La propuesta incorpora situaciones como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento, pobreza extrema, riesgos graves para la salud de la persona gestante y malformaciones fetales severas. Según las activistas, estas condiciones no están cubiertas en la legislación actual, dejando a muchas mujeres en una situación de desamparo jurídico.

Además, las promoventes solicitan eliminar la obligatoriedad de la denuncia previa en casos de violencia sexual para acceder al aborto. Explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que basta con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad, criterio que consideran necesario adoptar en el estado.

Otra de las demandas incluye garantizar el acceso al servicio de aborto incluso frente a la objeción de conciencia del personal médico. Las activistas enfatizan que el Estado debe asegurar que las solicitudes de este procedimiento se atiendan sin obstáculos, ya que consideran que la objeción no debe convertirse en una barrera.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las colectivas también planean presentar otra iniciativa para sancionar la negativa injustificada de servicios de aborto, considerándola como un acto de violencia reproductiva. Paralelamente, trabajan en una propuesta para reformar la Ley de Educación e incluir temas de derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudio.

La intención, señalaron, es que niñas y adolescentes cuenten con información desde temprana edad para prevenir embarazos no deseados y detectar posibles abusos, problemáticas que consideran urgentes de atender en la entidad. Las promoventes esperan que estas reformas contribuyan a garantizar derechos fundamentales y a reducir las barreras legales que enfrentan las personas gestantes en San Luis Potosí.

Entre los principales proyectos en revisión se encuentran las reformas al Código Penal y al Código Familiar, los cuales han recibido aportaciones del Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Estas contribuciones buscan garantizar que los dictámenes resultantes sean robustos y estén alineados con los objetivos originales de las propuestas legislativas.

Según Segovia Colunga, en la última reunión de la Comisión se logró avanzar con la aprobación de aproximadamente ocho dictámenes. No obstante, destacó que el principal retraso se concentra precisamente en la etapa de recopilación y análisis de las opiniones técnicas, las cuales deben ser revisadas cuidadosamente antes de proceder con la aprobación final.

“Para los próximos meses de julio y agosto, tenemos la meta de abordar la mayoría de los pendientes legislativos”, afirmó la diputada. “Estamos comprometidos a asegurar que cada iniciativa sea debidamente evaluada y presentada al Pleno del Congreso para su votación durante los periodos extraordinarios”.

Asimismo, Segovia Colunga subrayó la importancia de avanzar en el análisis de todas las iniciativas en agenda para evitar dejar asuntos pendientes al concluir la Legislatura. Se anticipa que en la próxima sesión de la Comisión de Justicia se presentará un informe detallado sobre el avance en la atención de los asuntos internos y la presentación de nuevos dictámenes al Pleno del Congreso del Estado.