Fue el pasado 19 de febrero que la empresa internacional, Veolia, anunció que dejaría la concesión con el Gobierno del Estado de la planta tratadora de aguas residuales en Tanque Tenorio, la más importante de la Zona Metropolitana, por lo que esta decisión encendió las alertas sanitarias por lo que ocurriría con las aguas negras que llegan ahí, así como la energía eléctrica que esta planta suministraba a la Zona Industrial.

Ante esto, la CEA afirmó que se encargaría de la administración de la planta, sin embargo, el tiempo pasó y los menesteres que necesita una planta como esta superaron por mucho a la capacidad de la dependencia estatal para manejarla, trayendo como consecuencia el desbordamiento de estas aguas contaminadas a cielo abierto.

Es en los alrededores de las instalaciones de la planta que se ha reportado el brote de aguas residuales, tantas que ya se registran nauseabundos encharcamientos. Sin embargo, el problema no acaba ahí, pues en otras colonias como Los Molinos y Las Mercedes, vecinos denuncian el brote de aguas negras que. Afirman que el olor ya es insoportable y temen que pronto afecte la salud de los vecinos y niños que residen en la zona.

Esto ha encendido todas las alertas sanitarias en la zona, pues a un lado de los encharcamientos se encuentran viviendas y escuelas, incrementando el peligro para los niños. Vecinos de estas colonias exigen a la Comisión Estatal del Agua que atienda esta situación, pues temen que la incompetencia de la dependencia derive en plagas o incluso en muertes.

Tras la conclusión del contrato, la CEA emprendió una auditoría a la Planta Tenorio para conocer el estado de la tratadora y sus necesidades, por lo que una vez concluida, se determinará si nuevamente se concesiona a otra empresa, conforme a las opciones contempladas en la Ley.

“En 18 años que duró el contrato, la CEA pagó a la empresa más de 2 mil millones de pesos tan solo de la tarifa de inversión, por lo que se supera el financiamiento inicial de 653 millones de pesos en 2006”, declaró Benjamín Pérez Álvarez, director general del organismo, quien agregó que, el convenio, firmado en el sexenio de Marcelo de los Santos, perjudicaba las finanzas estatales, ya que el Gobierno del Estado era “deudor solidario”, es decir, que si no se cubría el pago de la tarifa de inversión, la empresa podía embargar la línea de crédito e incluso las participaciones federales.

Detalló que, el contrato de prestación de servicios fue modificado en varias ocasiones, la última en 2019, con Juan Manuel Carreras como Gobernador y Jesús Alfonso Medina Salazar como titular de la CEA y que mensualmente se pagaba a la empresa concesionaria 35 millones de pesos, dividido en tres tarifas: T1 inversión, T2 operación y mantenimiento y T3 consumo, que debería ser pagado por el Interapas, ya que es quien cobra el saneamiento vía el recibo; sin embargo, el recurso no se dispersa desde 2018.

El director general de la CEA, Benjamín Pérez Álvarez, dijo que de acuerdo con la política social y de apoyo a las familias que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se votó en contra de dicha propuesta de incremento, «porque no hay condiciones para avalar el incremento a la tarifa, ya que no se garantiza el vital líquido en los hogares de la zona metropolitana».

Lamentó que actualmente haya miles de potosinas y potosinos que carecen de agua potable, sobre todo en colonias populares del norte de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, zonas que no son afectadas por el desabasto de las presas San José y El Realito.

Finalmente, Pérez Álvarez dijo que primero deberá garantizarse el acceso al agua potable para todas y todos los potosinos, resolver los grandes problemas del Interapas antes de pensar en un incremento que a todas luces es ventajista, pecuniario y con fines recaudadores.