El mandatario desmintió rumores sobre un supuesto centro de inteligencia en La Loma, calificándolo como un “cateo doméstico” inflado por la “herencia maldita”, término que usa para referirse a estrategias políticas de desprestigio. Además, se ventiló que 60 empresas habrían recibido 100 millones de pesos del Ayuntamiento para posicionar la imagen de Galindo durante el periodo electoral.

Por su parte, Galindo negó el uso de recursos públicos para financiar una guerra sucia, asegurando que las finanzas municipales están documentadas.

Gallardo también acusó al gobierno de Galindo de buscar despojar hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) de San Juan de Guadalupe, parte de la Sierra de San Miguelito, para permitir a ejidatarios y comuneros vender terrenos a desarrolladores inmobiliarios. Esta zona, decretada como reserva protegida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, protege especies endémicas y recarga los mantos acuíferos de la zona metropolitana. La acción, según Gallardo, amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

La disputa evidencia tensiones políticas entre el gobernador y el alcalde, mientras la ciudadanía exige transparencia y protección de los recursos naturales en San Luis Potosí.