La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará el 20 de octubre una consulta pública, la primera de su tipo en la historia del tribunal constitucional, con grupos vulnerables, con el objetivo de escuchar sus opiniones en relación con una sentencia que está por emitirse y que les impacta en forma directa.

De hecho, los ministros retiraron de última hora el proyecto de la sentencia, que podría cambiar el criterio establecido hasta ahora sobre la consulta a poblaciones vulnerables previo a la modificación de leyes que les afectan.

El criterio que aún prevalece es que cualquier ley que sea aprobada sin consulta a las comunidades vulnerables a las que impacte, resulta inconstitucional y por tanto debe ser invalidada en forma inmediata.

No obstante, la ponencia de la ministra Lenia Batres pide suavizar el criterio para que la invalidez de las leyes, por falta de consulta a la población vulnerable que afecte, no sea en automático sino que se analice caso por caso.

El asunto se había discutido en la sesión pública del 7 de octubre y al no llegar a un acuerdo se pospuso para ayer, y de última hora se retiró.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, hizo ver que la Corte recibió solicitudes de audiencia por parte de varias organizaciones y personas interesadas. “Hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes y pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar”, dijo.

Más tarde, una vez concluida la sesión, se dio a conocer que la audiencia pública se realizará el 20 de octubre con base en los criterios del Acuerdo General Número 5/2025.

Ayer, los ministros se reunieron con integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de escuchar sus planteamientos y “fortalecer los canales de participación”.

En un comunicado, la SCJN dijo que en el encuentro, el ministro presidente, Hugo Aguilar, anunció que por unanimidad del pleno se aprobó la realización de la audiencia. Agregó que las ministras Esquivel, Batres y Sara Herrerías, así como el ministro Irving Espinosa reiteraron su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

El periodista Arturo Ángel explicó en redes sociales que dicha audiencia estaba programada para el jueves 27 de febrero a las 13:30 h local, pero ahora se llevará a cabo hasta el 31 de marzo.

“Hay un inminente acuerdo (con el Gobierno de EE.UU.) y declaración de culpabilidad en puerta”, apuntó el periodista en su cuenta de X.

Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón e hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en enero de 2023 tras un operativo ejecutado por el Ejército mexicano, y extraditado a los Estados Unidos en septiembre del mismo año.

Dicho líder de la facción Los Chapitos se encuentra acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

El Ratón es considerado como uno de los narcotraficantes más buscados por el Gobierno de EE.UU., debido a su participación en el tráfico de fentanilo.

Este cambio coincide con la próxima audiencia en la que el mismo juez Cogan dictará sentencia a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México, programada para el miércoles 16 de octubre. La coincidencia de ambos casos en la misma corte ha generado expectativas sobre el desenlace de ambos procesos judiciales.

Esta será la primera vez que Zambada, supuesto cofundador del Cártel de Sinaloa, enfrente al juez Cogan tras ser acusado por la fiscalía de Nueva York con 17 cargos, en un caso que podría tener grandes implicaciones en el ámbito del narcotráfico internacional.

Ante esta decisión el Juzgado decidió programar una reunión con los habitantes y promoventes de la municipalización.

Al respecto, Ricardo Gutiérrez Ortega, representante de los ciudadanos de Villa de Pozos, explicó que el caso se encuentra en un Tribunal Colegiado, luego de que la persona que interpuso el amparo, Faviola Hernández Calderón, presentó una solicitud de ampliación de la demanda, por la cual el Congreso del Estado interpuso un recurso de revisión, mientras esto se resuelve, el Juzgado no puede desahogar la audiencia.

En este sentido, la jueza Ana Ley Flores Sánchez, determinó sostener una reunión con los habitantes de Pozos, el próximo 23 de enero, reunión en la cual Gutiérrez Ortega señaló que pretenden exponerle la situación y dejar en claro que la pretensión de la municipalización es legítima y todo se ha realizado de acuerdo al marco legal respectivo.

Cabe destacar que apenas el pasado 2 de enero, habitantes de Villa de Pozos bloquearon la intersección del boulevard Antonio Rocha Cordero y la avenida Chapultepec, portando pancartas alusivas a la jueza Flores Sánchez, bajo un discurso contra el Partido Acción Nacional (PAN), a quienes acusaron de estar detrás de la maniobra legal que evitó la municipalización.

El exgobernador de Nuevo León y aspirante a la presidencia de México en 2018, Jaime Rodríguez Calderón podría salir de prisión luego de llevarse a cabo la primera audiencia en el caso que se le imputa, según su abogado Víctor Olea quien considera que debido a los delitos de lo que se le acusa la prisión preventiva no es necesaria.

El Bronco fue arrestado cerca del mediodía de este martes 15 de marzo por elementos de la Fiscalía estatal de delitos electorales y posteriormente trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social número dos de Apodaca, por supuestamente haber cometido los delitos de desvío de dinero del erario, así como recursos humanos y materiales para utilizarlos en su campaña electoral por la presidencia.

“El delito que se le atribuye a mi defendido, el exgobernador, no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual deberá ser liberado después de la audiencia, ese es nuestro punto de vista”, comentó el defensor jurista en entrevista para el noticiario “Por la mañana” de Grupo Fórmula.

Además, Víctor Olea aseguró que las instancias por donde se investiga el caso no son las adecuadas ya que, al tratarse de un tema electoral a nivel federal, la Fiscalía de Nuevo León no tiene las competencias necesarias. Según lo explicó, debió ser la Fiscalía General de la República el ente responsable de las indagaciones.

“Tratándose de una elección de carácter federal, es decir aquella elección para la Presidencia de la República, la Ley General claramente establece que esto es materia de jurisdicción del ámbito federal y no local, es decir, es un caso que de ninguna manera debió haber sido investigada por la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León”, sostuvo el abogado.

Las autoridades neoleonesas, por su parte, especificaron que la orden de captura si dio en función del dictamen de un juez de control y juicio de la entidad: “el ordenamiento fue en cumplimentado por las Fiscalía en apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de la Fuerza Civil”, se lee en el comunicado expuesto.