Juan Pablo ‘N’, conocido como ‘El Chuki’, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, este martes 30 de septiembre.

‘El Chuki’, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, fue aprehendido en un operativo llevado a cabo en la localidad de Surutato, en Badiraguato, Sinaloa.

Surutato es un área rural de Badiraguato, donde ‘El Chuki’ fue localizado y arrestado tras un seguimiento que reveló sus movimientos y ubicación.

La detención de este narcotraficante fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

¿Quién es Juan Pablo ‘N’, conocido como ‘El Chuki’?

Juan Pablo ‘N’, alias ‘El Chuki’, fue identificado como un importante piloto aviador del Cártel de Sinaloa, específicamente vinculado a ‘Los Chapitos’, una de las facciones más poderosas de esta organización.

Con 26 años, ‘El Chuki’ se ha convertido en un operador clave, facilitando el transporte de drogas y otras actividades ilícitas. Su detención representa un golpe significativo a las operaciones aéreas del cártel.

Tras su detención, Juan Pablo ‘N’ enfrenta varias acusaciones, incluyendo una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Su situación legal está en desarrollo, y se espera que enfrente un juicio que podría resultar en penas si es encontrado culpable. Además, su arresto podría revelar más información sobre las operaciones del cártel, lo que podría llevar a más detenciones y desmantelamiento de redes delictivas.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, están detrás de la estrategia para exhibir, mediante videos, a la clase política de Morelos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, reveló el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Tras un análisis especializado, detalló que los materiales son “auténticos y no fueron creados con inteligencia artificial”.

En conferencia de prensa para dar seguimiento a temas de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre, en el que se menciona a un personaje llamado Javier Chávez —y que en algunas publicaciones en redes sociales se relacionó con Javier García Chávez, jefe de la gubernatura—, situación que motivó que el funcionario presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios y periodistas, por considerar que se estaba difamando a los involucrados debido a que en el video no se hace referencia a su persona.

En ese mismo video se menciona al senador de la República Ángel Yáñez, al diputado federal Agustín Alonso y al diputado local Francisco Sánchez Zavala, los tres últimos de la zona oriente de Morelos, por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Urrutia aseguró textualmente sobre este material: “El video es auténtico, no fue generado con inteligencia artificial, y podría estar situado en al menos uno de los dos municipios de la zona oriente, frontera con el Estado de México”.

Señaló que este video estaría vinculado con un primer material hecho público el 18 de febrero de 2025, también en la zona oriente del estado. Ese primer video documentó una reunión entre un posible líder delictivo y actores políticos días antes de la elección del 2 de junio de 2024. Respecto a los involucrados, indicó que en el segundo video se observa a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, reunidos con el líder delictivo identificado como Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

“Como es un tema que ya traía la FGR del primer video y se aprecia que se está hablando de la misma situación en este segundo video, por eso creo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es la correcta”, dijo Urrutia.

 Añadió que “la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es una de las más especializadas del país, con el triple de capacidad que nosotros tenemos en la unidad cibernética de la SSP Morelos”.

Sobre la posible autoría, indicó que todo apunta a que “podría coincidir con el grupo delictivo Cártel del Pacífico, que aquí se hacen llamar “Los Sinaloas”.

 Precisó que, debido a las disputas internas, “en Sinaloa todo mundo se dice Sinaloa, cuando hay dos grupos: el del Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, y el de los hijos de El Chapo, ambos denominados Cártel del Pacífico”.

Urrutia afirmó que la administración pasada, encabezada por el entonces gobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, permitió que creciera la actividad delictiva en la zona oriente, donde los grupos delictivos lo tomaron como una zona fértil para la extorsión y otros delitos.

“El vacío y la impunidad de la anterior administración hicieron que la zona oriente fuera un botín de guerra en la extorsión, y ahí se da un rompimiento entre dos grupos: el Cártel del Pacífico y el Cártel Unión Tepito, que también tiene nexos con el Estado de México con el Cártel Nuevo Imperio”, apuntó.

Sobre la versión que señala a Homero Figueroa, alias La Tripa, como autor del video, Urrutia explicó que “no nos cuadra con la investigación que está llevando la FGR”, aunque reiteró que se trata de una indagatoria en proceso.

Finalmente, el secretario subrayó la importancia de los principios legales: “Debemos tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, se tiene la presunción de inocencia de los posibles aludidos, y toda acción de autoridad debe respetar estos derechos mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

El decomiso se sumó a un amplio cuadro de incautaciones que incluyó 44 millones de pastillas de fentanilo, 4 500 libras de fentanilo en polvo y casi 65 000 libras de metanfetamina, además de más de 201 500 libras de cocaína, según el Departamento de Justicia estadounidense.

El administrador interino de la DEA, Robert Murphy, señaló que estas acciones muestran una estrategia de “golpear a los cárteles donde más duele”, apuntando no solo a drogas y armas, sino también a sus redes financieras, incluyendo activos digitales.

El caso en Miami forma parte de una campaña denominada “Operation Take Back America”, que ha logrado desmantelar laboratorios, redes de distribución y rutas de financiamiento ilícito en Estados Unidos. En ciudades como Georgia, California y Texas también se retiraron grandes cantidades de drogas durante esta ofensiva.

El uso de criptomonedas por parte de los cárteles representa un desafío creciente para las autoridades, pues permite el lavado de dinero a escala global. No obstante, la capacidad de rastreo y congelamiento de estos activos demuestra que las agencias siguen ampliando sus herramientas contra el crimen organizado.

Conclusión: el decomiso de activos digitales marca un hito en la lucha contra la financiación del narcotráfico, evidenciando la sofisticación de las mafias y la respuesta coordinada de las autoridades para mermar sus canales de guerra económica.

Zambada fue detenido en julio en El Paso, Texas, tras ingresar desde México en una avioneta, acompañado por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La operación ha sido cuestionada en México, ya que se realizó sin la participación de fuerzas de seguridad locales y ha sido descrita por la fiscalía mexicana como un posible “secuestro”.

Sheinbaum enfatizó la importancia de que México reciba toda la información sobre este caso, particularmente por las tensiones generadas tras la detención, que desataron enfrentamientos entre grupos del Cártel de Sinaloa. Según la mandataria, Biden mostró disposición para colaborar en el esclarecimiento del caso.

El incidente ha reavivado las discusiones sobre la coordinación binacional en temas de seguridad y las implicaciones de acciones unilaterales en territorio mexicano.

Esta versión de Zambada concuerda con la que presentó oficialmente Ken Salazar, el embajador de EE UU en México, el viernes en la tarde. El diplomático afirmó que Guzmán López se entregó voluntariamente a las autoridades y que El Mayo fue llevado contra su voluntad. Salazar también aseguró que “no se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición”: “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestros agentes en México”. Además, precisó que la aeronave había llegado desde Sinaloa y no desde Sonora, como se dijo en un primer momento.

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, dijo tras las declaraciones del embajador que él estaba fuera de México ese día y no sabía nada del operativo de los dos capos. Este sábado se ha pronunciado en el mismo sentido sobre su presunta participación en la reunión con los narcotraficantes: “No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema, no hay por qué. Los problemas del gobierno los resolvemos en las instituciones, no tenemos complicidad con el crimen. No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto, nada, lo digo de manera tajante, contundente, nada”.

El arresto de El Mayo Zambada ha provocado un terremoto en México. El veterano criminal, de 76 años, no ha pisado la cárcel en cinco décadas. Hacía años que no era visto ni se había difundido ninguna imagen suya. Era una sombra, todavía al mando de uno de los cárteles más poderosos del país, que vivía permanentemente escondido en la sierra de Sinaloa. Esa figura escurridiza fue la que vieron bajar de un avión privado los agentes federales estadounidenses. Tenían al narco de narcos servido en bandeja.

Desde que salió a la luz, el operativo ha estado plagado de preguntas. Especialmente para la Administración mexicana. Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no tuvo nada que ver con el arresto. Ni se le consultó, ni se le avisó, ni participó. Esta falta de colaboración ha abierto grietas en la confianza entre los dos países, para quienes la seguridad se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de su relación bilateral.

En el informe, difundido este jueves, la agencia de control de drogas señala que estos dos cárteles, a los que denomina organizaciones criminales trasnacionales, son los grupos más poderosos y más peligrosos en México. “Están involucrados en el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, sobornos, extorsión y otra serie de crímenes, con un alcance global y mercados en Europa África, Asia y Oceanía”.

De acuerdo con el informe, los cárteles tienen presencia en los 50 estados de Estados Unidos, aunque son más fuertes en los estados fronterizos, como Texas, Arizona, California y Nuevo México. Otro estado donde son fuertes es Florida. Nueva York y Washington DC también aparecen con una presencia importante del narco mexicano.

“Juntos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco han provocado la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos. Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el incesante flujo de fentanilo y metanfetamina ilícitos que cruzan la frontera hacia los mercados estadounidenses”.

El reporte advierte que “la facilidad y el bajo coste de producir estas drogas a gran escala en México las hace muy rentables. La metanfetamina comercializada por los cárteles es más potente y barata que en cualquier otro momento de la última década. Además, los cárteles comercializan deliberadamente fentanilo ilícito en forma de pastillas que imitan los medicamentos de venta con receta; como resultado, muchos estadounidenses compran y consumen medicamentos ilegales que creen que son medicamentos de venta con receta legítimos”.

El informe describe cómo operan los cárteles mexicanos, de los que, dice, han desarrollado redes mundiales de cadenas de suministro”. Dependen, explica, “de empresas químicas y de prensas de pastillas de China para suministrar los precursores químicos y las prensas de pastillas necesarios para fabricar las drogas”.

En México, indica, “operan laboratorios clandestinos, donde fabrican estas drogas, y luego utilizan sus vastas redes de distribución para transportarlas a Estados Unidos. Cuentan con socios en Estados Unidos para distribuir las drogas al por menor en las calles y en las redes sociales”.

Si en el pasado el papel principal de China era como proveedor de precursores, el informe habla de un nuevo rol: “los cárteles utilizan organizaciones chinas para trasladar sus beneficios de Estados Unidos a México. Las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica utilizan cada vez más los sistemas bancarios clandestinos de China como principal mecanismo de blanqueo de capitales”.

El informe habla también de la estructura interna de los cárteles. El de Sinaloa, por ejemplo, no tiene un líder. “En su lugar, el cártel ‘paraguas’ abarca cuatro organizaciones pero que cooperan entre sí”: Los Chapitos, el grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, el de Aureliano “El Guano” Guzmán Loera (hermano de El Chapo) y el grupo de Rafael Quintero.

Este cártel, afirma, fue el “pionero de la amenaza más mortífera a la que se ha enfrentado jamás Estados Unidos”: el fentanilo. Y en este mercado, es dominante.

El principal proveedor de precursores, tanto de fentanilo como de metanfetaminas, es China.

Controla por completo el Puerto de Mazatlán, en Sinaloa, pero también “mantiene contactos logísticos y gubernamentales corruptos en otros puertos marítimos de ambas costas de México”.

Respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la agencia de control de drogas estadounidense lo describe como un “modelo de franquicia”. El cártel está bajo la supervisión de Rubén “El Mencho” Oseguera-Cervantes y un pequeño grupo de comandantes de alto nivel que dependen directamente de él.

Hay un segundo nivel de jefes regionales y de “plaza “5 opera bajo las órdenes de los líderes de alto nivel. Al ser un modelo de franquicia, cada grupo funciona de forma semiindependiente, y se puede expandir rápidamente.

Según la DEA, aunque el CJNG no se equipara al de Sinaloa en cuanto al nivel de producción de fentanilo, de todos modos “ha inundado de fentanilo las calles de Estados Unidos”. Advierte que a menudo, el cártel mezcla fentanilo con heroína, cocaína y xilacina. “El cártel tiene sus propias conexiones con proveedores químicos en China para la producción de fentanilo y xilazina”.

Una parte importante del cártel opera en la frontera con California, “que proporciona acceso al punto de entrada de San Ysidro -el paso fronterizo más transitado del hemisferio occidental- y al punto de entrada de Otay Mesa. El cártel de Sinaloa también organiza envíos de metanfetamina y fentanilo para su cruce en las zonas de Mexicali y Tijuana (Baja California). Según informes de la DEA, Los Chapitos prefieren utilizar el puente de Ysleta-Zaragoza para pasar de Juárez (Chihuahua) a El Paso (Texas)”.

Destaca que el cártel “puede operar libremente en algunas partes de México porque cuenta con una red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el ejército y la política”. Y recuerda el caso del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas.

Opera en al menos 57 países en el mundo. China, además de su proveedor, es destino de tráfico de metanfetaminas, que también suministra a países asiáticos como Tailandia, y a países como Australia y Nueva Zelanda, “donde el coste de la metanfetamina -y, por tanto, el beneficio para el cártel- es mucho mayor que en Estados Unidos”, según el informe.

En Sudamérica, el cártel de Sinaloa intermedia en la introducción en México de cargamentos de miles de kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense, o a Europa, Australia y Nueva Zelanda. “Países de toda América Central y del Sur albergan contingentes permanentes de miembros del cártel de Sinaloa que coordinan los envíos de cocaína o la importación de precursores químicos para su traslado a México”.

África, señala la DEA, es punto de transborde para la cocaína que va a Europa. “A lo largo de los años, la DEA ha informado ocasionalmente de que el cártel de Sinaloa exporta a África su experiencia en laboratorios clandestinos; recientemente, en junio de 2023, la Policía Nacional de Mozambique detuvo a varias personas que estaban construyendo un laboratorio de producción de drogas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos reclutados por el cártel de Sinaloa para tal fin”.

Para atrapar a los sujetos, elementos de seguridad encubiertos se reunieron con Ruperto, quien les dio un kilogramo de cocaína el 14 de septiembre, mientras que dos días después las autoridades obtuvieron otro kilo por parte de Manuel. Asimismo, Ruperto entregó otros tres kilogramos de la sustancia. Cada uno de los tres hombres fue detenido en diferentes ocasiones.

Fueron diversos encuentros en que los sujetos iban proporcionando metanfetamina y fentanilo, por lo que los uniformados siguieron a Manuel Gutiérrez Medina cuando viajaba a California. En total fueron incautados 10 kilogramos de fentanilo, cantidad suficiente para “matar a cinco millones de personas”, según lo detalló Grady Judd, sheriff del condado de Polk.

Ashley Moody, fiscal general de Florida, dijo que la sustancia asegurada estaría ligada con el Cártel de Sinaloa: “El anuncio de hoy involucra a ‘individuos aterradores’ que no solo operaban con empresa criminales en los Estados Unidos, sino que tienen como origen México y el Cártel de Sinaloa”. Además, enfatizó que con los 10 kilogramos de fentanilo se podría matar a cada niño en Florida.

El valor de las sustancias aseguradas ronda los 2.5 millones de dólares, mientras que las tres personas aseguradas fueron acusadas de tráfico de fentanilo. Sobre Ruperto Rocha se detalló que cuenta con un historial criminal que incluye violencia armada y tráfico de personas.

“Noticias aterradoras este Halloween: @PolkCoSheriff y @fdlepio. Se incautó suficiente fentanilo para matar a todos los niños en Florida, mientras que los niños menores de 14 años son el grupo de edad de más rápido crecimiento que muere por envenenamiento con fentanilo”, escribió en sus redes sociales Ashley Moody.

En conferencia de prensa participaron el fiscal Estatal del Décimo Circuito Judicial Brian Haas, la fiscal Estatal del 13° Circuito Judicial Susan S. López y el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass.