El uso del pago en línea ha sido uno de los factores clave en este aumento, ya que aproximadamente el 15 por ciento de los contribuyentes han optado por esta modalidad. Martínez destacó que la respuesta de los ciudadanos ha sido superior a lo anticipado, lo que refleja un cambio positivo en la cultura de pago y la disposición para adoptar nuevas tecnologías.

Sin embargo, aún persisten retos significativos. Un 20 por ciento de los propietarios no ha cumplido con el pago de su refrendo, y algunos adeudos superan los 100 mil pesos. A pesar de los esfuerzos, como la firma de tres convenios de pago en lo que va del año, las autoridades han decidido suspender temporalmente estos acuerdos hasta que termine el periodo de descuentos en marzo.

A partir de abril, el municipio reactivará las gestiones para regularizar a los contribuyentes morosos, con nuevos esquemas de pago y un enfoque más accesible para aquellos que aún no se han puesto al corriente. Martínez subrayó que el objetivo no es solo mejorar la recaudación, sino también ofrecer alternativas que no afecten la economía de los ciudadanos.

“Recordemos que El predial es una de las principales fuentes de ingresos municipales y su correcta recaudación permite mejorar los servicios públicos en Soledad”, señaló la funcionaria.

Los ciudadanos acusan que Huerta Sifuentes favorece con descuentos en el pago de contribuciones a personas de su conveniencia, como amigos, conocidos y familiares, mientras que a otras personas en situación vulnerable les exige el pago completo.

Entre los señalamientos, destacan casos en los que presuntamente ha condonado hasta seis años de pagos a ciertos contribuyentes, mientras que a otros únicamente les rebaja cinco años. Una ciudadana afectada relató que no recibió ningún descuento debido a la falta de un recibo, a pesar de que su historial de pagos no aparecía en el sistema.

Ante estos hechos, la población exige a la alcaldesa, la maestra Isis Díaz, que tome cartas en el asunto y evalúe la permanencia de Huerta Sifuentes en el cargo, pues consideran que sus acciones han generado inconformidad y desconfianza en la administración municipal.

Los comuneros Antonio Rivera y José Hernández, señalaron que el titular de la dirección de catastro municipal, Atilano Albineda Rincón, escritura terrenos y los empadrona, a pesar de que son terrenos comunales y la ley lo prohíbe.

Indicaron que han demostrado a través de juicios agrarios que hay resoluciones del tribunal agrario que les favorecen y protegen estos terrenos como propiedad comunal.

Los quejosos señalan que hay resoluciones de juzgados federales que han sido ejecutadas e inscritas en el Registro Agrario Nacional, pero son ignoradas por las autoridades municipales, como si esas resoluciones no existieran.

Señalan como ejemplo, que un predio ubicado en la colonia Guadalupana, la dirección de obras públicas, a través de Albineda Rincón, ha ejercido hostilidad contra los comuneros al detener la construcción de sus viviendas, señaló José Hernández.

Los comuneros afirman que hay diversas prácticas fraudulentas de varios abogados y notarios públicos, en contubernio con el municipio, quienes empadronan y escrituran de forma ilegal diversos terrenos para venderlos, siendo esta una práctica recurrente de las autoridades municipales.

La comunidad de este municipio está integrada por más de mil comuneros, ellos aseguran haber emprendido acciones jurídicas ante el tribunal agrario y recurrirán ante un juez federal para hacer valer sus derechos.