De acuerdo con trabajadores de la propia dependencia, la suspensión se determinó tras detectarse presuntos actos de corrupción durante la jornada previa. Desde las primeras horas del día, decenas de personas formadas para recibir el apoyo fueron informadas de la cancelación temporal del operativo, lo que provocó inconformidad y protestas en el lugar.

Los reclamos ciudadanos señalan que los Servidores de la Nación habrían incluido en el padrón a personas no afectadas por las inundaciones, mientras que familias que perdieron su patrimonio quedaron fuera de los listados. Testimonios de vecinos apuntan que los apoyos, además de dinero en efectivo, incluían estufas, refrigeradores, colchones y despensas.

La molestia se extendió entre habitantes de comunidades como Ixtlapalaco, Vega Larga, Barrio del Carmen y Barrio de San Rafael, así como entre comerciantes de la Plazoleta de Guadalupe, quienes exigieron transparencia en el proceso.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha emitido un comunicado oficial sobre la reanudación o nuevas fechas para la entrega de los apoyos suspendidos.

Según información preliminar, personas no identificadas forzaron el acceso al inmueble, provocando destrozos en puertas, vidrios y equipos de cómputo. Los daños afectaron sistemas de captura y registro, aunque no se ha confirmado el robo de objetos de valor o documentos oficiales. Las autoridades mantienen bajo reserva los avances del caso.

El área de Becas, donde se concentraron los mayores daños, está a cargo de Osmar Rodríguez, sobrino de Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El delegado federal en San Luis Potosí, Guillermo Morales, no ha presentado denuncia formal por los hechos.

Por motivos de seguridad, el ingreso del personal fue restringido mientras se desarrollan los peritajes, lo que derivó en afectaciones a los beneficiarios que acuden diariamente al lugar. El suceso ocurre en un contexto de inconformidad laboral interna, tras denuncias previas de empleados por presuntos actos de acoso y manejo irregular de recursos en distintos programas.

En un comunicado, la Secretaría del Bienestar informó que el presunto responsable del saqueo ya fue consignado ante las autoridades competentes y reiteró que las oficinas no almacenan dinero en efectivo.

De acuerdo con los primeros reportes, al ingresar por la mañana se detectó que las instalaciones se encontraban en completo desorden, con señas claras de que alguien había forzado el acceso durante la noche

Escritorios, archiveros y documentos fueron revisados minuciosamente, lo que hizo evidente que los responsables buscaban algo en específico.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué objetos, documentos o equipos pudieron haber sido sustraídos, por lo que las autoridades competentes ya trabajan en un inventario para determinar las pérdidas.

Vecinos y usuarios frecuentes expresaron su preocupación, señalando la necesidad de reforzar la seguridad en un espacio que resulta estratégico para la atención ciudadana.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes y recabar indicios que permitan identificar a los responsables. Se espera que en los próximos días se dé a conocer un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, personal administrativo se encuentra trabajando en la reorganización de los archivos y en garantizar la continuidad de la atención a los beneficiarios de los programas, pese a la contingencia generada por este incidente.

Durante la jornada, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, reafirmó el compromiso institucional con el acceso a una alimentación adecuada y digna para toda la población: “Garantizar que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a una alimentación de calidad no es solo un deber, es una muestra del San Luis que queremos construir”, expresó.

En representación de la Secretaría de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina subrayó que este programa, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, debe llegar sin intermediarios ni condiciones a quienes realmente lo necesitan: “Estos beneficios se entregan por derecho, no por favores. Estamos trabajando para que se distribuyan con dignidad y justicia social”, afirmó.

El programa “Bienestar en Familia” forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de la población potosina, a través de acciones concretas de apoyo social, centradas en garantizar el bienestar y la seguridad alimentaria en la capital del estado.

La propia delegación reconoce que los exservidores públicos aprovecharon su acceso a datos personales para contactar a los beneficiarios y exigir depósitos a cambio de supuestos aumentos en sus pensiones. Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, Bienestar busca deslindarse de los hechos, cuando el manejo negligente de la información fue posible gracias a la falta de controles y supervisión efectiva.

El anuncio de que la Secretaría presentó denuncias y trabaja con la Guardia Civil Estatal llega tarde y parece más un intento de limpiar su imagen tras la evidente omisión de sus autoridades, que un verdadero esfuerzo por proteger a los adultos mayores. Mientras tanto, cientos de abuelitos podrían ya haber sido estafados con promesas falsas de incrementos en sus apoyos, ante la pasividad inicial del delegado Guillermo Morales.

Este caso refleja el desorden y la ineficiencia en la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí, donde los programas sociales, en lugar de ser un apoyo, terminan convirtiéndose en un riesgo para los beneficiarios más vulnerables. Urge una investigación independiente que determine las responsabilidades de los funcionarios que permitieron este grave fallo en la protección de los datos y se garantice que no se repita una situación tan lamentable.

El extrabajador Dorian Morua, quien denunció el caso, señaló que tales actividades nunca se realizaron y que todo fue una simulación para justificar el uso del dinero. A esto se suman señalamientos por acoso laboral y el uso político de los programas, lo que evidenciaría un patrón de corrupción y abuso en la dependencia federal en el estado.

Lo más grave es que, pese a la gravedad de las acusaciones, el delegado Guillermo Morales y la propia Secretaría del Bienestar han optado por guardar silencio, sin transparentar el manejo de los recursos ni presentar pruebas de que los supuestos operativos hayan existido. La opacidad y la falta de respuesta alimentan las sospechas de corrupción y manejo electoral de los apoyos sociales.

Cabe recordar que, durante el proceso electoral, diversos actores y observadores señalaron el uso indebido de programas federales para coaccionar el voto, práctica que habría tenido eco en San Luis Potosí bajo la gestión de Morales López. Organismos ciudadanos ya exigen una investigación a fondo y sanciones ejemplares para los responsables, mientras el caso podría escalar a instancias federales y judiciales.

La queja principal surgió en la capital potosina, donde se había convocado a una asamblea vecinal para la conformación de un Comité de Salud. Sin embargo, los asistentes relataron que el evento fue cancelado de forma abrupta, sin explicación previa, luego de que funcionarios detectaran la llegada de ciudadanos genuinamente interesados en participar. Según los testigos, los organizadores abandonaron el lugar alegando supuestas irregularidades en el padrón, una excusa que los vecinos consideran pretextos para evitar una votación legítima.

Los inconformes acusaron que funcionarios ligados a la Secretaría del Bienestar y a Morena llegaron acompañados de personas ajenas a la comunidad, con la clara intención de imponer a sus allegados como integrantes del comité. De acuerdo con las denuncias, se permitió el ingreso a individuos con distintivos partidistas, mientras que los propios habitantes de la zona fueron rechazados arbitrariamente.

Este tipo de prácticas, que no son nuevas en el manejo de programas federales, han despertado una creciente indignación entre los ciudadanos, quienes señalan que se repiten en otros ejercicios como “La Escuela es Nuestra”. En ese caso, también se ha documentado el desvío de recursos hacia constructoras presuntamente ligadas a Morena y a operadores de Guillermo Morales López, actual delegado del Bienestar en el estado, quien ha guardado silencio ante estas acusaciones.

Ante el intento de manipulación, los vecinos anunciaron que levantarán actas y promoverán impugnaciones legales para impedir que se consume esta imposición disfrazada de participación ciudadana. Aunque se reprogramó la asamblea para el próximo viernes, la desconfianza hacia las instituciones involucradas va en aumento, especialmente por el uso faccioso de programas que deberían beneficiar a toda la comunidad, no solo a los intereses de un partido político.

El uso del avión Cessna 340A, cuya renta por hora oscila entre 1,300 y 1,800 dólares, implicaría un gasto mínimo de casi 800 mil pesos en menos de dos meses, monto que supera con creces la remuneración oficial del delegado, cuyo salario mensual es de 108 mil pesos. De acuerdo con su última declaración patrimonial, Villarreal Santiago no cuenta con cuentas bancarias, inversiones ni ingresos adicionales, lo que pone en duda el origen de los recursos utilizados para estos vuelos.

El discurso de austeridad promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, contrasta abiertamente con el comportamiento del delegado, quien además de utilizar aeronaves privadas, se traslada en camionetas de lujo y cuenta con escoltas. El propio López Obrador ha criticado repetidamente estas prácticas, al considerarlas símbolos de gobiernos lejanos al pueblo.

Las bitácoras de vuelo, los registros públicos y publicaciones en redes sociales confirman que Villarreal ha usado el avión en traslados personales y actos políticos, incluyendo viajes a Tamaulipas para asistir al informe de su madre, María de Villarreal, presidenta del DIF estatal, y actos partidistas en Toluca y Matamoros. Incluso se ha documentado que en al menos una ocasión se mintió sobre su paradero, negando su presencia en Matamoros cuando se encontraba fuera de Saltillo.

Llama la atención que el avión que transporta al delegado pertenece a Servimecánica Aérea S.A. de C.V., una empresa dedicada al mantenimiento de aeronaves, no al arrendamiento. Al ser contactada, la compañía negó ofrecer servicios de renta, lo que deja aún más interrogantes sobre la legalidad y transparencia del uso de la aeronave por parte de Villarreal Santiago. El caso deja ver una peligrosa contradicción entre el discurso oficial de austeridad y los privilegios reales de algunos funcionarios de la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Según el funcionario, los delincuentes hacen creer ofrecer bonos extraordinarios o apoyos para madres solteras a cambio de depósitos en tiendas de conveniencia. Además, anunció un protocolo de control —incluye identificación con gafete y registro previo— para el programa “Salud Casa por Casa”. Todo ello suena bien, pero ¿hasta qué punto este aparato preventivo ha sido eficaz o simplemente un escudo mediático?

Un informe reciente del Banco del Bienestar alertó que los fraudes continúan mediante llamadas telefónicas y exigencias de pagos de hasta 300 pesos para recibir tarjetas destinadas a adultos mayores. La situación evidencia un alcance grave, especialmente en zonas rurales donde el uso de la banca electrónica es limitado. Y en San Luis Potosí ya se han detectado casos en municipios como Ciudad Valles, donde fake managers se aprovechan del desconocimiento de los beneficiarios.

¿Dónde estaba el delegado cuando estos esquemas crecían sin freno? Resulta evidente que la alerta sirvió más para cubrir una falla de prevención y comunicación institucional, que para detener a los estafadores. La coordinación con la Policía Cibernética y las campañas informativas son pasos tardíos en un entorno donde la prevención debió ser constante.

El delegado asegura que todos los apoyos son gratuitos y que ningún programa oficial admite pagos. Sin embargo, el problema real va más allá de advertencias genéricas: requiere facultades para sancionar, monitoreo efectivo de fraudes y, sobre todo, empatía con los afectados. Llamar a estar “alertas” no reemplaza a asumir responsabilidad y actuar con transparencia.

Mientras tanto, los adultos mayores y madres solteras siguen siendo los más expuestos. Alertas oficiales sin respaldo real pueden quedar disueltas en un mar de mensajes oficiales que no generan confianza. El delegado debería responder: ¿qué logros concretos ha obtenido? ¿Cuántos fraudes se han detenido? ¿Cuántos culpables se han llevado ante la justicia?

En suma, este llamado preventivo luce insuficiente si no va acompañado de resultados tangibles. El titular de Bienestar debe dejar de centrar su discurso en alertas y enfocarse en acciones claras —como denuncias formales, operativos coordinados con fiscalía y capacitación constante— para garantizar que los apoyos federales realmente lleguen a quienes lo necesitan, sin caer en manos de delincuentes.

Entre abril y mayo de 2024 se solicitaron más de 5 millones de pesos con diversos oficios que justificaban gastos en operativos, mobiliario, alimentos y transporte. Sin embargo, el denunciante asegura que esos fondos no se aplicaron como se declaró. Los recursos habrían sido desviados para campañas políticas y actos ajenos a la labor institucional.

Además, se denuncian abusos sexuales y laborales dentro de la delegación, en particular contra una excoordinadora del programa de adultos mayores. Morales fue señalado por represalias y manipulación hacia trabajadoras, quienes eran presionadas con amenazas y grabaciones íntimas. Las denuncias incluyen tratos denigrantes y explotación institucional sistemática.

El funcionario ya había sido acusado por obras sobrevaluadas en el programa “La Escuela es Nuestra”, entregadas a contratistas cercanos. También se mencionan listas falsas de alimentos para justificar gastos inexistentes. Según el denunciante, Morales cuenta con el respaldo de la dirigente de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, quien también habría recibido beneficios económicos.