El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), realizará una revisión técnica y financiera de la construcción del Puente Vehicular Jacobo Payán, a cargo de la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos, para esclarecer los señalamientos sobre un posible sobreprecio.

El Instituto también revisará la documentación del proyecto, que omite el ejercicio fiscal 2027, para verificar si el Ayuntamiento acredita la autorización del compromiso presupuestario plurianual, así como la suficiencia presupuestaria y la programación del gasto para ese año.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que la revisión se realizará en coordinación con la Contraloría General del Estado, en el marco del convenio de colaboración para el uso de recursos técnicos en la revisión de obra pública en el estado. Señaló que ambas instituciones mantienen una estrecha colaboración en este y otros asuntos institucionales.

Asimismo, precisó que se revisarán el Programa Anual de Obras Públicas autorizado, el procedimiento de contratación, los conceptos presupuestados, los plazos establecidos, el avance físico y financiero y el monto efectivamente ejercido.

Detalló que el laboratorio especializado en obra pública realizará pruebas para verificar la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Estas verificaciones permitirán identificar posibles diferencias entre lo contratado, lo pagado y lo efectivamente construido.

Lecourtois López informó además que la revisión se enmarca en el seguimiento a las observaciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento capitalino, particularmente las relacionadas con obra pública, e indicó que el proceso de aclaración y solventación de observaciones por un monto superior a 400 millones de pesos sigue en curso y requiere un análisis técnico, documental y financiero.

Con anterioridad la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Marité Hernández Correa y el legislador del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, se habían pronunciado por la remoción de esta funcionaria al no encontrar trabajo y resultados en su gestión, pero ahora el legislador del Partido Encuentro Social, PES, se pronuncia porque se indaguen los motivos de la inacción de la encargada de la ASE, toda vez que hay muchas irregularidades en los ayuntamientos y no se ha hecho nada.

“Brilla por su ausencia, hasta ahorita no se sabe de sanciones que pesen sobre los malos funcionarios que se sabe tienen enriquecimiento ilícito y que únicamente aprovisionándose de los recursos que son de los ayuntamientos han podido amasar fortunas personales. Al parecer nada de lo que denuncia la ciudadanía ha estado investigándose, no hay sanciones a la vista, a pesar de que medio cabildo de algunos ayuntamientos ha hecho denuncias siguen gozando de cabal salud, llegan a acuerdos desde muy arriba y por eso, salen limpios”.

Ejemplificó el caso de Ébano y Tamuín donde los regidores han denunciado desvíos y anomalías y hasta el momento no se ha observado intención de sancionar a nadie, al igual de trienios anteriores de Tanlajás se ha detectado que Domingo Rodríguez Martell pudo amasar una gran fortuna y a la auditoría no le parece extraño.

“Es evidente que hay reparto de utilidades por ahí, los famosos moches, necesitamos que se cumpla frente a la ciudadanía, toda esa revisión de los expedientes, sin preferencia alguna, sin que medie ningún compromiso monetario y se regrese lo que se tenga que regresar al erario”.   

El presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, recordó que hay trabajadores municipales que fueron despedidos de manera injustificada y la autoridad rendidora de cuentas no ha investigado las irregularidades que hay en esos asuntos “es indispensable que se le llame a cuentas a la auditora, porque es la encargada y responsable que tiene que dedicarse a revisar el trabajo en los ayuntamientos, ha tolerado injusticias. Desde el legislativo estamos dispuestos a lo que sea necesario y llamar a cuentas a quién tenga que darlas”.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene una imagen deteriorada y para que la ciudadanía vuelva a creer en el órgano fiscalizador se requiere que los actos de corrupción no queden impunes, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado José Antonio Zapata Meraz.

El legislador, mencionó que en lo individual su objetivo es fortalecer al órgano que tiene a su cargo la función de revisar, auditar y vigilar las finanzas públicas de los entes auditables.

“Mi apuesta en lo individual, es fortalecer a la ASE para generar esa credibilidad que se ha minado y, únicamente va a ocurrir en la medida en que la ciudadanía perciba que los actos de corrupción tienen consecuencias y, en la medida en que las denuncias que presenta la Auditoria sean atendidas por la Fiscalía y veamos que los culpables paguen por desviar los recursos públicos y por traicionar la confianza de la ciudadanía”, sostuvo.

Dijo que  la Auditoria Superior del Estado (ASE), tiene la gran responsabilidad de cerrar el círculo del proceso de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, “en donde la ciudadanía advierta que no es una plena simulación sino que efectivamente se está dando un puntual seguimiento al uso de los recursos públicos y, que la Fiscalía General del Estado (FGE) atienda puntualmente las demandas que presente la Auditoria”.

Puntualizó que la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, sigue su curso, y en este proceso, “nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo a la Unidad de Evaluación y Control para estar inmersos en este proceso de vigilancia y fiscalización”.

“Lo que sigue, es que los entes auditables ahora tienen dos oportunidades para poder desahogar las observaciones realizadas por la ASE a sus cuentas públicas 2018. Después de la notificación de la Auditoría,  tienen un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones y, después tienen otro periodo similar para presentar pruebas suficientes para determinar si cumplieron o no”, añadió.

Zapata Meraz dijo que la ASE tendrá que interponer las denuncias penales correspondientes en contra de los alcaldes y entes auditables que no hayan podido solventar las observaciones  y, realizar los procedimientos de las sanciones administrativas correspondientes en los casos de las faltas que así lo requieren.

Pero ahora el grupo ya no es solo de ciudadanos, sino también está conformado por algunos funcionarios de la actual administración, quienes exigen la destitución, juicio político contra la alcaldesa, a quien hicieron serias acusaciones, para solventar su petición de juicio político.

Durante una conferencia de prensa, la cual se realizó en la capital del estado, varios funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza pidieron la intervención directa del gobernador Juan Manuel Carreras y una auditoría a la alcaldesa Paloma Bravo García por parte de la ASE, pues se asegura ha incurrido en malos manejos.

Los manifestantes acusaron a la Alcaldesa de desvío de recursos públicos mediante la contratación de empresas fantasma, así como de despedir a residentes del municipio para rodearse de colaboradores foráneos.

Los funcionarios manifestantes que rechazan a Bravo García son; Patricio Rocha Santana, director de Servicios Municipales, Francisco Gómez Gallegos, director de Deportes, así como el primer regidor Rafael Cárdenas Govea y el propio Tesorero municipal, José Alberto Sánchez Gómez, porque la alcaldesa no ha cumplido compromisos pactados de manera previa.

Ellos fueron quienes en la capital potosina informaron de una nueva toma de la Presidencia Municipal desde las 7:00 de la mañana del lunes, dieron el clásico “madruguete”. Indicaron que la toma de la Presidencia será de manera permanente hasta que se le sea destituida del cargo.

Señalaron “gastos excesivos en diversos rubros, mientras que por otro lado, no se nos pagan nuestros sueldos, como el de la quincena pasada. Piden al Gobierno del Estado que ponga los ojos en Zaragoza antes de que pase algo lamentable”.

Acusaron a Bravo García de “despedir a la gente que en campaña pidió el voto para ella, casa por casa” y mencionaron entre los despedidos al director de Salud, la directora de Desarrollo Urbano, la directora de INAPAM y la persona del Archivo Municipal, áreas que hasta hoy permanecen acéfalas.

En cambio, contrató a 15 foráneos en áreas estratégicas como Desarrollo Social, Contraloría y la Secretaría Particular, además de fotógrafos y otros puestos.