Estos recorridos forman parte de los operativos que se realizan en plazas comerciales de la ciudad, con el objetivo de garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente, asegurando así espacios seguros y ordenados para la ciudadanía.

La Dirección de Comercio refrenda su compromiso de seguir trabajando por un San Luis más ordenado y con comercio regularizado, invitando a los propietarios y responsables de negocios a acercarse al Ayuntamiento para obtener o actualizar sus permisos.

A diferencia de la administración anterior, que promovió programas para evitar el uso de neumáticos como combustible, la actual gestión ha intensificado inspecciones las 24 horas del día, permitiendo detectar y sancionar a quienes incumplen la normatividad ambiental.

Además de estas clausuras, la Dirección de Ecología ha buscado alternativas para el manejo de neumáticos, trabajando con empresas especializadas en reciclaje. Iniciativas como el programa de recolección de residuos de Toyota en América Latina han sido consideradas dentro de estos esfuerzos para reducir la contaminación y reutilizar materiales en el municipio.

Las inspecciones continuarán, al igual que las acciones para fortalecer alianzas que garanticen el correcto manejo de los desechos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y la salud de la población potosina.

El operativo se llevó a cabo este miércoles con la participación de diversas áreas del Ayuntamiento, que detectaron múltiples irregularidades. La Dirección de Comercio impuso la clausura por la falta de Licencia de Funcionamiento y por realizar actividades en la vía pública. Protección Civil determinó la suspensión de actividades al comprobarse la ausencia de medidas de seguridad, tanto documentales como físicas.

Asimismo, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos aplicó sanciones por la omisión de permisos para la recolección de desechos y la falta de limpieza en el área. Durante el procedimiento, la Policía Vial retiró vehículos y contenedores que obstruían la vía pública, además de un automóvil que bloqueaba el paso peatonal.

El director de Comercio, Ángel de la Vega, precisó que las revisiones se han enfocado en la regulación comercial dentro de la ciudad, exigiendo que los negocios cuenten con los permisos de Protección Civil, Ecología y Desarrollo Urbano. Los comercios que logren regularizarse deberán refrendar sus permisos antes de marzo para seguir operando en 2025.

Mientras las inspecciones continúan, el debate sobre la importación y venta de mercancía asiática sin control persiste. Aunque el Ayuntamiento ha endurecido su supervisión, la legalidad de los productos sigue siendo un tema que requiere la intervención de autoridades federales.

La titular de la Dirección de Ecología Municipal, Yazmín Johana Luna Barrios, informó que las inspecciones han permitido detectar irregularidades en las rutas de recolección y la disposición final de residuos. Para prevenir estas prácticas, se estableció un monitoreo constante de los recolectores de basura, verificando que operen con los permisos correspondientes y respeten las rutas autorizadas.

Luna Barrios explicó que los recolectores que incumplen la normativa reciben plazos para corregir sus faltas, pero en caso de reincidencia, se aplican sanciones como multas o la revocación de permisos. Además, se realizan visitas domiciliarias para evitar que los desechos terminen en tiraderos ilegales.

Durante el operativo, se clausuró un tiradero a cielo abierto en prolongación Melchor Ocampo. Este predio, a cargo de Pablo Álvarez García, contenía desechos acumulados de administraciones pasadas. La propiedad será sometida a un proceso de remediación ambiental bajo la supervisión de las autoridades.

“Este sitio ya no opera como tiradero activo, pero es necesario remediar el daño ambiental. Le hemos dado al propietario un plazo razonable para realizar las acciones necesarias, y estaremos vigilando el cumplimiento de estos compromisos”, declaró Luna Barrios.

En respuesta a las quejas de habitantes de la colonia Terremoto, se investigó un predio utilizado de forma irregular por recolectores no registrados en el padrón municipal. La autoridad reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y garantizar que los responsables de estas prácticas enfrenten las sanciones correspondientes.

Luna Barrios subrayó que los tiraderos clandestinos representan un grave problema ambiental y reafirmó el compromiso de la administración municipal por combatirlos. “La vigilancia en rutas de recolección es clave para evitar que los recolectores desvíen los residuos hacia sitios irregulares. Este es un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanos para proteger el medio ambiente y garantizar una gestión adecuada de los desechos”, concluyó.

El Mandatario Estatal, destacó la importancia de que la Entidad continúe avanzando en su ruta de transformación económica y de la vida de las y los potosinos, y enfatizó que debe suceder sin olvidarse del San Luis Potosí que se les dejará a las futuras generaciones, por lo que es fundamental establecer acciones que representen un beneficio real, garantizando un legado armónico y sustentable.

Hizo un reconocimiento al esfuerzo colectivo de empresarios, autoridades Estatales, Federales y locales, a quienes les une el interés de construir nuevas formas de producción sustentable de electricidad que aminoren el impacto ambiental y promuevan energías renovables, tras resaltar que San Luis Potosí seguirá sumándose a las estrategias planteadas por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, para hacer una transición hacía fuentes de energía más limpias, paralelo a los desafíos energéticos que enfrenta la nación.

Por su parte, los alcaldes de McAllen, Texas y Mission, Texas, Javier Villalobos y Norie González reconocieron la labor de la Administración Estatal que encabeza Ricardo Gallardo, quien ha mostrado su total apertura para coordinar proyectos de movilidad con la nación vecina, que beneficien a las y los potosinos y a quienes habitan en Estados Unidos, en el aspecto económico para la exportación de productos y en la reducción de traslados.

Además de estas clausuras, la Conagua ha implementado operativos de inspección y vigilancia en diferentes zonas, incluyendo la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, así como la comunidad de Peotillos en Villa Hidalgo. Estos operativos buscan prevenir y detectar la extracción ilegal de agua, y han derivado en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso de Peotillos ha generado atención, incluso con protestas de habitantes debido a la persistencia de la problemática.

La sequía extrema que afectó al estado este año también motivó acciones específicas por parte de la Conagua. Se implementaron operativos de vigilancia en las cuencas de los ríos Valles y Gallinas, donde se aplicó un programa de tandeo para gestionar el recurso hídrico de manera más eficiente. En la cuenca del Río Gallinas, además, se realizó un operativo para inspeccionar y vigilar las zonas federales, con el objetivo de regularizar su ocupación y uso.

Más allá de las acciones de control y vigilancia, la Conagua también ha invertido en la mejora de la infraestructura hídrica del estado. Se destinaron más de 6 millones de pesos a la rehabilitación y modernización de los equipos de bombeo en la planta El Porvenir, ubicada en el municipio de Tamuín y perteneciente al Distrito de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Pujal-Coy 1. Esta inversión busca optimizar el funcionamiento de la planta y asegurar un mejor aprovechamiento del agua para riego.

En el ámbito de agua potable, drenaje y saneamiento, se ejecutaron obras con una inversión federal significativa, alcanzando los 54 millones 989 mil pesos. Estas obras se desarrollaron tanto en localidades rurales como urbanas, buscando mejorar el acceso a estos servicios básicos para la población. En resumen, la Conagua ha desplegado un conjunto de acciones que buscan una gestión eficaz, ordenada y sustentable del agua en San Luis Potosí, abordando tanto la problemática de la extracción ilegal como la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar el acceso al agua potable y saneamiento.

Joel Félix Díaz, director local de CONAGUA en San Luis Potosí, explicó que, como parte de las acciones para proteger el derecho humano al agua, se han intensificado las inspecciones y medidas de vigilancia en el acuífero de San Luis Potosí, que se encuentra en veda desde 1961. Como resultado, en noviembre se clausuraron otros tres aprovechamientos de agua en la zona metropolitana por carecer de los permisos necesarios o por un manejo no autorizado.

Félix Díaz exhortó a los usuarios de aguas nacionales a respetar las condiciones de sus concesiones para evitar sanciones, reiterando el compromiso de la CONAGUA de garantizar la protección de los acuíferos y el manejo responsable del recurso hídrico en el estado.

La Dirección de Comercio fue la encargada de ejecutar la clausura, luego de que la situación dentro del club escalara en un altercado violento. El alcalde señaló que durante el mismo fin de semana se llevaron a cabo 15 clausuras adicionales en fiestas clandestinas, donde se encontraron menores de edad y personas bajo el influjo de sustancias.

Galindo Ceballos explicó que estos eventos suelen promocionarse en redes sociales como reuniones privadas, pero en realidad operan como eventos públicos sin permisos, con cobro de entrada y venta de productos, lo cual los hace clandestinos y sujetos a sanción.

Estos comercios, que ofrecían productos importados a bajo costo, no contaban con los dictámenes técnicos exigidos para su funcionamiento. Antes de abrir un negocio en la ciudad, es obligatorio tramitar y obtener permisos de diversas áreas, como Protección Civil, Ecología, Seguridad Pública y, dependiendo del giro, autorización de los Bomberos. Estos procedimientos garantizan que el establecimiento cumpla con los requisitos de seguridad y normativas ambientales.

A pesar de que los permisos estaban en proceso, los propietarios decidieron iniciar operaciones sin esperar la aprobación oficial, lo que ocasionó el cierre inmediato por parte de los inspectores municipales. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones busca asegurar que todos los negocios operen bajo las normativas vigentes y sirva de ejemplo para otros comerciantes que intenten abrir sin la documentación completa.