La Presidenta Concejal, Teresa Rivera Acevedo, señaló que la capacitación permitió reforzar los conocimientos institucionales en materia de acceso a la información y obligaciones de transparencia, así como actualizar los procesos orientados a garantizar el derecho ciudadano a conocer el manejo de los recursos públicos.

El presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, destacó la importancia de que los municipios incorporen mecanismos de transparencia de manera sistemática, al considerar que estos procesos contribuyen a facilitar el acceso a la información y fortalecer la claridad en la gestión administrativa.

Con esta certificación, Villa de Pozos formaliza su participación en los esquemas estatales de capacitación en transparencia y rendición de cuentas, integrándose a un modelo de trabajo que promueve la disponibilidad de información pública y la vigilancia ciudadana sobre el quehacer institucional.

La iniciativa incluye crear un organismo desconcentrado que asegure el acceso a la información pública. Actualmente, la Comisión de Transparencia del Congreso revisa la propuesta, mientras que la Comisión de Puntos Constitucionales prepara las reformas legales necesarias. Además, existen iniciativas similares del Partido Verde y del PRI, y se trabaja en unificarlas para lograr un acuerdo.

La propuesta garantiza los derechos laborales de los empleados de la CEGAIP, evaluando su situación contractual, el número de trabajadores y la gestión de los recursos materiales. En los próximos meses, el Congreso definirá los detalles administrativos, presupuestales y legales para asegurar una transición efectiva y ordenada.

Advirtió que, de aprobarse la nueva ley en materia de acceso a la información y protección de datos, muchas de sus funciones podrían concentrarse en 18 dependencias federales, lo que implicaría un retorno al centralismo y un cambio profundo en el modelo vigente desde hace más de dos décadas.

El catedrático recordó que la lucha por el derecho a la información no es reciente: fue impulsada por intelectuales y periodistas desde el año 2000, cuando el llamado Grupo Oaxaca promovió la creación de la primera Ley de Transparencia y el nacimiento del INAI, organismo que recientemente fue desaparecido.

Para García Alvarado, es necesario esperar a que se apruebe y publique la nueva legislación federal antes de hacer cambios locales. Además, advirtió que la efectividad del nuevo modelo deberá evaluarse en su capacidad para garantizar el acceso a información pública y proteger datos personales, elementos clave para la seguridad y la participación ciudadana.

Finalmente, subrayó que profesionales de distintas disciplinas —desde el Derecho hasta el Periodismo— estarán involucrados en este proceso de transición, y que deberán mantenerse vigilantes para evitar retrocesos en materia de transparencia.

El comisionado Leobardo Aguilar Orihuela señaló que esta estrategia refleja la intención del gobierno estatal de fortalecer la capacidad operativa de la CEBP. “Estos referentes positivos coinciden con la estrategia del Gobierno del Estado para mejorar las condiciones presupuestales de la CEBP, lo que contribuye en la mejora de su capacidad de respuesta y garantiza la continuidad de sus acciones de búsqueda, ya que actualmente la Comisión cuenta con profesionales especializados”, destacó.

Aguilar también mencionó que la CEBP ha mejorado su desempeño en los últimos tres años, gracias a la ampliación de su equipo y la especialización de su personal. Además, subrayó el cumplimiento de transparencia en la respuesta a solicitudes de información, avalado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), que resolvió a favor de la CEBP ante una inconformidad presentada por un ciudadano.

En la instalación, se designó a Juan Alberto Solís Mora como presidente del Comité de Transparencia, quien asumió el compromiso de liderar este importante esfuerzo, que marca un hito en la historia del municipio, ya que por primera vez, los habitantes de Villa de Pozos contarán con un gobierno abierto y accesible, donde la transparencia será un pilar fundamental.

La presidenta concejal, Teresa Rivera Acevedo, enfatizó que este es un paso firme hacia la construcción de un gobierno más justo y cercano a la ciudadanía, y reiteró el compromiso de su administración con la apertura de información y la constante mejora en la gestión pública.

El comisionado presidente de la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública), José Gerardo Navarro Alviso, estuvo presente como testigo en la instalación del comité y destacó el compromiso de este gobierno por transparentar en el ejercicio público. Su asistencia subraya la importancia de este acto y el respaldo que la institución estatal brinda a los esfuerzos locales para garantizar un gobierno más transparente.

Navarro Alviso explicó que, tras la aprobación de la reforma constitucional por parte de la mayoría de las legislaturas locales, se activará un plazo de hasta 180 días para ajustar la legislación local. La reforma al artículo 116 de la Constitución establece que los estados definirán la competencia en materia de transparencia y protección de datos personales. Además, delega a los órganos de control interno de los sujetos obligados la resolución de solicitudes relacionadas con estas materias, lo que ha generado preocupaciones sobre el riesgo de que estos órganos actúen como juez y parte.

La reforma también ofrece a los estados la posibilidad de crear nuevos órganos especializados para garantizar la transparencia. En este contexto, Navarro Alviso sugirió que San Luis Potosí podría establecer un Instituto de Transparencia que funcione de manera independiente, siguiendo los lineamientos establecidos por la reforma.

“Este cambio es una oportunidad para construir un modelo más eficiente y especializado en transparencia. Si la legislación local lo permite, podría surgir un organismo que represente un avance significativo respecto a lo que hace actualmente la CEGAIP”, mencionó Navarro Alviso.

El Congreso del Estado tendrá un plazo de 90 días, una vez que entre en vigor la Ley Reglamentaria, para implementar los cambios necesarios. Durante este tiempo, se espera la colaboración con diversos sectores para analizar la viabilidad de un modelo que integre a los 59 municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos.

Mientras tanto, la CEGAIP continuará operando hasta que el Congreso local determine la fecha de su desaparición. Según Navarro Alviso, existe voluntad política tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo para aprovechar esta transición como una oportunidad de fortalecer la transparencia en el estado y establecer un modelo que podría servir de referencia a nivel nacional.

Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el proceso de rediseño institucional tendrá consecuencias económicas y administrativas, por lo que se consultará al Ejecutivo estatal y a la misma CEGAIP para determinar la mejor forma de reestructurar el sistema de transparencia.

De acuerdo con Arreola, lo más probable es que las funciones de transparencia sean absorbidas por Secretarías ya existentes, como la Secretaría General de Gobierno o la Contraloría General del Estado, para evitar la creación de un nuevo organismo.

El proceso también estará condicionado a las leyes secundarias que se emitan, las cuales guiarán las modificaciones a nivel local y las adecuaciones necesarias dentro del Poder Ejecutivo.

Serrano Cortés señaló que la posible desaparición de estos organismos debe analizarse considerando cómo se suplirán las funciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado también destacó que, aunque algunos legisladores de oposición han presentado propuestas alternativas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual Serrano es coordinador, decidirá su postura después de evaluar las propuestas integrales y las contrapropuestas de otros grupos parlamentarios. La discusión se perfila como uno de los temas clave en las próximas sesiones del Congreso local.

Según la denuncia, Menchaca utilizó una tarjeta empresarial de la CEGAIP para cubrir gastos personales en restaurantes exclusivos, bares, viajes de lujo e incluso vinaterías, lo que habría causado un daño al erario público estimado en más de 220 mil pesos.

De ese monto, aproximadamente 126 mil pesos corresponden a consumos relacionados con dichos lujos. Además, al finalizar su gestión, el excomisionado habría aprobado para sí mismo una liquidación de 96 mil 879 pesos, también pagada con recursos de la institución.

Organizaciones civiles exigen una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones. En caso de confirmarse, solicitan que Menchaca enfrente las sanciones correspondientes por abuso de funciones, daño al erario público y el incumplimiento de sus responsabilidades al frente de la CEGAIP.

El exfuncionario habría utilizado estos fondos públicos para cubrir, entre otros, viajes internacionales y compras en vinaterías. Los gastos personales suman casi 126 mil pesos, además de una «liquidación» autorizada por él mismo por un monto de 96 mil 879 pesos al término de su mandato.

Organizaciones civiles han exigido una investigación exhaustiva para verificar las acusaciones y, en caso de ser ciertas, que se le sancione de acuerdo con la ley, no solo por el daño al erario público, sino también por la omisión de sus responsabilidades al frente de la CEGAIP.