La operación, coordinada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, localizó una gran cantidad de restos óseos, ropa, calzado, una prótesis y alhajas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acordonaron la propiedad privada, en estado de abandono, para facilitar los trabajos de identificación y recolección de indicios. Las autoridades, lideradas por la Fiscalía General del Estado (FGESLP), continúan las diligencias en el sitio, y se espera un informe oficial con detalles precisos sobre los hallazgos.

El hallazgo de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia una realidad aterradora y brutal: la desaparición y asesinato sistemático de personas en México. En este lugar, identificado como el Rancho Izaguirre, se descubrieron hornos clandestinos utilizados para la cremación de cuerpos, lo que sugiere un nivel de violencia estructurada y normalizada. A pesar de la magnitud del horror, la reacción social y gubernamental ha sido tibia, reflejando una preocupante indiferencia.

El 15 de marzo, diversos colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos convocaron a actos de conmemoración en todo el país, buscando honrar la memoria de las víctimas y exigir justicia. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. En San Luis Potosí, la asistencia fue mínima, y en varias otras ciudades las manifestaciones se realizaron en espacios semivacíos, exceptuando lugares como el Zócalo en la CDMX, que tuvo una gran asistencia. Esta falta de participación sugiere que, aunque la violencia se reconoce como un problema, no se dimensiona su gravedad ni se traduce en una movilización contundente.

La indiferencia no solo se observa en la sociedad, sino también en las autoridades. Más allá de declaraciones protocolares, no hay una respuesta firme ni un compromiso real para frenar estas prácticas de exterminio. La impunidad sigue siendo la norma, permitiendo que estos crímenes se repitan sin consecuencias. La ausencia de políticas efectivas para enfrentar la crisis de desapariciones refuerza la idea de que la violencia es parte del paisaje cotidiano.

Este fenómeno se puede entender a través del concepto de “industrialización de la violencia”, que describe cómo la violencia se vuelve un mecanismo sistemático dentro de una sociedad, al punto de integrarse en sus estructuras económicas, políticas y sociales. En México, esta industrialización se manifiesta en redes de tráfico de personas, desapariciones forzadas y centros de exterminio operados con una eficiencia escalofriante. La violencia deja de ser un acto aislado y se convierte en un proceso organizado, en el que la muerte es tratada como una estadística más.

Frente a este escenario, la pregunta es: ¿hasta cuándo se permitirá esta normalización? La sociedad no puede seguir viendo estos crímenes con indiferencia ni permitiendo que las conmemoraciones por las víctimas se conviertan en actos simbólicos sin impacto real. Es urgente romper con la pasividad y exigir un cambio estructural que impida que la violencia siga funcionando como una industria impune.

La organización señaló que estos hallazgos reflejan la magnitud de la crisis de desapariciones en el país, donde diariamente se reportan alrededor de 30 casos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 122,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1950, con un aumento significativo a partir de 2006.

Edith Olivares Ferreto, directora de AI en México, llamó al Estado a garantizar los recursos para investigar estos hechos y atender las denuncias de quienes reconocieron objetos pertenecientes a sus familiares en los sitios descubiertos. También subrayó la importancia de abrir un diálogo con las personas buscadoras, quienes han adquirido experiencia en la localización de fosas ante la falta de respuestas oficiales.

Amnistía Internacional criticó la ausencia del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas y alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan esta labor. Entre 2019 y 2024, 16 personas buscadoras fueron asesinadas en el país, 13 de ellas mujeres, de acuerdo con el informe Buscar sin Miedo.

La ONG reiteró que la militarización de la seguridad pública ha agravado la crisis de derechos humanos en México y contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta situación, exigió que el Estado reconozca a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y garantice su seguridad.

El hallazgo del rancho se enmarca en una crisis de desapariciones en la región Valles de Jalisco, donde en los últimos siete años se han reportado 744 personas desaparecidas, de las cuales 50 han sido encontradas sin vida. Datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas revelan que, en todo Jalisco, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2025, hay 15,426 personas sin localizar. En Teuchitlán, el número oficial de desaparecidos asciende a 16.

Actualmente, el rancho ubicado en la comunidad de La Estanzuela está resguardado por la policía municipal, que ha establecido un perímetro de seguridad de 100 metros, permitiendo el acceso solo a la fiscalía del estado y peritos forenses que continúan con las investigaciones.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que se llegará al fondo de la investigación, cuestionando la falta de acción de las autoridades locales a lo largo de los años. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal afirmó que “los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos. Y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como la que ahora estamos comentando”.

Por su parte, el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, informó que algunos habitantes han comenzado a recibir llamadas de extorsión de presuntos miembros de la delincuencia organizada. No obstante, aseguró que los hallazgos no han afectado el flujo turístico hacia el municipio, donde se encuentra la zona arqueológica de Guachimontones, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Lupita Mendiola, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, confirmó la presencia de una cantidad significativa de restos humanos y destacó la importancia de este hallazgo. Actualmente, se están realizando diligencias en el extenso terreno para investigar más a fondo.

Mendiola explicó que, desde diciembre, se había estado investigando un área cercana. Según declaraciones de residentes locales, se obtuvieron indicios de otros lugares donde también podrían haberse cometido estos crímenes. El terreno es muy accidentado y requiere vehículos 4×4 para acceder, ya que está cubierto de piedra laja. Los trabajos han sido llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con la intervención de peritos que han realizado descubrimientos importantes.

Se ha llevado a cabo una prospectiva y un análisis de contexto para utilizar un dron en la inspección del área. El dron permitió identificar y medir el campo de exterminio, y se realizó una primera búsqueda de tres días la semana pasada, que resultó en hallazgos significativos, incluyendo restos calcinados. El ayuntamiento proporcionó apoyo con una cuadrilla de limpieza para facilitar el acceso al sitio.

Los restos recolectados fueron trasladados a la capital por la Fiscalía. Se está planificando una nueva diligencia con el personal necesario, que incluirá vigilancia, material forense y la evaluación de las características del terreno para optimizar los trabajos.

Mendiola aclaró que, por el momento, no se ha encontrado el campamento en sí, solo fosas con restos humanos, por lo que no se ha podido determinar si se trata de hombres o mujeres. El terreno se encuentra al pie de la Sierra de Tanchipa y el hallazgo es más grande que el del kilómetro 47. La diligencia podría durar varias semanas.

El laboratorio de análisis forense ya está trabajando en los primeros hallazgos de las fosas localizadas en Rioverde. La Fiscalía se encargará de identificar los restos para brindar paz a las familias de los desaparecidos. Según las características de los restos, el campo de exterminio podría tener una antigüedad de aproximadamente cinco años. Mendiola indicó que, según los lugareños, podrían haber varias fosas y es posible que haya restos de personas desaparecidas en otros estados.

La próxima semana se obtendrán cifras precisas, límites y acciones concretas basadas en los informes del colectivo, las corporaciones y las instituciones gubernamentales.