En una breve conferencia de prensa, el fiscal estatal, Irving Barrios, informó que tras el hallazgo se detuvieron nueve personas que estarían relacionadas con la desaparición y muerte de los músicos.

El funcionario detalló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, se pudo establecer que los integrantes de la agrupación fueron privados de la libertad alrededor de las 22:00 hora local del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban en una camioneta a un evento privado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para que el que habían sido contratados.

Según el fiscal, los sistemas de videovigilancia, así como las técnicas y análisis de la telefonía, permitieron establecer que posteriormente a la privación de la libertad fueron trasladados a un predio cercano.

“Y al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desproporcionadamente fueron privados de la vida”, abundó Barrios.

Tras ello, las autoridades realizaron un operativo en el que lograron la detención de nueve individuos que serían los presuntos responsables del crimen y quienes, de acuerdo con las investigaciones, son parte del Cartel del Golfo, facción Los Metros, que opera en la ciudad de Reynosa.

“Asimismo, se aseguraron nueve armas de fuego y dos vehículos. Como se ha mencionado, el lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo”, precisó el fiscal, quien aseguró que no habrá impunidad.

El martes, colectivos y familiares habían denunciado la desaparición de los músicos identificados como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solis de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

En sus últimas publicaciones, horas antes de su desaparición, el Grupo Fugitivo compartió en sus redes sociales un video donde interpretan la melodía ‘Humilde de Abolengo’ y publicaron una fotografía en la frontera con Texas, donde expresaban su esperanza de trabajar algún día en los Estados Unidos.

Los crímenes ocurren en medio de una ola de violencia que vive el país, pese a que el Gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24,9 % en los primeros siete meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Según la DEA, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas y han encontrado en el robo y contrabando de hidrocarburos una fuente rentable de financiamiento. “El contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual los cárteles financian sus redes”, se indica en el reporte.

El informe detalla que estos grupos acceden al crudo mediante tomas clandestinas, secuestro de camiones cisterna, sobornos a empleados de Pemex y uso de amenazas, logrando así apropiarse del hidrocarburo que posteriormente comercializan de manera ilícita tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica.

El método más común para evadir la detección, según el reporte del Departamento del Tesoro estadounidense, consiste en etiquetar erróneamente el crudo como aceite usado o material peligroso, con el objetivo de evitar impuestos y regulaciones aduaneras. Una vez cruzada la frontera, el petróleo es entregado a importadores cómplices de la industria energética que lo venden en el mercado estadounidense a precios reducidos.

“La operación permite a los importadores obtener más de cinco millones de dólares por cada envío en buques cisterna, cuyos beneficios ilícitos son repatriados a México para financiar las actividades delictivas de los cárteles”, señala la DEA.

En respuesta, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de medidas para contener el fenómeno. En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas vinculadas al CJNG por su participación en el contrabando de combustible. Este mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso nuevas sanciones a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades por su involucramiento en una red de tráfico de drogas y robo de combustible relacionada con el mismo grupo criminal.

Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) emitió una alerta a bancos estadounidenses sobre transacciones sospechosas vinculadas al contrabando de petróleo en la frontera suroeste del país. La alerta sugiere que los bancos deben prestar especial atención a operaciones relacionadas con combustibles que podrían estar conectadas con organizaciones criminales transnacionales.

Luis Miguel Labardini, analista en temas energéticos, explicó que esta problemática comprende tres delitos diferenciados: el robo de combustible para venta interna; el robo de crudo para exportación, evadiendo controles aduanales al registrarlo como residuo; y el denominado «huachicol fiscal», que implica la importación irregular de combustibles disfrazados como lubricantes para eludir el pago de impuestos.

“México pierde decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, mientras que las empresas energéticas estadounidenses también sufren pérdidas millonarias por la reducción en las importaciones y exportaciones legales de hidrocarburos”, advierte la DEA.

La agencia estadounidense también responsabiliza parcialmente a la petrolera estatal Pemex, la cual, según indica el informe, se ha visto vulnerada en sus procesos internos debido a la colusión de empleados con grupos delictivos. Hasta el cierre de esta edición, Pemex no ha emitido una respuesta oficial ante los señalamientos.El reporte subraya que el débil Estado de Derecho en algunas regiones de México ha favorecido la expansión de estas actividades delictivas, lo cual permite a los grupos criminales consolidar su presencia territorial, incrementar su capacidad operativa y diversificar sus rutas de financiamiento con cada vez menos obstáculos legales.

El narcotraficante de 63 años fue extraditado en 2017 tras ser capturado en Reynosa en 2013. Enfrentaba cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, pero nunca recibió sentencia. También testificó en el juicio de “El Menchito”.

Ramírez Treviño fue señalado por operar junto a Los Zetas y figuró en la lista de la OFAC en 2010. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

El aviso fue dado a conocer por el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros el 23 de marzo, con la finalidad de advertir a su personal y a la comunidad estadounidense sobre posibles retrasos en los cruces fronterizos hacia Brownsville, Texas. Se espera un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en los puentes internacionales, incluido el Puente Internacional Gateway (Puente Nuevo).

En el comunicado, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos:

• Postergar cualquier viaje no esencial
• Considerar que los cruces fronterizos pueden tardar más de lo habitual.
• Mantenerse informados a través de fuentes de noticias locales.
• Ser precavidos y vigilar su entorno en todo momento.
• Comunicar su ubicación y estado a familiares y amigos.
• La alerta de Nivel 4, que es la más alta en la escala del Departamento de Estado, indica que no es seguro viajar a Matamoros debido a la incidencia de delitos como homicidios, robos con violencia, desapariciones, extorsiones y enfrentamientos armados. Además, en zonas como Nuevo Laredo y Reynosa, grupos armados patrullan con impunidad, y en ciudades como Tampico, Ciudad Madero y Altamira la capacidad de respuesta de las autoridades es limitada.

En México, además de Tamaulipas, los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas también cuentan con una alerta de viaje de Nivel 4 por la actividad del crimen organizado. Por otra parte, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora están en Nivel 3, lo que implica una advertencia para reconsiderar cualquier visita.