los asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estos hechos se atribuyen a una disputa entre grupos rivales de la delincuencia organizada y se presume que el lugar del ataque operaba como una casa de seguridad de una célula criminal.

Ante estos hechos, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y afirmó que cuentan con líneas de investigación para esclarecer el crimen múltiple.

Personal del Servicio Médico Legal (Semele) acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, de cinco hombres y una mujer, aún sin identificar, a fin de realizarles la necropsia de la ley para determinar las causas de la muerte.

En el caso de Movimiento Ciudadano, cuatro aspirantes a cargos de alcaldía en los municipios de Cárdenas, Alaquines y Ciudad del Maíz han decidido retirarse de la contienda debido a las amenazas recibidas. Estos lugares han experimentado un recrudecimiento de la violencia e inseguridad en los últimos meses.

Encuentro Social también ha sido afectado, con la decisión de no postular candidatos en municipios como Rioverde, en la zona media, debido a amenazas contra su dirigente estatal, Julio César González Ramírez. Aunque no especificó quién lo amenazó ni las razones, descartó presentar una solicitud de protección ante el Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, Conciencia Popular informó que su candidato al municipio de Santa María del Río declinó su postulación debido a amenazas recibidas por parte de otros partidos políticos, dejando vacante la planilla de Alcaldes y Regidores en dicho municipio.

Hasta el momento, el Consejo Estatal Electoral no ha recibido ninguna solicitud de protección, ya que las campañas locales aún no han comenzado. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado no ha recibido denuncias o solicitudes formales de protección, manteniendo cifras positivas en las estadísticas de seguridad, pero al costo de la renuncia de seis candidaturas.

El inicio de esta serie de eventos trágicos se remonta a diciembre de 2023, cuando se registraron los asesinatos de Jaime Dámaso Solís, aspirante a la alcaldía de Zitlala, Guerrero; Miguel Ángel Cruz Robles, candidato a la presidencia municipal de Villa del Carbón, Estado de México, por Morena; y Wilman Monje Morales, exalcalde y aspirante a la diputación local por MC en Gutiérrez Zamora, Veracruz, entre otros.

Enero de 2024 continuó con la tendencia violenta, con el asesinato de figuras políticas como Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Morelos, y Sergio Hueso, aspirante a la alcaldía de Armería, Colima por Movimiento Ciudadano. Febrero no mostró mejoría, cobrando la vida de Jaime Vera, precandidato de Morena y PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco, y Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas.

Marzo y abril siguieron con la escalada de violencia, destacando el caso de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, quien fue víctima de un ataque durante un mitin. Otros políticos y candidatos de diversos partidos también perdieron la vida en ataques armados.

La violencia ha afectado a miembros de Morena, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde, demostrando que ningún grupo político es inmune a estos ataques. Entre las víctimas se encuentran tanto aspirantes a alcaldías como a diputaciones federales y locales, así como líderes de partidos y exalcaldes.

Estos eventos han generado una profunda preocupación por la seguridad de los candidatos y el impacto en el proceso democrático del país.

A continuación, la lista detallada de los aspirantes a cargos públicos asesinados en México durante los últimos seis meses, incluyendo el partido político al que pertenecían y la ubicación del trágico suceso:

1. Jaime Dámaso Solís – Partido Acción Nacional (PAN), Zitlala, Guerrero.
2. Miguel Ángel Cruz Robles – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Villa del Carbón, Estado de México.
3. Wilman Monje Morales – Movimiento Ciudadano (MC), Gutiérrez Zamora, Veracruz.
4. Alejandro Lanuza Hernández – Partido Acción Nacional (PAN), Salvatierra, Guanajuato.
5. Javier Torres Barrera – Partido Acción Nacional (PAN), Chiautla de Tapia, Puebla.
6. Dagoberto García – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Maravatío Rivera.
7. Ricardo Taja Ramírez – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acapulco, Guerrero.
8. Giovanni Lezama Barrera – Partido Acción Nacional (PAN), Cuautla, Morelos.
9. David Rey González Moreno – Frente Amplio por México, Suchiate, Chiapas.
10. Sergio Hueso – Movimiento Ciudadano (MC), Armería, Colima.
11. Miriam Nohemí Ríos Ríos – Movimiento Ciudadano (MC), Jacona, Michoacán.
12. Marcelino Ruíz Esteban – Partido de la Revolución Democrática (PRD), Atlixtac, Guerrero.
13. José Alejandro Naredo García – Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuitláhuac, Veracruz.
14. Jaime Vera – Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mascota, Jalisco.
15. Juan Pérez Guardado – Secretario de Desarrollo Social, Fresnillo, Zacatecas.
16. Yair Martín Romero Segura – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ecatepec.
17. Miguel Ángel Zavala Reyes – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Maravatío, Michoacán.
18. Armando Pérez Luna – Partido Acción Nacional (PAN), Maravatío, Michoacán.
19. Samantha Carolina Gómez Fonseca – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Xochimilco, Ciudad de México.
20. Porfirio Hernández – Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Chietla, Puebla.
21. Alfredo Giovanni Lezama Barrera – Partido Acción Nacional (PAN), Morelos.
22. Javier Torres – Partido Acción Nacional (PAN), Chiautla, Puebla.
23. Marcelino Ruiz Esteban – Partido de la Revolución Democrática (PRD), Chilapa, Guerrero.
24. Moisés Tomás Juárez Abarca – Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acapulco, Guerrero.
25. David Ray González Moreno – Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ejido La Pita, Chiapas.
26. Jaime Vera – Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mascota, Jalisco.

Esta lista refleja la diversidad política de las víctimas y la extensión geográfica de la violencia, abarcando desde el norte hasta el sur del país. La situación ha generado un llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y protección de los candidatos y aspirantes a cargos públicos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador denunció una campaña de desinformación orquestada por ciertos medios para difundir la idea de que en su administración se ha registrado un aumento en los asesinatos de periodistas. Afirmó que esta narrativa es falsa y que el informe que pronto dará a conocer refutará estas acusaciones.

“En unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas, haciendo la comparación de lo que sucedía antes y lo que sucede ahora”, afirmó el presidente.

López Obrador criticó a los medios que han difundido esta narrativa, acusándolos de practicar una forma de propaganda similar a la empleada por Joseph Goebbels, principal propagandista del régimen de Adolf Hitler. Afirmó que, si bien no niega que existan casos de violencia contra periodistas, la situación actual es mucho menos grave que en administraciones anteriores, como la de Felipe Calderón.

Estas declaraciones del presidente se producen en medio de advertencias de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), que señalan a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas, con al menos cinco asesinatos relacionados con su trabajo en 2023, según Artículo 19.

México ocupa el lugar número 15 en el Índice Chapultepec, un barómetro anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que evalúa la situación de la libertad de prensa en 22 países de las Américas. La SIP ha destacado factores alarmantes como los asesinatos de periodistas, las agresiones verbales y físicas, la estigmatización desde el Poder Ejecutivo y la violencia en diversas regiones del país, lo que ha provocado el desplazamiento interno y el exilio de periodistas.

Gálvez envió un mensaje contundente al gobierno actual y a la sociedad mexicana.

“Por eso hoy quiero mandar mi más sentido pésame a las familias de los candidatos que tristemente han sido víctimas del crimen organizado. Ni ellos ni nadie merecía morir”.

La candidata recordó a cada uno de los fallecidos y ha criticado duramente la gestión de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificándola de cobarde ante la crisis por el crimen que se ha apoderado de algunos estados.

La situación es alarmante: entre los casos más recientes se encuentran los asesinatos de Sergio Hueso, aspirante a la alcaldía de Armería, Colima; David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas; y Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla, Morelos.

Estos trágicos eventos son solo una muestra del peligro que enfrentan aquellos que buscan servir a su comunidad a través del servicio público.

Gálvez lanzó un llamado a la paz y a la justicia, exigiendo al presidente enfrentar con valor su responsabilidad y darles paz a las regiones de México controladas por la delincuencia organizada. “No cierre los ojos Presidente, la realidad toca la puerta todos los días y usted se niega a enfrentarlos”, declaró con firmeza.

Los hechos violentos en contra de los aspirantes se han registrado en estados como Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Morelos, Chiapas, Colima y Jalisco, entre otros.

La cifra total de asesinatos asciende a 44, una estadística que refleja la urgencia de una solución integral y efectiva para garantizar la seguridad de los participantes en el proceso electoral.

La candidata enfatizó la necesidad de un cambio en la estrategia de seguridad, criticando la política de “abrazos y no balazos” del actual gobierno y prometiendo que, de llegar a la presidencia, enfrentará con determinación a la delincuencia.

La violencia electoral no solo ha cobrado vidas, sino que también ha sembrado el miedo y la incertidumbre en una nación que se prepara para decidir su futuro.

La demanda de Xóchitl Gálvez por un México más seguro y justo resuena en un contexto donde la democracia se ve amenazada por las balas y la sangre derramada de aquellos que aspiraban a liderar con esperanza.